El juez titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, e instructor del Caso Popular, José Luis Calama Teixeira, ha dictado una providencia en la que señala que «dada cuenta; y visto el estado de las actuaciones, se acuerda poner en conocimiento de las partes personadas que el auto de transformación en procedimiento abreviado -en proceso de finalización- se les notificará en la primera quincena del próximo mes de febrero».
Los afectados del Caso Popular esperan esta resolución para conocer quiénes serán finalmente los procesados y si el juez se ha focalizado en la búsqueda de las causas reales de la resolución o, de la mano de la Fiscalía, se centrará en elementos que nada tuvieron que ver con que Banco Popular fuera resuelto por la Junta Única de Resolución y vendido por un euro a Banco Santander.
La instrucción del Caso Popular no ha estado exenta de polémica. En el mes de febrero de 2023, Diario16 avanzó en exclusiva que el juez Calama iba a cerrarla en falso, hecho que ocurrió en el mes de mayo. Desde entonces, las distintas partes han presentado sus escritos, pero el silencio del juez ha sido absoluto. Nadie sabía nada de cuándo se iba a dictar el auto de pase a juicio oral.
La investigación se cerró en falso, puesto que quedaron muchos elementos en los que tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía deberían haber profundizado. Se dejó fuera de la instrucción la determinación de las relaciones entre el despacho de cabecera de Banco Santander, presidido actualmente por el ilustre abogado Jesús Remón Peñalver o la implicación de dicho bufete en la declaración de inviabilidad que llevó al Popular a la resolución.
Desde el mes de octubre de 2021, tras la declaración de la Elke König, el juez Calama dio un volantazo a su estrategia de instrucción y la convirtió en un verdadero despropósito porque dejaba de lado la investigación de las únicas causas por las que el Popular fue resuelto y vendido por un euro al Santander.
Por el contrario, Calama, de la mano de la Fiscalía, decidió dar un giro inesperado a su instrucción para centrarse en elementos de años anteriores que nada tuvieron que ver con la resolución del 7 de junio de 2017. Esta aquiescencia entre juez y fiscal resulta cuanto menos inquietante, sobre todo cuando Antonio Romeral Moraleda fue subordinado de uno de los abogados de Emilio Saracho.
Centrar la instrucción, como hizo Calama, en hechos sucedidos antes de la llegada de Saracho a la Presidencia de la entidad fue un gravísimo error porque no tuvieron incidencia sustancial y material en la solidez y vida del banco, y por cantidades ajenas a su solvencia o liquidez y para su negocio, como la valoración de las tasaciones, la cuantía de las provisiones, la supuesta, inconcreta y en todo caso irrelevante financiación a los inversores en la ampliación de 2016, o los supuestos defectos en el folleto de la ampliación de capital del mismo año. Todas esas cuestiones en nada pudieron influir ni determinar la resolución del banco.
Las casualidades no existen y Calama cerró la instrucción en el momento en que los informes periciales presentados en las semanas previas mostraban que las pretensiones del juez rozaban la ilegalidad.
Primero fue la declaración de Jose María Sanz Olmeda, auditor de PricewaterhouseCoopers (PwC), en la que se volvió a poner en evidencia que la estrategia de Calama era absolutamente errónea y que sólo iba encaminada a cerrar la instrucción en falso para que los supuestos verdaderos culpables, tanto personas físicas como jurídicas, quedaran exonerados.
El auditor de PwC dio una lección en su declaración y defendió algo que es clave en este caso: las cuentas del Popular antes de la llegada de Saracho fueron correctas. Sanz Olmeda rebatió el informe pericial con intenciones retrospectivas ordenado a los inspectores del Banco de España por Calama y Romeral respecto a las tasaciones. Además, aseguró de manera contundente que los criterios contables que se utilizaban en el Banco Popular eran los mismos que PwC aplicaba a otras entidades financieras.
No podía faltar, evidentemente, una censura absoluta por el sesgo retrospectivo que se aplicó en esta última fase de la instrucción respecto a las tasaciones y la calidad de los activos. Sanz Olmeda se lo dejó muy claro a Calama: no cabe ninguna aplicación retrospectiva de la Circular 4/2016 del Banco de España. Por tanto, el Consejo de Administración de Banco Popular realizó una contabilidad correcta.
La auditora, en un escrito presentado tras el cierre de instrucción, dieron una definición precisa de lo que había sido la investigación de la Audiencia Nacional: las hipótesis de Calama resultaban «forzadas e insostenibles»
Por su parte, los propios peritos del Banco de España también pusieron en evidencia al juez. En su último informe pericial fueron muy claros: «No se puede hacer ese ejercicio de simulación por no tener base regulatoria». Calama, de la mano del antiguo subordinado del abogado de Saracho, pretendía obligarles a hacer un informe que no se podía hacer porque era ilegal, algo que ya denunció Diario16 meses antes de la publicación del informe pericial.
Por otro lado, y esto es muy importante, lo que dejó claro también el documento de los peritos del Banco de España es que Banco Popular no debió ser resuelto y que las cuentas de la entidad eran correctas. En la fecha de la resolución el Popular era solvente y viable con un valor patrimonial de 11.000 millones de euros. En consecuencia, Calama debió centrarse en investigar fueron las razones por las que se generó la crisis de liquidez que fue la única causa de la resolución y eso se produjo a partir del segundo trimestre de 2017.
Casualmente, Calama cerró la instrucción después de la presentación del informe pericial de PwC en la que se demostraba que, en la etapa anterior a Emilio Saracho, Banco Popular elaboró sus estados financieros de acuerdo a las normas contables aplicables en cada momento. El documento de la auditora también demostraba que la entidad también cumplía con la normativa contable en materia de refinanciaciones.
El documento de la auditora señalaba con contundencia que el Popular no cambió sus políticas en materia de refinanciaciones entre 2013 y 2016. La Circular 4/2016 endureció los criterios y estableció criterios objetivos para identificar y clasificar a los refinanciados.
Además, dio un duro golpe al juez Calama al afirmar que este cambio de criterios no implica que lo anterior no fuera adecuado, pues simplemente estaba basado en el marco de referencia aplicable. Los cambios normativos se aplican de forma prospectiva, desde que entran en vigor. No modifican ejercicios anteriores, es decir, lo contrario a lo que pretendían tanto el instructor como el fiscal.
Rechazo a todo lo que afectara a Saracho
Hay que insistir en la fecha clave de octubre de 2021. A partir de ahí, Calama, de la mano de la Fiscalía (que en la Audiencia Nacional va tan unida a determinados intereses que parece un caro implante de pelo bien arraigado), perdió más de un año y medio de tiempo. Lo que es peor es que rechazara todas las diligencias que le solicitaron las partes para que siguiera investigando la época de Saracho y su relación con Uría y Menéndez.
En ese tiempo se presentaron escritos en los que se pidió a Calama que investigara las acciones realizadas por los abogados del despacho de cabecera del Santander desde febrero de 2017 hasta la fecha de la resolución. Calama se negó.
También se solicitó que se tomara declaración a esos mismos abogados para que expusieran en sede judicial lo ocurrido en la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017. Calama también se negó, a pesar de contar con el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán en la que se denuncian graves irregularidades, presiones, coacciones y engaños por parte de Saracho y de los abogados del despacho presidido por Jesús Remón para que los consejeros aprobaran el envío al BCE de la carta que declaraba la inviabilidad del Popular.
El juez tampoco aceptó que se requiriera toda la documentación surgida del asesoramiento que Saracho contrató con el despacho de cabecera del Santander, incluidos correos electrónicos o actas de reuniones.
Por otro lado, Calama también rechazó los informes periciales presentados por la defensa de Ángel Ron y realizados por expertos y profesionales de prestigio probado como José Antonio Iturriaga, asesor senior del Fondo Monetario Internacional, que demostraban cómo la resolución de Banco Popular pudo evitarse bajo la presidencia de Emilio Saracho.
Esta es la Justicia que hay en España, una factoría de injusticias con el único fin de mantener la impunidad de los poderosos, entre los que destaca, evidentemente, Banco Santander.