Banco Santander oculta la verdad sobre fraude fiscal a sus accionistas

El escándalo de los dividendos Cum-Ex ha sido calificado como el mayor fraude fiscal de la historia o como «el robo del siglo». Banco Santander es uno de las entidades financieras que están siendo investigadas por la Justicia de Alemania.

 La cifra presuntamente defraudada superaría los 55.200 millones de euros. Diferentes testigos de entidades financieras involucradas han hecho referencia al papel activo del Santander que se habría beneficiado con la financiación y las transacciones que dieron lugar a cientos de casos de fraude fiscal.

La investigación en Alemania comenzó en abril de 2013 y, desde principios de septiembre, se está juzgando en el Tribunal Regional de Bonn el primer caso derivado de las investigaciones de la Fiscalía de Colonia.

El mecanismo del fraude operaría a través de la compra «a corto» de acciones de empresas cotizadas en periodos próximos al reparto de dividendos. Los presuntos defraudadores concertados entre si ejecutarían, en un breve periodo de tiempo, multitud de transacciones de compra y venta de un gran volumen de las mismas acciones de manera que aparentaría varios titulares de las acciones al mismo tiempo, que obtendrían certificados fiscales con los que reclamarían varias veces la misma devolución de impuestos que sólo habían sido pagados una vez.

Según la investigación, Santander ejecutó a través de su filial en Reino Unido (Abbey National Treasury Services) infinidad de operaciones por las que cobraba importantes comisiones y se embolsaba parte de las ganancias del presunto fraude, según indican las declaraciones de testigos ante la fiscal de Colonia, que también han manifestado que el Santander en Londres era el mayor vendedor a corto y que la misma transacción de compra de acciones se aprovechaba para realizar varias solicitudes de devolución de impuestos.

La presunta relación de la entidad presidida por Ana Patricia Botín con el fraude sería directa ya que, además de ejecutar las compras de acciones «a corto» también facilitaban la financiación para esas compras por lo que llegaban a cobrar un porcentaje del dividendo en vez de una simple comisión.

El conjunto de indicios de la investigación contra el Santander, con la concesión de financiación multimillonaria a los defraudadores para la compra de acciones con complicadas «due diligence» de los prestatarios, las compras «a corto» de millones de euros ejecutadas por el Santander y el cobro de comisiones y reparto de un porcentaje de los dividendos netos, han llevado a la fiscalía alemana a considerar que la alta dirección de la entidad santanderina podría estar al corriente de la trama de evasión fiscal.

Uno de los testigos, abogado que fue mano derecha del asesor fiscal cerebro del fraude fiscal (Hanno Berger), ha denominado a la trama como «crimen organizado con trajes de banquero» y en la que estaba «involucrada toda una industria compuesta por una red de banqueros, asesores fiscales, abogados e inversores».

El Santander, en el documento de cerca de 900 páginas que ha entregado a sus accionistas de cara a la próxima Junta General que se celebrará el día 31 de marzo señala lo siguiente en referencia a la investigación de los Cum-Ex:

«La Fiscalía de Colonia ha abierto una investigación al Banco y otras entidades del Grupo en Reino Unido -Santander UK plc, Santander Financial Services Plc y Cater Allen International Limited- en relación con un tipo particular de operaciones vinculadas a dividendos conocidas como operaciones ‘cum-ex’. El Grupo está cooperando con las autoridades alemanas. Conforme al estado de las investigaciones, no pueden anticiparse los resultados y efectos para el Grupo, que podrían implicar la imposición de sanciones económicas materiales. Por este motivo, el Banco no tiene registradas provisiones por este proceso en relación con la posible imposición de sanciones económicas».

Este pequeño párrafo es lo único que se menciona sobre este escándalo. El Santander afirma que «el Grupo está cooperando con las autoridades alemanas». Sin embargo, los hechos demuestran que es al contrario.

La fiscal jefe de Colonia, Anne Brorhilker, tras cinco años de investigación solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid que se registrase la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla. Sin embargo, el fiscal español Luis Rodríguez Sol se negó a ello y tan sólo remitió un requerimiento escrito al banco que fue despachado con una simple contestación de cuatro páginas y varios documentos adjuntos.

A diferencia del Santander otros bancos como el australiano Macquarie Bank, los franceses BNP Paribas y Societe Generale, los estadounidenses JP Morgan, Morgan Stanley y Bank of America, el británico Barclays Bank o el alemán Deutsche Bank si han tenido que hacer frente a registros judiciales.

Pese a la negativa al registro de la sede del Santander, la fiscal alemana no se amedrentó y comunicó a la entidad presidida por Ana Patricia Botín la apertura de una investigación penal por su presunta intervención en el fraude que afectaría a empleados y altos responsables del Santander, entre ellos a Stephen Woodhead, jefe del departamento de «short term equity trading» en Londres. La acusación de la fiscalía mantiene que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutarlas, el fraude debía ser conocido necesariamente por la alta dirección del banco.

Sin embargo, de todo esto, el Santander no informa a sus accionistas, quienes tienen todo el derecho a saber la verdadera implicación de la entidad, quiénes estuvieron detrás del presunto fraude y, sobre todo, si Ana Patricia Botín estaba implicada o informada de esta estafa fiscal por la que ya ha habido importantes condenas en el Tribunal de Bonn.