Los clientes de Banco Santander en la España vaciada tienen un grave problema: están expuestos a sufrir estafas por parte de los agentes externos que se quedaron con la administración de las oficinas tras el cierre masivo de sucursales en los distintos planes de reestructuración de la red comercial.
El sistema para que esas oficinas no cerraran definitivamente fue la cesión a gestores autónomos pero siempre bajo la marca «Banco Santander». Es decir, una especie de franquiciado en el que el agente externo funciona como si fuese un empleado más del banco porque todas las gestiones que se realizan se hacen con productos y con las cuentas que los clientes tienen en el banco presidido por Ana Patricia Botín.
Este es un modelo de negocio que ha sido utilizado de manera recurrente en otros sectores como, por ejemplo, las aseguradoras. Sin embargo, no es lo mismo vender seguros que trabajar con el patrimonio financiero de las personas o vender productos como hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito o fondos de inversión.
Tal y como publicamos en Diario16, en Valle de la Serena, una localidad pacense de 1.100 habitantes, una agente externa del Santander presuntamente abusó de la confianza que se había ganado para realizar movimientos de dinero y operaciones sin la autorización de los titulares de las cuentas. En muchos casos, se trataba de productos complejos como, por ejemplo, fondos de inversión. Entre los afectados hay personas mayores que vieron cómo en sus cartillas se reflejaban movimientos extraños y que no habían realizado.
Ahora han saltado a la luz otros dos casos de estafas en localidades de la España vaciada, ambas en Aragón. La primera, según adelantó El Diario de Huesca, se dio en Gurrea de Gállego donde un agente externo de Banco Santander también utilizó la confianza que los clientes tenían en él para, presuntamente, sacar cantidades en efectivo de las cuentas, con una supuesta falsificación de firmas, con el pretexto de destinar ese dinero al pago de impuestos o a la Seguridad Social.
El agente de la entidad presidida por Ana Patricia Botín se quedaba con dichas cantidades y, evidentemente, no pagaba las obligaciones tributarias de sus clientes. Esto ha provocado multas a los clientes del Santander tanto de Hacienda como de la Seguridad Social. Las auditorías de la entidad cántabra no detectaron estos movimientos.
Por otro lado, el agente del Santander sacó importes en efectivo de préstamos no solicitados de créditos de la Política Agraria Común (PAC). En este caso los clientes presuntamente estafados eran agricultores.
A los clientes de edad avanzada que no utilizaban su cartilla de ahorros con regularidad, el agente del Santander les falsificaba la firma para hacer movimientos.
La oficina fue cerrada de manera unilateral en mayo de 2021. Banco Santander se comprometió a hacer una auditoría interna de lo ocurrido. Sin embargo, a pesar de las peticiones realizadas por las víctimas del agente del Santander, no se tienen noticias de las conclusiones de la misma. El banco se ha negado a compartir esa información alegando que es documentación interna y no se hace cargo de los importes estafados como responsable civil.
Los afectados, después de más de año y medio, de diferencia de trato con otros casos de estafa donde el Santander ha salido al paso y, tras realizar las correspondientes auditorías, está devolviendo parte del dinero estafado, tal y como está ocurriendo en Valle de la Serena donde los afectados pacenses, tal y como hemos publicado en Diario16, denuncian que, a pesar de las evidencias, el Santander no está devolviendo la cantidad íntegra de dinero estafado.
En la localidad turolense de Samper de Calanda se produjo otra estafa en una oficina del Santander por la que tanto la Fiscalía como piden 7 años de prisión para el esposo de la agente externa que regentaba la oficina en dicho pueblo.
Según la Fiscalía, el presunto autor de esta estafa, extrajo dinero en efectivo entre 2011 y 2016 rellenando el apartado de reintegro de documentos de su entonces esposa y falsificando la firma de los clientes. Posteriormente, acudía a la sucursal de la localidad de Híjar para retirar el dinero.
En este caso, las auditorías del Santander sí que funcionaron y detectaron movimientos irregulares.
Santander, responsable final
«El único responsable aquí es Banco Santander. Lo que no puede ser que un pueblo de 1.100 habitantes tenga 2.000 préstamos. Han venido unos señores puestos por el Santander para marear la perdiz y la gente sale llorando [de la sucursal]. Yo les dije si eran un bufete de abogados porque estaban aconsejando que no denunciaran. Hay que denunciar en el juzgado de guardia, y cuando allí aparezcan 500 denuncias entonces se arregla. Mientras, no. El problema es que han arruinado a todo el pueblo. El único responsable es Banco Santander. Lo que están tratando es desviar el tiro. Es una vergüenza que está afectado todo un pueblo, que la gente sale de ahí llorando, que no tienen para comer. A unos les ha afectado de una manera y a otros de otra. Puede que a alguien le haya afectado con 100.000 euros y esté jodido, pero a otros les ha afectado con 1.000 y no tienen para comer. Eso lo puede solucionar el Santander en 48 horas, en cuanto quite a esos señores que no están solucionando nada. El banco lo que tiene que demostrar es por qué yo tengo tres préstamos que no he pedido y hace tres años que no piso el banco. Lo que haya hecho esta niña [por la asesora externa] lo ha hecho con herramientas que se las ha dado Banco Santander, porque ahí pone Banco Santander [señala a la sucursal]. Aquí ya hubo un caso hace 6 años de 120.000 euros y dicen que lo han descubierto ahora. Aquello se tapó, se apañó y no se denunció. Es una vergüenza que Banco Santander no solucione esto en 48 horas, que la gente entre ahí asustada porque han traído a tres que parecen matones o asesores», denunciaba a Diario16 Basilio Caballero, uno de los afectados de Valle de la Serena.
La política del Santander en la España vaciada es muy peligrosa. Ceder la gestión de sus propios clientes a agentes externos puede derivar en estos casos. Evidentemente, la gran mayoría de estos trabajadores autónomos no han estafado a sus clientes. Sin embargo, la confianza depositada en ellos y el acceso a herramientas del banco pueden predisponer a este tipo de estafas.
Es evidente que cuando se produce un caso, el Santander tiene que responder de inmediato y devolver el dinero para, posteriormente, reclamar en los tribunales esas cantidades a los supuestos responsables. El banco presidido por Ana Patricia Botín sabe que, de un modo u otro, va a recuperar ese dinero porque el Santander decide qué juicios gana y cuáles pierde, según se dice en una grabación que, supuestamente obra en poder de Andrea Orcel. Ya se encargan sus «abogadioses», con sus ínfulas e influencias, de lograrlo.
El Santander no puede causar más dolor del habitual a personas y familias que son sus clientes y, sobre todo, tiene la obligación de ofrecer el mejor servicio, donde se incluye una protección absoluta tanto en oficinas nativas como en las gestionadas por agentes externos.