La revelación de unas actas del propio gobierno madrileño, arrojan luz sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso. Una investigación exhaustiva respaldada por testimonios de afectados, empleados de residencias y expertos apunta a decisiones cuestionables, que limitaron las derivaciones hospitalarias y la adecuada medicalización de estos centros, contribuyendo a un escenario donde más de 4.000 vidas de residentes mayores podrían haberse salvado, según ha publicado La SER.
La comisión de la verdad sobre las residencias desmiente a Ayuso
El informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad sobre las residencias ilustra cómo, en los momentos más críticos de la pandemia, se redujo drásticamente el número de derivaciones hospitalarias desde las residencias, de una media de 100 diarias a solo 50, cuando las circunstancias demandaban un incremento. La Comunidad de Madrid alegó que había optado por medicalizar las residencias para tratar a los ancianos in situ, evitando traslados. Sin embargo, esta «medicalización» afirmada no se reflejaba en la realidad, puesto que las residencias carecían de los recursos básicos necesarios para afrontar la crisis, resultando en una mortalidad significativamente más alta en comparación con otras regiones.
49 muertes en una residencia
La situación más trágica se vivió en una residencia con 49 muertos en un mes. 46 fallecimientos se produjeron en el geriátrico y 3 en un centro hospitalario. Hay otro dato dramático que recoge el acta del 13 de abril. Los inspectores se encontraron con un cadáver en una de las habitaciones pendiente de ser trasladado por la funeraria desde tres días antes, el 10 de abril. La dirección de la residencia tuvo que pedir a los bomberos que procedieran a la retirada del cuerpo y avisó también a la Guardia Civil y a la Dirección General del Mayor, todo esto se puede leer en las catas desveladas por La Ser.
Ayuso y su mala gestión de la residencias
En otra de las residencias con 30 fallecidos, la responsable del centro relató cómo al principio de la pandemia tuvieron demoras de más de 72 horas en el traslado de los cadáveres.
La primera acta fechada el 31 de marzo revela la grave falta de medios de protección para el personal y los residentes. Las mascarillas estaban sin homologar y usaban gorros y batas hechas con bolsas de plástico. Mascarillas, gafas y viseras confeccionadas por voluntarios, delantales fabricados con bolsas de basura, monos que se reutilizan tras su desinfección y se desechan cuando se rompen se puede leer también en otros informes del 8 y del 13 de abril. En este último se detalla que la mayoría del equipamiento ha sido donado por particulares y que la residencia ha tenido que comprar 30 balas de oxígeno porque no le han sido facilitadas por el Servicio Madrileño de Salud.
Reacción tardía
Además, el informe destaca la reacción tardía del gobierno ante la pandemia y la inadecuada protección del personal de las residencias, con la falta de medios de protección adecuados en los momentos más álgidos. Se revelan decisiones alarmantes, como la prohibición de usar mascarillas para no alarmar a los residentes, lo que puso en grave riesgo a empleados y ancianos.
La comisión critica también la no utilización de recursos alternativos disponibles, como los hospitales privados y los hoteles medicalizados, que podrían haber aliviado la saturación de las residencias y ofrecido una atención más adecuada. La falta de comunicación efectiva entre los residentes, sus familias y las administraciones añadió angustia a una situación ya desesperada.
Comisión de investigación sobre la pandemia
El documento concluye con un llamamiento a la reapertura de la comisión de investigación sobre la pandemia y exige una investigación eficaz por parte de la Fiscalía sobre los sucesos entre marzo y abril de 2020. Las evidencias presentadas narran una historia de negligencia y decisiones cuestionables que condujeron a una pérdida trágica de vidas, la cual, según el informe, podría haberse evitado con una gestión más humana y competente.
La revelación de estos hechos no solo exige justicia y transparencia, sino también una profunda reflexión sobre el modelo de atención en las residencias. La tragedia subraya la necesidad de un cambio radical en el cuidado de los más vulnerables, no solo para honrar a los fallecidos, sino también para asegurar que, en futuras crisis, la dignidad y la vida sean prioritarias.
El derecho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna…Según los informes de los protocolos que activo Ayuso y sus propias palabras: «Se iban a morir igual»…Cuando se traspasa los limites vulnerando el derecho a una muerte digna… provocado por las malas decisiones , por una gestión pesima y motivada por intereses personales y económicos…Puede considerarse como delito de omisión de socorro y conllevar penas …
La decisión de este personaje es la típica decisión fascista. ¿Para qué recoger heridos si se van a morir igual? Lo pagará. No, seguramente no. La justicia será, si lo es leve, para ella, como siempre pasa con los criminales. Se atreven con todo, Aguirre ya lo demostró. El tamayazo la puso la corona y el ciudadano pensó: Para que cambiar el voto, siempre ganan. Si no puedes vencerlos, alíate con ellos. El voto ciudadano se perdió para el PSOE.