Aumenta la presión sobre Sánchez para que eche a Ábalos del PSOE

La presión aumenta sobre el exministro José Luis Ábalos tras destaparse el caso Koldo de venta de mascarillas con comisiones ilegales en plena pandemia. Y esa presión le llega también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para quien todo este caso se está convirtiendo en una patata caliente. El premier socialista se enfrenta a un asunto gordo, de envergadura, en el que ya se habla de organización criminal.

Si el viernes era la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien mostraba la puerta de salida al extitular de Transportes (elocuente su “yo sé lo que yo haría, no os puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer”), en las últimas horas más voces internas del PSOE y del propio Gobierno se han sumado a la petición de mano dura, caiga quien caiga, para depurar responsabilidades políticas en este caso de corrupción.

Mientras tanto, desde el sector de Sumar también muestran su malestar por la bomba que ha estallado en el Consejo de Ministros, exigiendo a Sánchez que llegue hasta el fondo del asunto cuanto antes, incluso defenestrando a Ábalos si es preciso. Así, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado al PSOE a dar una respuesta que sea “rápida, ejemplar y tajante” respecto al caso de presuntas mordidas. Esa declaración no puede interpretarse más que en un sentido: según Sumar, todo lo que no sea la dimisión de Ábalos, con entrega de su acta de diputado, será tapar el escabroso affaire.

Está claro que a medida que pasan las horas la bola de nieve se hace cada vez más grande, amenazando a Moncloa. En un primer momento Montero fue prudente al asegurar que “la investigación judicial está en curso”, pero también mostró su “repugnancia” y “repulsa” ante cualquier aprovechamiento económico que se haya producido durante una época tan difícil como la pandemia. “Estuvimos en el borde y que la gente se aproveche me genera repugnancia y repulsa”, dijo la ministra. Hay indignación en el PSOE, y mucha, y también miedo a que el primer gran caso de corrupción que afecta al Gobierno sanchista pueda terminar dándole la puntilla al gabinete de coalición, muy tocado estos días por la polémica de la amnistía y las tractoradas de miles de agricultores que han colapsado las carreteras del país.

Pero si la presión le llega a Sánchez desde dentro mismo de su equipo de gobierno, también se suceden las manifestaciones externas de otros líderes de partidos de izquierdas que, en calidad de socios de legislatura, sostienen hasta ahora al actual Ejecutivo. “Eso es infame lo haga quien lo haga y tenga el carnet que tenga”, manifestó Íñigo Errejón, líder de Más Madrid, que recordó el presunto cobro de comisiones del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cambio de adjudicaciones de contratos durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. En aquel caso la Justicia española archivó la investigación. En el caso del asesor de Ábalos, Koldo García, parece que las pesquisas van a llegar hasta el final.

La querella a la Audiencia Nacional de la Fiscalía Anticorrupción contra el exasesor de José Luis Ábalos recoge una conversación en la que reconoce que sabe que le estaban investigando antes de su detención. “No te preocupes, lo sé todo”, dice en una conversación del 3 de febrero con otro de los investigados, un audio que recoge el juez Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante el covid-19.

Koldo García se comportaba como una especie de dios intocable. Sin duda, se sentía amparado y tutelado por Ábalos, que ahora muestra su consternación al saber que su más estrecho colaborador le ha “salido rana”. Este jueves, se puso a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de covid, cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Después, se acordó la puesta en libertad de Koldo García; de su hermano Joseba García; del presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama; y del empresario vasco Íñigo Rotaeche, según informa La Sexta.   

El Ministerio Público detalla que el primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo García. El segundo fue adjudicado por un ente dependiente de su Ministerio-ADIF, “donde asesoraba al titular” del mismo. “Los contratos posteriores se adjudican por el Ministerio del interior a consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes”, añade. “Dentro del total de los 13 contratos denunciados, tres de ellos se referían a las adjudicaciones de suministro de material sanitario relacionados con la covid 19, realizadas a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL”, recoge el auto del juez.

En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, un expediente adjudicado por Adif en esa misma fecha por 12,5 millones de euros, y un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros. Pero, además, la empresa también se adjudicó contratos con el Servicio Canario de Salud –cuatro, con un valor total de cerca de 12,3 millones de euros– con el de las Islas Baleares –uno, por 3,7 millones de euros– y con la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Se cree que el montante de los contratos podrían superar los 50 millones de euros.