La organización FENADISMER, que defiende sus intereses en todo el territorio nacional, agrupa a más de 32.000 empresas de transporte y a más de 60.000 vehículos, junto a la asociación catalana Agtc, ya advirtió, el pasado lunes, tras más de un mes de continuas movilizaciones en gran parte de la red viaria de todo el país, «ocasionando incuantificables perjuicios económicos y personales a decenas de miles de transportistas españoles, especialmente por parte de grupos aislados de agricultores que vienen actuando con total impunidad bloqueando durante horas, e incluso días las principales carreteras por donde transitan los camiones, sin que a corto plazo parece que esta situación vaya a concluir», que había llegado el momento de «exigir las responsabilidades, tanto civiles como penales, que correspondan a los responsables de dichos actos criminales» que mantienen como «rehenes» a los transportistas, «impidiendo que puedan desarrollar con normalidad su trabajo e incluso con amenazas de provocar daños materiales en los vehículos y sus mercancías».
Por ello, ambas organizaciones han interpuesto una denuncia penal por «coacciones y amenazas» contra los responsables de los bloqueos que se viene llevando a cabo estos días en Cataluña, y que «mantienen retenidos a centenares de transportistas contra su voluntad durante ya dos días consecutivos, sin que las fuerzas de seguridad estén interviniendo para actuar contra dicha ilegalidad».
Así, manifiestan que «ante la negativa de las fuerzas de seguridad catalanas por garantizar el derecho a la libre circulación y permitir que los manifestantes mantengan los bloqueos en las carreteras», la denuncia presentada insta a ejercitar las acciones civiles y penales que procedan «contra todas las personas e instituciones responsables de estos hechos intolerables, ya sea por acción u omisión, exigiendo asimismo el inmediato restablecimiento de la circulación en las vías afectadas».
Según el juez García Castellón, todos estos agricultores son terroristas.