Derribar un sistema corrupto y criminal, una obligación ciudadana

Uno de los argumentos más recurrentes de las formaciones de la extrema derecha es la de presentar el escenario político y social actual como un sistema corrupto que hay que derribar. Ese mensaje tiene tal potencia entre una ciudadanía desencantada, decepcionada y que se siente víctima, precisamente, de ese sistema, que, tras los fracasos de las opciones políticas tradicionales, que consiguen aumentar sus apoyos.

Así se ha demostrado en las últimas elecciones europeas donde, por ejemplo, los jóvenes se han lanzado en masa a votar a este tipo de candidaturas. En España, por ejemplo, un tipo que proclama que hay que retirar el derecho al voto a las personas que reciben ayudas del Estado, es decir, a los pobres, o que es necesario retirar el derecho de sufragio hasta el año 2100, ha conseguido el apoyo de más de 800.000 personas y tres representantes en el Europarlamento.

Sin embargo, la ultraderecha jamás entra en el terreno económico que es donde está el quid de la cuestión, donde radica la corrupción y la perversión del actual sistema.

La crisis de 2008 cambió el paradigma social, político y económico del mundo. No existe una confabulación del 1% para hacerse con el control del planeta, ni fue una estrategia coordinada, como afirman algunas teorías de la conspiración. Pero es una realidad que el mundo sufrió una transformación radical en el que la codicia corporativa ha derivado en unos niveles de desigualdad jamás vistos desde la Revolución Industrial. Todo ello no habría sido posible sin la complicidad de una clase política cobarde que ha perdido el coraje de afrontar una guerra frontal contra las élites económicas.

Los poderosos han protagonizado verdaderos escándalos como, por ejemplo, lo sucedido con el avión Boeing 737 Max, donde la búsqueda de beneficios, la falta de regulación y la cultura corporativa de reducción radical de costes provocaron dos accidentes que mataron a cientos de personas.

La pandemia también mostró cómo fondos asignados por los gobiernos para que las clases medias y trabajadoras pudieran superar las consecuencias económicas terminaron en manos de las empresas.  

Estos escándalos ilustran no sólo las acciones de individuos o corporaciones corruptas, sino también una corrupción estructural más amplia, profunda y abarcadora que está arraigada en el sistema.

En los debates económicos sigue vigente la discusión respecto al mercado y la planificación. Los neoliberales consideran la planificación estatal como el mayor enemigo del mercado, la fuente de todas las ineficiencias, distorsiones y errores en lo que de otro modo sería un viaje económico sencillo. Los keynesianos dicen que la economía debe gestionarse o planificarse para evitar fallas del mercado. Sin embargo, este debate es en gran medida falso. Las grandes corporaciones no sólo tienen una importante influencia distorsionadora en el mercado, sino que su tamaño y recursos les permiten planificar la producción tanto a nivel corporativo como social. El control efectivo del mercado por parte de unos pocos gigantes les permite realizar una planificación a gran escala incluso cuando compiten entre sí.

La escritora Grace Blakeley lo define muy bien. El actual sistema está «definido por una tensión (una dialéctica) entre los mercados y la planificación, en el que algunos actores son más capaces de ejercer control sobre el sistema que otros, pero en el que ningún actor (y mucho menos un individuo) puede controlar la dinámica de la producción. e intercambiar por completo. El capitalismo es un sistema que oscila entre la competencia y la coordinación; esta tensión es la que explica tanto su adaptabilidad como sus rígidas desigualdades».

En consecuencia, el conflicto real está en los fines de la planificación.

El economista Joseph Schumpeter defendió la noción del proceso de destrucción creativa que acaba con los monopolios. Esta teoría puede haber sido alguna vez un poderoso reflejo de la dinámica del capitalismo de principios del siglo XX. Sin embargo, ha dejado de ser útil porque las grandes corporaciones de hoy, con sus enormes activos, controlan el proceso de innovación tecnológica, compran o sofocan el crecimiento de empresas innovadoras que pueden amenazar su dominio absoluto en el mercado.

Por otro lado, el neoliberalismo no sólo busca moldear la economía sino también la personalidad de las personas. Foucault ya señaló la creación del yo emprendedor que se dedica principalmente a maximizar su propio interés. Esta auto conceptualización tiene el efecto de socavar la posibilidad de la acción colectiva, lo que deriva en la destrucción de la sociedad misma y su reemplazo por una competencia estructurada entre capitales humanos individuales, pero en un campo de juego fundamentalmente desigual.

Según los neoliberales, la contradicción entre mercado y planificación es una manifestación del conflicto más amplio entre el libre mercado y el Estado como principal principio organizador de la economía.

En sistema nacido tras la crisis de 2008, tanto el mercado como el Estado sirven a los intereses del gran capital. En su mayor parte, esto no se hace de manera directa e instrumental, como extender beneficios y ventajas a los capitalistas individuales, aunque no faltan casos en los que los contratos públicos o la legislación favorecen intereses comerciales particulares.

Es un hecho más importante que los estados, a través de la complicidad de la clase política, persigue solamente el interés general y el interés de largo plazo de las élites económicas, financieras y empresariales. En lugar de concebir al Estado como un instrumento que favorece al gran capital, ya hay que verlo como una institución o un conjunto de relaciones estructuradas que organizan a esas élites minoritarias en un grupo coherente, consciente de sus intereses y capaz de implementarlos.

En la actualidad, el concepto Estado se caracteriza por su relativa autonomía respecto de las relaciones de poder económico porque su papel primordial es estabilizar un modo de producción marcado por agudas contradicciones sociales. Además, con la complicidad de la clase política, el Estado está obligado a equilibrar las necesidades de acumulación de riqueza que aumenta los beneficios de las élites y la necesidad de legitimidad del sistema para mantener la estabilidad.

El gasto social puede reducir la acumulación de riqueza, pero es necesario para crear estabilidad política. Esta tensión da lugar a un estrato de tecnócratas para gestionar las compensaciones entre los dos impulsos primordiales de la acumulación y la legitimación de la riqueza.

La gestión de esta tensión se expresa, por ejemplo, en el equilibrio entre inflación y desempleo. Las élites ya tienen el poder de permitir que se genere gasto social, pero el objetivo real de los estados es mantener estable un sistema que preserve la división entre aquellos que sólo obtienen beneficios porque poseen los medios de producción y aquellos que son explotados por a pesar de ser los beneficiarios de las migajas del gasto social.

En consecuencia, ante una realidad como esta, en la que el sistema está corrompido desde sus mismas raíces, la ciudadanía tiene el deber de romper dicho sistema. No se trata de revoluciones, sino de obligar a la clase política a que haga su trabajo, sobre todo si se trata de opciones progresistas. La complicidad también es un modo de corrupción y mientras los políticos no entiendan esta conceptualización empírica de la realidad, la extrema derecha seguirá creciendo.