El miércoles 10 de septiembre el Congreso decidirá si admite a trámite la ley que reduce la jornada a 37,5 horas semanales. No es la aprobación definitiva ni su publicación inmediata en el BOE: es la puerta de entrada para discutir, enmendar y votar una reforma pactada por el Gobierno con los sindicatos. Tumbarla con una enmienda a la totalidad significaría clausurar el debate pese a que, según los sondeos, alrededor del 75% de la ciudadanía apoya la rebaja, con picos superiores al 80% en Cataluña.
Desde UGT y CCOO llaman a la movilización y a la responsabilidad individual de sus señorías. “Queremos trabajar menos para vivir mejor. Se puede decir más alto, pero no más claro”, resume Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Para Unai Sordo, líder de CCOO, impedir siquiera la discusión “sería un fraude democrático: se hurta un debate que afecta a 12 millones de personas”.
Qué se vota el miércoles
El pleno verá las enmiendas a la totalidad registradas por PP, Vox y Junts. Si prosperan, la propuesta decaerá. Si se rechazan, comenzará la tramitación: ponencia, enmiendas parciales y negociación. Álvarez recuerda que “no se pide adhesión ciega al acuerdo, sino abrir el proceso”. Sordo incide en la desconexión con la calle: “Hay grupos que quieren quitarse de encima el debate porque saben que su posición es impopular incluso entre sus propios electorados”.
Por qué importa: tiempo, salarios y productividad
La reducción de jornada se coloca en la misma senda que la subida del salario mínimo: mejorar la vida de quienes menos ganan sin dañar la economía. Sectores muy feminizados —comercio, limpieza, hostelería— serían los primeros en notarlo. Sordo pone un ejemplo sencillo: si por el mismo sueldo se pasa de 40 a 37,5 horas, “el salario por hora sube casi un 7%”. Para los vigilantes de seguridad, donde son frecuentes las horas extra, “el impacto puede ser inmediato”.
Álvarez subraya además el vector de productividad: reorganizar turnos, digitalizar procesos y poner la tecnología al servicio del trabajo humano. “Las 40 horas tienen más de cuatro décadas; desde entonces ha cambiado todo. No existía ni el móvil”, recuerda.
Europa no es una excusa: es el espejo
Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica operan con jornadas medias más bajas que España. Incluso dentro del país hay convenios —como algunos de hostelería— que ya fijan 37,5 horas y, lejos de hundir el sector, conviven con mejores salarios. “Decir que no se puede es negar la realidad”, insiste Álvarez.
Control horario: el otro frente inaplazable
Los sindicatos ligan la rebaja a un cumplimiento estricto del tiempo de trabajo. “En España se hacen cada semana 2,6 millones de horas extra que no se pagan ni se cotizan”, denuncia Sordo. Según sus cálculos, ese agujero equivale a unos 3.254 millones de euros al año y a la creación potencial de unos 170.000 empleos. “Trabajar 37,5 horas en lugar de 40 es esencial, pero lo es tanto o más que haya sistemas efectivos de control horario”, añade. En verano, cualquiera ha visto jornadas que se alargan “como pan de cada día” en hostelería y turismo.
Álvarez y Sordo señalan la paradoja de que partidos que registran enmiendas a la totalidad cuenten con bases sociales mayoritariamente favorables a la medida. “¿Cómo es posible que, con un 72% de apoyo entre votantes de Junts o más del 70% entre los de Vox, se nieguen a debatir?”, pregunta Álvarez. Para CCOO, el desprecio al diálogo social —agentes sociales reconocidos en la Constitución— “es también desprecio al marco constitucional”.
Sordo, mordaz, pone el foco en el sesgo de clase: “Resulta llamativo que diputados con sueldos altos y patrimonio voten contra reducir la jornada a camareras de piso o contra mejorar el salario/hora de vigilantes de seguridad”.
Movilización y mensaje a sus señorías
UGT y CCOO han convocado concentraciones en la práctica totalidad de provincias el mismo miércoles para “acompañar” la votación. “Está a nuestro alcance y no podemos dejarlo escapar”, lanza Álvarez. Sordo advierte: si prosperan las enmiendas, exigirán un nuevo proyecto de ley y la regulación reforzada del control horario; si no prosperan, mantendrán la presión durante toda la tramitación. “Quien crea que se libra del debate por cargarse el proyecto, se equivoca de medio a medio: la jornada va a perseguir al Parlamento toda la legislatura”, afirma.
Un recordatorio ético: Palestina
Ambos dirigentes abrieron sus intervenciones con un llamamiento sobre Gaza. Condenan “la masacre” y reclaman a España y a la Unión Europea medidas firmes. Para Sordo, no puede normalizarse lo que, “con la RAE encima de la mesa, es un genocidio”. El hilo conductor, dicen, es la defensa de derechos humanos y de la vida digna, también en el trabajo.
La votación del 10 de septiembre dirá si España discute con datos y propuestas una reorganización del tiempo de trabajo acorde al siglo XXI o si, por el contrario, se cierra la puerta a una demanda mayoritaria. “Apelamos a la responsabilidad personal de cada diputado y diputada”, cierra Álvarez. “No hablamos de disciplina partidaria, sino de responder a la voluntad de la mayoría”.
Sea cual sea el resultado, el mensaje sindical es nítido: jornada de 37,5 horas y control horario efectivo. Menos tiempo de trabajo, más vida, más productividad y más justicia salarial. Y, sobre todo, un Parlamento que escuche.