El bailaor Rafael Amargo ha escapado in extremis de la Justicia. Y lo ha hecho alegando defectos de forma en la obtención de pruebas que supuestamente lo incriminaban en delitos de tráfico de drogas. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al cantante, al productor Eduardo de Santos y a un socio de ambos en una sentencia que anula las escuchas telefónicas y los registros policiales. Otro escándalo de la chapucera Justicia española está a la vista.
La Audiencia añade que, incluso si se pudiera tener en cuenta las escuchas y los registros, es dudoso que se pudiera probar un delito de tráfico de estupefacientes. El bailaor acudió en persona a la Audiencia Provincial de Madrid a recoger la sentencia, que señala que “no existen elementos independientes que permitan acreditar el tráfico de drogas y la asociación y organización entre los acusados, ni el intento de financiación de producciones artísticas derivadas de la comisión de actividades ilícitas”, informa Efe.
El juicio a Rafael Amargo se celebró el pasado mes de abril, y la Fiscalía pedía para los dos primeros nueve años de cárcel y seis para el tercero, mientras que los acusados defendieron que consumían droga pero no vendían y solicitaron su absolución.
Amargo, que acudió con su abogado a la Audiencia Provincial pasadas las once de la mañana para conocer la sentencia, ha asegurado que estaba contento y “muy nervioso” y que, independientemente de que ahora leerá toda la sentencia, “tanto la letra más pequeña como la más grande dice lo que dice, que este hombre está absuelto de todo”. “Ahora que tengo la verdad de la justicia en mi mano, lo que tenga que hablar lo diré donde tenga que decirlo”, ha añadido, afirmando que él “llevaba razón” cuando dijo que llevaba cuatro años de proceso penal sin motivo.
Su letrado, Marcos García Montes, ha avanzado que, a falta de leer completa la sentencia y analizarla en profundidad, lo que dice claramente es que “la detención no fue fundamentada en derecho” y “lo más grave es que un policía que llevaba el tema de Villarejo, y está aquí, tendrá que dar cuenta de por qué le detuvo”, ya que todo es “sospechoso”. En este sentido el letrado ha avanzado que estudiarán una posible “reclamación”, y ha emplazado a los periodistas a una rueda de prensa en su despacho.
La sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, absuelve a Rafael Amargo, a Eduardo de Santos y a Manuel Ángel Batista León del delito contra la salud pública por el que la Fiscalía solicitaba para ellos penas de 9 y 6 años de cárcel, tras considerar que no se cumplieron las exigencias legales para acordar las escuchas telefónicas, y declara nula la intervención de los teléfonos de los investigados solicitada por la Policía y acordada por el juzgado de Instrucción.
Los magistrados consideran que la justificación que se dio para autorizar las escuchas fue “insuficiente para estimar que la medida fuera proporcionada”, y las anulan como pidieron las defensas al inicio del juicio. En una sentencia de 57 folios, los magistrados consideran que el auto inicial de intervenciones telefónicas, del 1 de julio de 2020, ofrecía una exposición de hechos que se basaba en la existencia de un supuesto grupo criminal dedicado a la distribución de droga que recibiría de distintos distribuidores ubicados en Madrid, y alegaba que se solicitaban medidas de investigación tecnológica “por el grado de profesionalidad y especialización de las personas investigadas”.
Fallo judicial
“La resolución accediendo a la solicitud policial fue asumida sin más por el juez de instrucción en el sentido que no entró a ponderar la suficiencia de los datos, lo que hace que, de facto, la ponderación reflejada en la decisión judicial fuera la efectuada por los agentes en su solicitud”, añade la resolución.
Los magistrados afirman que a “la desproporcionalidad de esta medida” se unió que la Policía añadió a la lista de los teléfonos intervenidos los de la esposa de Rafael Amargo, “con la excusa de que los narcotraficantes suelen utilizar los dispositivos telefónicos de otras personas de su núcleo familiar para sus ilícitas actividades”, pero esto no es una sospecha “mínimamente fundada”.
Una vez considerado nulo ese auto, el tribunal concluye que “la autorización de entrada y registro y lo encontrado en los domicilios han de quedar también afectadas por la nulidad de las intervenciones telefónicas”, y no se puede valorar.
Además, añade que “aún con la valoración del material probatorio excluido (…) pudiera haberse concluido la existencia de esa asociación y organización entre los investigados por el tráfico de estupefacientes”, ni tampoco “algún intento de financiación de producciones artísticas en que participaban Jesús Rafael y Juan Eduardo con los ingresos derivados de esa presunta actividad común de tráfico o, en definitiva, la existencia de un delito común de tráfico ilícito de estupefacientes”.