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Economía sumergida: fraude fiscal, social e insolidaridad total

Los euros ajenos al fisco evitan también legalidad y un necesario aporte del ciudadano y las empresas a las arcas públicas. La economía sumergida es un cáncer para todos

Juan-Carlos Arias
Juan-Carlos Arias
Agencia Andalucía Viva. Escritor
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análisis

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La economía invisible, la que no consta en soportes oficiales, es la que ejecutan potenciales contribuyentes de un país para no pagar los impuestos derivados de su actividad lucrativa. Esa realidad saca más beneficios por no abonar tributos, pero su ilegalidad afecta al resto de contribuyentes. Esa economía subterránea e insolidaria es, a las claras, el volumen de dinero negro que circula en un país. Sin rodeos: son transacciones monetarias no declaradas a las autoridades fiscales o monetarias.

La economía sumergida, no se engañen, tiene relevante impacto negativo y significativo en la global. Representa una pérdida de ingresos para estados y gobiernos más una evidente competencia desleal para negocios legales. Debemos añadir a dicho panorama ciertos conflictos sociales a tener en cuenta: carencia de protección al empleo y amparo sindical, explotación laboral e incremento de trasgresiones a las normas.

Esta economía se caracteriza por la falta de transparencia y ausencia de legalidad. El canal reclamatorio ante una transacción sin contrato, recibo, albarán o factura oficial no existe. Trabajadores/as y empresas que operan en esta economía no acceden a la seguridad social, ni a cobertura médica. Los intercambios en efectivo, sin registro contable, dificultan su control.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía sumergida representaría hasta el 20% del producto interior bruto (PIB) de España. Este porcentaje supera la media europea del 13%. Pero algunos países objetarían esa media. Multiplicarían tal dato porcentual hasta el 70% del PIB, caso de las repúblicas de Grecia, Bulgaria o Rumanía, según Eurostat.

Los estudios sobre esta economía son tributarios de la consabida opacidad que la caracteriza. Sólo encontramos uno con rigor de Fundación Cajas de Ahorro (Funcas). Llevaron a cabo un informe, muy optimista, que fue fechado entre 1980 y 1985. Sería lejano al siglo XXI. Perfilaba el 12,5% de la economía ‘no observada’, según la define la Comisión Europea.

Funcas estimó, sin embargo, en 2011 un 23,7% para la sumergida. Un colectivo de Técnicos de Hacienda calculó, en 2012, que un 10% de la economía no contribuyente al fisco rebaja el aporte de 28.000 millones de euros anuales a las arcas públicas. Los números de hace 11 años deben duplicarse por razón del IPC, precio del dinero e inflación desde entonces. 

Es más, el agujero recaudatorio sería parejo al desinterés oficial por calcularlo. Ningún gobierno, sea del color que sea, hizo esfuerzos por investigar el fraude fiscal. Algo, pues, va mal. España es el noveno país del mundo que más defrauda. La OCDE nos sitúa tras Estonia, Turquía, Polonia, Grecia, Eslovenia, Hungría, Italia y Portugal.

El dinero negro, no nos engañemos, se mueve con cierta impunidad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por cercarlo y hacerlo que contribuya. Desde 2021 se limitó a los 1.000 euros los pagos máximos de efectivo. La Ley nº 11/21-9 de Julio antifraude controlaría esa hemorragia al fisco.  

Efectos devastadores

La consecuencia más inmediata de la economía sumergida es una reducción notoria de los ingresos públicos. Y aquí aplica un efecto dominó: menor recaudación de impuestos y cotizaciones sociales aumentan el déficit fiscal. Este incrementó su ascenso, en el territorio español, con la crisis sufrida tras explotar la burbuja inmobiliaria (hipotecas subprime) y se recrudeció durante la post-pandemia. Muchos negocios cerraron, hubo despidos masivos. Una minoría se hizo más rica por prácticas especulativas.

El turbio panorama que se presenta lo remediaron gobiernos y estados europeos con la recaudación inesperada de impuestos indirectos (IVA, IIEE, ITP-AJD). Hubo varios factores clave: subida de precios en combustibles, suministros del hogar, alimentos y la vivienda.

Tal efecto debilita a la antes próspera clase media que hoy flaquea en número. Y se amplía un nuevo segmento poblacional de supervivencia. Hablamos de quienes no pueden permitirse lo que antaño integraba extras de su bienestar cotidiano (segunda vivienda, comidas en restaurantes, autos de media-alta gama, productos Premium, veraneos, viajes, etc.).   

Otro elemento añadido para el tema está en el dinero que fluye a la economía que se denomina ‘colaborativa’ y sus distintos modelos. Sus mentores la venden como vanguardia siglo-XXI. Sus efectos son de ruina para la economía real. Aumentan la inducción de la sumergida.

El efecto distorsionador del mercado aquí es plataforma, multinacional o pyme instrumental que capta y reparte el trabajo, pedidos o repartos. Vaya, vende clientela previo pago de cuotas, tokens, criptomonedas o precios variables en función de cantidades. Quienes cotizan estos espacios del dinero que fluye bajo factura suelen ceder a su vez o trabajar lo cedido en la economía sumergida. No les queda otro remedio para ser rentables.

Hablamos de riders, repartidores, guías turísticos, cuadrillas laborales, falsos autónomos, etc. Tal realidad genera una insolidaridad y competencia desleal sectorial que el regulador español (CNMC) llega tarde, mal pertrechado y con dispersión entre operadores llamados a evitar tales prácticas, repetimos, insolidarias. El camino penal es tortuoso y lentísimo.      

Una encuesta de Jobatus.es reveló datos sorprendentes sobre empleos en la economía sumergida española. Un 30% de partícipes admitió haber trabajado en uno de los cinco sectores no declarados. Vayamos al grano:

Construcción (9.5%)

El 9,5% de encuestados reveló haber trabajado sin contrato oficial. Sobre todo en 2008, cuando la burbuja estaba en su esplendor. Otros aceptaron empleos informales en pymes familiares tras la crisis. Recordemos que estas pymes, reúnen el 75% del empleo y aportan 62% al PIB.

Trabajo agrícola (8.9%)

El empleo en negro en este cosmos es común. Por la temporalidad de las cosechas y demanda cíclica de trabajadores. Así patronal evita costos laborales y regulaciones. Se añade carencia supervisora en algunas regiones. El PER en Andalucía y Extremadura añade hipocresía al asunto. Cosechas de aceitunas, uvas, fresas, verduras y frutas carecerían de los debidos controles oficiales. 

Hostelería (7.6%)

Un 7,6% de encuestados admite que cobró en “B”, es decir, en mano. La temporalidad y flexibilidad hacen que este sector sea opción para obtener ingresos ajenos al control de autoridades fiscales y laborales. Es un trabajo-refugio. Las partes implicadas se miran de reojo frente a sus conveniencias.

Asistencia doméstica (6.7%)

Además de otros ‘empleos sumergidos’ es complejo detectarlo por la complicidad inter-partes. Arrasa entre mujeres inmigrantes de América Latina y Europa del Este. La mayoría confesó haber trabajado en el cuidado doméstico sin declarar ingresos a Seguridad Social o Hacienda. Hay más venialidad sobre contratos de media jornada. La real se duplica, o sirve para legalizar inmigrantes con supuestos o reales empleos domésticos. 

Transporte y reparto (6.3%)

El auge experimentado, desde el 2020, del delivery (reparto), taxis y de sus gestores (pymes o multinacionales -Uber o Cabify-) vía contratas locales empata con carencia de contratos, seguridad laboral, formación y precariedad. El empleo en negro aquí cabalga sin desmayo y enriquece a especuladores o fondos inversores insaciables. Los contratos chirrían con las horas trabajadas, sin sobrecoste de horas extras o vacaciones. Sólo están   quienes no tienen alternativas de empleo

Lucha contra los ¿menos ‘malos’?

En la cultura latina, las trasgresiones que carecen de sangre o violencia parecen veniales, menores, al entender popular. Sin embargo, para la mentalidad protestante o luterana que comparten anglos/germanos parlantes los crímenes sociales (corrupción, fraude, estafa, desobediencia y/o atentado a la autoridad, nepotismo, malversación…) magnifican el reproche social y penal. Además, en España se repite en privado aquella máxima sobre ’que haya Justicia, pero que no pase por mi casa’. Es decir, que debemos pagar tributos, pero al fontanero o dentista le pago en mano para ahorrarme el IVA. Y esta realidad, tampoco nos engañemos, nos alcanza a todos y todas, para ser políticamente correcto ante la bronca del Ministerio de Igualdad.

La autoridad tributaria (AEAT) se toma muy en serio la lucha contra la economía sumergida. Además de las declaraciones ‘paralelas’ que ofician ya sesgos y algoritmos de la inteligencia artificial. AEAT en 2022 ejecutó 39.366 actuaciones sobre grandes empresas y patrimonios personales, abusos societarios y la economía sumergida. El último frente incrementó el 7,6% del ejercicio de 2021.

Esa lucha del fisco concluyó con 1.889.000 actas de control tributario en 2022, un 5,2% más que en 2021 y un 16,1% más que en 2020. Los números superaron con creces a los previos de la pandemia de 2020. Los resultados de la labor antifraude en 2022 para la AEAT recaudaron 16.675 millones, un 2,7% más que en 2021.

El pánico que ha creado esta campaña, casi perenne, de la AEAT añade que un 16,6% de contribuyentes haya declarado 10.536 millones de euros ocultos al fisco, más las declaraciones extemporáneas sin requerimiento que sumaron un 7,8% más. Las últimas compilaron 813 millones de euros.

El autobombo de la AEAT hace, y debe decirse, que su efectividad choque con que operan en territorio patrio multinacionales e inversores-buitre, casi todos/as de origen norteamericano, asiático y europeo. Apenas pagan tributos en España. Están radicados en paraísos fiscales y países europeos con privilegios tributarios agraviantes (Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre..).

Los grandes millonarios españoles, no se olvide, hacen años que ni tributan aquí lo debido. O bien integran sociedades instrumentales que se intercambian facturas, o usan testaferros, factureros (emisores de abonos ficticios) para opacar su actividad económica y movimientos dinerarios.

Otra gran víctima de la economía sumergida son las arcas de la Seguridad Social (SS). Como ya hizo la AEAT, hace poco tiempo que activó un buzón de denuncias que preserva el anonimato. Canaliza abusos, carencias e incumplimientos contractuales, prestamismo laboral, inmigración y trabajo ilegal fundamentalmente.

La Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude de la Seguridad Social lo lidera la inspectora Cristina Fernández con más voluntad que medios. Faltan verificadores presenciales de los fraudes. Hacen falta muchos más inspectores que constaten las trasgresiones.    

Otras víctimas de la economía sumergida (pymes, profesionales, mutuas, seguros y particulares) se defienden de este fraude por mecanismos internos (canal denuncia, compliance o expertos ajenos) o contratan a detectives privados con licencia.

En los divorcios y procesos de herencia emerge la economía sumergida que desaconseja pagos tributarios en el seno de empresas familiares, negocios privados, sobre ahorros en efectivo o bienes mobiliarios. Peor factura tiene el ‘blanqueo’ del fraude con fajos, menudeo del narco o la marihuana. Aunque el cerco al ‘cash’ que decretó la AEAT tiene efecto, hay un mundo económico paralelo que lo escurre

En los pleitos civiles, sociales y mercantiles o causas penales cuando aparece la economía sumergida todo da un vuelco. Hay que disfrazar el muñeco antes de atacarle o defenderlo, si se aceptan estos eufemismos del habla más coloquial. El velo del ‘b’ tapa más que aclara las cosas, desvía el foco o señala hacia caminos procesales donde se difumina todo.

Las nobles intenciones estatales de laminar la economía sumergida, pues son rotundas y efectivas en AEAT y SS, chocan con un enemigo interno. Los ‘malos’, para no dar muchos rodeos, están atentos a cómo proceden los mejores servidores públicos antifraude. Los fichan con ofertas difícilmente rechazables. Otras veces el cambio de acera es franqueando desde las puertas giratorias de la política a lo privado. Veamos en qué lugar pastan pastorean y quiénes son.

¿Dónde están? Auditoras y consultoras con anglicismos o acrónimos, macro-bufetes con apellidos de fuste, ciber-trabajando en pro de los ‘malísimos’ en casa. ¿Quiénes son? Exjueces, fiscales y LAJ (antiguos secretarios judiciales), inspectores fiscales y laborales, ciber-mandos de Policía Nacional, Ejército y Guardia Civil y hackers de turbio pasado.

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1 COMENTARIO

  1. Pero como no va a haber economía sumergida con todas las medidas que está aplicando el gobierno con la Yoli al frente:::subida de salario mínimo, subida de cotizaciones sociales, trabas y burocracia para abrir pequeños negocios, creación de chiringuitos para complacer el gobierno a sus lameculos( un ejemplo, el chiringuito de igualdá colectivos lgtbi etcccc).quere amnistía a terroristas y ladrones. Con estas medidas cada vez la gente está más quemada al darse cuenta de que el gobierno se ría en la cara?? y después quieren que no haya economía sumergida.??!

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