La comisión ciudadana por la verdad sobre las residencias de Madrid ha expuesto un informe contundente que ilumina las sombrías decisiones del Gobierno regional, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia de COVID-19. Con una meticulosa investigación respaldada por testimonios de afectados, personal de residencias, y expertos, la comisión desvela cómo las acciones y omisiones del gobierno pudieron haber costado la vida de más de 4.000 residentes mayores que, de haberse gestionado adecuadamente, podrían haberse salvado.
Durante los momentos críticos de la pandemia, la administración limitó drásticamente las derivaciones hospitalarias desde las residencias de mayores, pasando de una media de 100 diarias a solo 50, en un momento en que, según los expertos, las necesidades exigían aumentarlas a 200.
Frente a las críticas, la Comunidad de Madrid defendió que había optado por medicalizar las residencias para tratar a los ancianos in situ, evitando así los traslados. Sin embargo, el informe de la comisión contradice esta versión, destacando la falta de preparación, tanto en personal como en material médico, para enfrentar la crisis dentro de las propias residencias.
Esta "medicalización" afirmada no se correspondía con la realidad. Las residencias, lejos de estar equipadas para manejar una crisis sanitaria de tal magnitud, se encontraban desprovistas de recursos básicos, lo que llevó a una mortalidad significativamente más alta en comparación con otras comunidades autónomas. Madrid duplicó la cifra de fallecidos en residencias, un exceso de mortalidad que la comisión califica como evitable con una gestión más adecuada y humana.
El informe también critica la reacción tardía del gobierno ante la pandemia, la inadecuada protección del personal y la falta de medios de protección adecuados en los momentos críticos. Revelaciones alarmantes incluyen testimonios sobre la prohibición de usar mascarillas para no alarmar a los residentes, una decisión que puso en riesgo tanto a empleados como a los propios mayores.
Además, la comisión denuncia la no utilización de recursos alternativos disponibles, como hospitales privados y hoteles medicalizados, que podrían haber aliviado la saturación de las residencias y proporcionado una atención más adecuada. La falta de comunicación efectiva entre residentes, familiares y las propias administraciones solo añadió angustia a una situación ya de por sí desesperada.
El documento finaliza con un llamamiento a la acción, instando a la reapertura de la comisión de investigación sobre la pandemia y exigiendo una investigación eficaz por parte de la Fiscalía sobre los hechos ocurridos entre marzo y abril de 2020. La historia contada por este informe es una de negligencia, decisiones cuestionables y una trágica pérdida de vidas que, según las evidencias presentadas, podrían haberse evitado con una gestión más compasiva y competente.
Esta revelación no solo exige justicia y transparencia, sino que también llama a una profunda reflexión sobre el modelo de cuidado y atención en las residencias. La tragedia subraya la necesidad de un cambio radical, no solo para honrar a quienes se perdieron sino para asegurar que en futuras crisis, la dignidad y la vida de los más vulnerables sean protegidas.