El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción de salario. Se trata de un compromiso recogido en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar, impulsado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que finalmente no ha contado con el respaldo de la patronal tras meses de negociación. Ahora, el texto deberá ser debatido en el Congreso, donde el Gobierno necesitará apoyos para sacarlo adelante.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha celebrado la aprobación de la medida calificándola de "hito en la modernización del mercado laboral en España" y ha instado al Partido Popular a decidir si quiere "reconciliarse con los trabajadores" o volver a posicionarse en contra de sus derechos. "No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir", ha declarado Díaz, reivindicando la necesidad de adaptar la legislación laboral a la realidad actual.
Enfrentamiento dentro del Gobierno y con la patronal
El proceso de negociación no ha sido sencillo. La CEOE y Cepyme han rechazado la reducción de jornada argumentando que este tipo de medidas deben pactarse en la negociación colectiva y que una imposición por ley puede dañar la competitividad empresarial, especialmente en las pymes. A pesar de los intentos del Gobierno por acercar posturas, el empresariado no ha dado su brazo a torcer y finalmente el Ejecutivo ha decidido seguir adelante sin su respaldo.
Pero las discrepancias no solo han surgido con los agentes sociales. Dentro del propio Gobierno, la medida ha generado tensiones entre los Ministerios de Trabajo y Economía. Mientras Yolanda Díaz defendía la reducción de jornada como un avance necesario, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se mostraba reticente a aprobarla sin tener en cuenta el impacto en las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, el Ejecutivo ha optado por aprobar la norma por la vía de urgencia y llevarla al Congreso sin más dilaciones.
¿A quién beneficiará la reducción de jornada?
El Ministerio de Trabajo estima que la nueva jornada de 37,5 horas semanales tendrá un impacto directo sobre 12,5 millones de trabajadores. De ellos, más de cuatro millones verán reducida su jornada en al menos una hora y media semanal. Sectores como la hostelería, el comercio, la industria manufacturera y la construcción serán los más beneficiados, ya que actualmente registran jornadas laborales más largas.
Según los datos de Trabajo, en la hostelería la jornada media pactada en convenio es de 39,4 horas semanales, lo que supondrá una reducción de 112 minutos de trabajo a la semana. En el sector de la información y comunicaciones, la disminución será de 109 minutos, mientras que en el comercio se trabajará 98 minutos menos por semana.
Por el contrario, sectores como la educación, la sanidad o la administración pública no experimentarán cambios significativos, ya que sus convenios colectivos ya establecen jornadas por debajo de las 37,5 horas semanales. En el caso de la educación, la media actual es de 34,3 horas, mientras que en la administración pública se sitúa en 35,9 horas.
Una reforma con impacto desigual en las comunidades autónomas
El impacto de la reducción de jornada no será homogéneo en todas las regiones de España. En comunidades como el País Vasco y Navarra, donde un porcentaje elevado de trabajadores ya tienen jornadas reducidas, la medida afectará a menos empleados. En cambio, en comunidades como Canarias y la Comunidad Valenciana, donde la mayoría de los trabajadores tienen jornadas más extensas, el impacto será mucho mayor.
En el País Vasco, el 52% de los trabajadores ya tiene jornadas de 37,5 horas o menos, mientras que en la Comunidad Valenciana y Canarias apenas el 7% de los asalariados disfruta de esta reducción. En términos generales, el recorte de jornada afectará a más del 85% de los trabajadores con convenio en la mayoría de las autonomías.
Un reto en el Congreso: el PP, clave en la votación
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria, donde se enfrentará a una compleja negociación. Aunque el PSOE y Sumar impulsan la medida, necesitan el respaldo de otras formaciones políticas para garantizar su aprobación. De momento, Junts ha advertido que podría bloquear la tramitación, lo que añade incertidumbre al proceso.
En este contexto, Yolanda Díaz ha puesto la pelota en el tejado del PP, recordando que en la votación de la reforma laboral los populares se abstuvieron. "¿Aprovecharán esta oportunidad para reconciliarse con los trabajadores o volverán a cometer el mismo error?", ha lanzado la ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La respuesta de los populares aún no está clara, pero su voto será determinante.
La jornada laboral en España: un debate de décadas
La reducción de la jornada laboral ha sido un tema recurrente en el debate político y sindical en España. La última gran reforma en este sentido se produjo en 1984, cuando se estableció el tope de 40 horas semanales. Desde entonces, la media de horas trabajadas ha ido disminuyendo gradualmente gracias a la negociación colectiva, pero sin una reforma legal de calado.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, la jornada media pactada en convenio ha pasado de 38,5 horas en 2007 a 38,3 horas en 2023, lo que evidencia un estancamiento en la reducción del tiempo de trabajo. La nueva medida pretende acelerar este proceso y equiparar a España con otros países europeos donde las jornadas laborales son más cortas.
El Gobierno defiende que la reducción de jornada no solo mejorará la calidad de vida de los trabajadores, sino que también aumentará la productividad y reducirá el absentismo laboral. Sin embargo, la patronal insiste en que puede generar dificultades en sectores con alta carga de trabajo y poca capacidad para contratar más personal.
¿Cómo se aplicará la reducción de jornada?
El texto aprobado establece que la reducción de jornada se aplicará de forma progresiva: en una primera fase, la jornada máxima pasará de 40 a 38,5 horas semanales en 2024, y en 2025 se reducirá hasta las 37,5 horas. La norma también incluye el derecho a la desconexión digital, lo que garantizará que los trabajadores no tengan que responder correos o llamadas fuera del horario laboral.
El Ministerio de Trabajo ha anunciado que se prevé un régimen de ayudas para las pymes que necesiten adaptarse a la nueva jornada. No obstante, los detalles de estas ayudas deberán negociarse en el trámite parlamentario.
Una medida que marcará la legislatura
La aprobación de la reducción de jornada supone uno de los grandes hitos del Gobierno de coalición en materia laboral. A falta de ver cómo se desarrolla su tramitación en el Congreso, la medida ya ha generado un intenso debate político y económico. Con el respaldo de los sindicatos y la oposición frontal de la patronal, el futuro de la reforma dependerá de las alianzas que el Ejecutivo logre en el Parlamento.
La pregunta ahora es si el PP y otras fuerzas políticas aceptarán la reducción de jornada como un avance social o si, por el contrario, intentarán frenarla en su paso por las Cortes. La respuesta, en las próximas semanas.