Durante años, Diario16+ ha publicado en exclusiva documentación clave que demostraba la realidad de lo que sucedió en el Caso Banco Popular, documentos que también fueron aportados a la causa, tanto cuando instruía Fernando Andreu como José Luis Calama Teixeira.
Sin embargo, en un giro de los acontecimientos incomprensible, el juez titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional decidió olvidarse de investigar la etapa en la que se ejecutaron las acciones decisivas que llevaron al Popular a la resolución para centrarse en una instrucción errática en acontecimientos que no tienen causalidad alguna con la única razón que llevó a la ruina a 1,2 millones de personas: la resolución.
En el auto de pase a procedimiento abreviado resultó cuanto menos sorprendente que el presidente que llevó a la entidad a la resolución sólo sea mencionado en 21 ocasiones en un documento que tiene 178 páginas. Además, es significativo que no se haya investigado absolutamente nada de las causas de la resolución. Todo ello a pesar de la existencia de informes oficiales y documentación que demostró que la resolución de Banco Popular fue provocada única y exclusivamente por la crisis de liquidez originada en el segundo trimestre de 2017.
Por otro lado, también es sorprendente que en un auto de 178 páginas, sólo se dediquen cuatro folios a las conclusiones de la etapa de Emilio Saracho. Principalmente porque existen razones suficientes para relacionar la actividad del último presidente de Banco Popular con la fuga de liquidez. En el sumario de la causa está presente documentación que así lo revela. Al parecer, al juez Calama, desde octubre de 2021, eso no le pareció relevante. Algo sucedió en esa fecha para que se produjera un cambio tan radical en la estrategia de instrucción, algo que es la clave para entender la exculpación de Saracho.
Los pasos dados por Calama desde el mes de octubre de 2021, instados en su mayoría por la Fiscalía, se alejaron de la finalidad principal de la instrucción: descubrir y acreditar cuáles fueron las acciones u omisiones decisivas, y quiénes las adoptaron, para abocar al Banco Popular a su resolución y venta por un euro al Banco de Santander y que, en consecuencia, privaron a sus accionistas del valor de sus acciones.
Esto es así porque, tal y como señaló el informe pericial del Banco de España, la única causa de la pérdida del dinero de los afectados del Popular fue el proceso de resolución. Para llegar a este procedimiento, las únicas causas reales se dieron a partir del segundo trimestre de 2017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho.
Centrar la instrucción, como hizo Calama en los últimos dos años y medio, en hechos sucedidos antes de la llegada de Saracho a la Presidencia del Popular fue un gravísimo error porque no tuvieron incidencia directa ni determinaron la resolución del banco.
Respecto a la estrategia de la Fiscalía hay que tener en cuenta un punto muy importante: uno de los abogados de Emilio Saracho, Jesús Santos, fue el jefe de Antonio Romeral, el fiscal del Caso Popular. La Fiscalía tuvo un papel muy importante a la hora de parar o retrasar las investigaciones de la etapa de Emilio Saracho. Fuentes jurídicas consultadas señalan que, durante los interrogatorios, la mayor «fiereza» del fiscal se pudo ver cuando se trató de vías que incumbían a hechos anteriores a diciembre de 2016.
Otras fuentes judiciales consultadas por este medio han señalado que la actitud de la Fiscalía en el Caso Popular «roza la prevaricación al impedir una parte de la investigación».
Hay que tener en cuenta que desde octubre de 2021, el dúo Calama-Romeral no investigó nada relacionado con la etapa de Saracho ni con las causas reales de la resolución. Casi dos años aplicando una estrategia de instrucción en la que llegó a pedir a los inspectores del Banco de España que aplicaran escenarios claramente ilegales, a lo que, como es normal, los peritos se negaron.
Tras esta negativa y la presentación de escritos con más pruebas y testimonios, se cerró la instrucción. ¿Casualidad?
Sin embargo, Calama sí que contaba con documentos publicados por Diario16+ en exclusiva, documentación que fue aportada a la Audiencia Nacional y que Calama no tuvo en cuenta porque ni la menciona en su auto.
Los correos de Saracho
Emilio Saracho, según las cláusulas de su contrato, tenía un seguro de responsabilidad (D&O) en el que, según un correo enviado el día 5 de junio a las 16.39 por Francisco San Miguel Barbón, abogado del despacho de referencia del Santander, Uría y Menéndez, incluía, entre otras cosas, la siguiente cláusula:
«Banco Popular se obliga a concertar y mantener a su cargo una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra las responsabilidades contractuales y extracontractuales con terceros que pueda contraer el señor Saracho como consecuencia de las actividades propias de sus funciones, conforme a la práctica habitual del Banco respecto a los consejeros ejecutivos. Dicha póliza de seguro cubrirá las responsabilidades asegurables y habituales según las prácticas del mercado que, en el ámbito antes citado, pueda contraer el Sr. Saracho (sean o no empleados de Banco Popular) que realicen actividades bajo la dependencia o por encargo del Sr. Saracho». Este correo fue reenviado por Joaquín Hervada a Saracho el mismo día a las 16.51.
El 7 de junio Emilio Saracho fue destituido por el Santander a las 12 de la mañana. Sin embargo, a las 14.44 Joaquín Hervada le envía un correo al ya expresidente en el que dice lo siguiente: «Nos pregunta Willis [el corredor de Chubb] si queremos activar el run off, lo han visto y parece que no tienen problemas. Los aseguradores son los mismos del Santander».
Que a Saracho se le permitiera activar el run off, es decir, que el seguro sigue cubriendo a los asegurados por un tiempo establecido una vez que el banco ha cambiado de dueño es un agravio comparativo con el resto de consejeros, exactamente igual que ocurre con la utilización de las herramientas de correo corporativas.
Además, Joaquín Hervada informa a Saracho de que existe la posibilidad de pagar una prima superior (que lo pagó el Popular) para incrementar las coberturas. A esta oferta Saracho respondió si eso se podía hacer aún. Esa ampliación de la prima del seguro tendría que ser autorizada por el Santander y sería irregular y un indicativo de la protección a Saracho ya que el hecho de que el seguro le libere de los gastos de defensa jurídica hace comprensible que haya contratado a unos abogados carísimos porque el límite de ese seguro oscilaría, según lo habitual en el mercado, entre los 80 y los 100 millones de euros.
Sin embargo, lo que esta conversación demuestra es que tanto Saracho como el Santander tenían conciencia de lo que se había hecho. Todo el mundo sabe lo que sucedió, tal y como demuestran los informes periciales del Banco de España, todo el mundo, menos el juez Calama que, tras su giro inesperado en la estrategia de instrucción (con el apoyo innegable del fiscal Romeral), mantuvo una actitud similar a cuando se retorna al trabajo después de unas largas vacaciones y la mente aún está en las bellas playas de Nassau o en los hermosos paisajes de Eslovenia.
Por cierto, SC Willis, el corredor de esa póliza, estaba presidido en la época de la resolución del Popular por Jaime Castellanos, tío político de Ana Patricia Botín.
El favor de Calama al Santander
El hecho de que el juez Calama haya exonerado a Emilio Saracho y que haya centrado su auto de pase a procedimiento abreviado a la ampliación de capital de 2016 es un gran favor de miles de millones que le hace tanto al Santander como a su aseguradora.
El fiscal y el juez Calama, al dejar fuera a Saracho, al que han protegido, limita la responsabilidad del Santander que va a pretender responder con solo con 147 millones, no con los 11.000 que valía el banco, pero además, hace un favor a la aseguradora de la entidad cántabra.
Una instrucción cerrada en falso
El juez Calama jamás indagó, ni lo pretendió, sobre los motivos que llevaron a Saracho a la Presidencia del Popular, lo que habría dado quién estuvo detrás de esa operación. ¿Fue el gobierno de Rajoy, con Luis de Guindos en la dirección? ¿Fue un movimiento orquestado desde la Unión Europea, donde entonces ocupaba cargos Nadia Calviño, quien su primera gran decisión como ministra de Economía fue la de aprobar la fusión por absorción, lo que permitió al Santander eliminar la personalidad jurídica al Popular? ¿Fue el Banco Central Europeo que no quería una nueva crisis bancaria con la quiebra de una entidad sistémica global?
Calama, al centrarse en aspectos que no tienen nexo causal con la resolución, obvió elementos clave que cualquier juez que no sea español hubiera puesto como prioridad, sobre todo con los cientos de miles de documentos que demuestran lo que verdaderamente ocurrió.