Cifuentes, cada vez más cerca del banquillo

Desde que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel Nieto, dictó el sobreseimento del caso máster en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio el pasado mes de octubre, pero mantenía la investigación sobre si hubo o no falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta madrileña ,Cristina Cifuentes, todo apunta a que tanto ella como el catedrático Enrique Álvarez Conde no saldrán impunes de este causa. La URJC pide 4 años de cárcel, una multa de 4.000 euros y la inhabilitación de 6 años para los cuatro procesados.A finales de noviembre, la magistrada da por concluida la instrucción y abre la fase de procedimiento abreviado, paso previo al juicio. En el auto, además de procesar a Cristina Cifuentes, también incluye al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la URJC, Enrique Álvarez Conde; a la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Cecilia Rosado y, a la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito.En esa fecha, Rodríguez-Medel da traslado de la resolución a la Fiscalía y a las acusaciones particulares y populares para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, o bien soliciten el sobreseimiento de la causa.La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ha solicitado que se condene a la expresidentaregional a cuatro años de cárcel por el caso máster, según consta en el escrito de conclusiones provisionales que el centro docente ha remitido al Juzgado. La universidad considera a Cifuentes responsable de un delito de falsificación de documento público por participar en la fabricación del acta del trabajo fin de máster (TFM).La universidad pide, además, que se imponga a la expresidenta una multa de aproximadamente 4.000 euros y se la inhabilite durante seis años para ocupar un cargo público.La misma pena pide la URJC para los otros tres procesados: el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, epicentro del caso; Teresa Feito, asesora de Cifuentes; y Cecilia Rosado, una de las profesoras que firmó el acta.