CCOO denuncia la inexistencia de una agenda con medidas y recursos suficientes para atajar la pobreza infantil, puesto que el porcentaje de niños y niñas pobres se mantiene, e incluso, en algunos casos aumenta. La Federación de Enseñanza de CCOO alerta de la posibilidad de que se convierta en “un mal endémico”.
Según el último estudio presentado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, “Geografía de la pobreza infantil en España”, el 27,4% de los niños y niñas en España se encuentran en riesgo de pobreza. Esta situación que sufren cientos de menores está condicionada por su entorno más cercano: “Vivir en una zona rural o urbana supone enfrentarse a unas circunstancias distintas con consecuencias más o menos graves para la infancia en pobreza”, apunta el estudio.
Desde CCOO defienden que “las distintas administraciones públicas no están haciendo lo suficiente” ni están se están coordinando con los recursos necesarios para erradicar un problema “de enorme calado social, que condiciona el futuro del país”. Además, la Federación de Enseñanza de CCOO exige a los Gobiernos autonómicos, así como al estatal, que elaboren un plan “consensuado y urgente” que recoja las medidas políticas y legales, junto con los recursos humanos, las acciones sociales y las inversiones necesarias para “hacer frente a esta lacra”, aseguran.
Pobreza severa
La Federación, igualmente, propone y demanda otras medidas, tales como construir políticas públicas para acabar con la pobreza y las desigualdades en la infancia, haciendo hincapié en el reconocimiento de la infancia y la juventud.
Por otra parte, también plantean otras como: Impulsar medidas que aseguren y protejan el derecho a la educación, la cual debe ser universal, pública y gratuita para garantizar la equidad; elaborar políticas de igualdad social y proteger mejor los derechos de las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad; garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, reforzar la atención primaria de salud, potenciar las políticas socioeducativas con ayudas y becas; formar al personal de la Administración central, autonómica y local para que sea competente en la protección de la infancia.
Del mismo modo, hacen un llamamiento a las administraciones públicas para que adopten de manera inmediata la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia y la Garantía Infantil Europea.
