El Tribunal Constitucional rechazó esta semana el recurso planteado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso contra el Impuesto a las Grandes Fortunas del Gobierno central. Entre los objetivos de esta figura tributaria estaba anular la bonificación del 100% que la región madrileña aplica sobre el Impuesto sobre el Patrimonio.
Ayuso derrotada
Una vez derrotada, y para que los fondos que no se están recaudando en la región, no se los quede el Ministerio de Hacienda, Ayuso y su consejero de Economía, Hacienda y Empleo modificará la bonificación al impuesto de Patrimonio. Se busca que los fondos se queden en la región. Los declarantes con patrimonios por debajo de 3 millones de euros seguirán sin pagar Patrimonio y con la bonificación al 100%
El objetivo es que la modificación legal entre en vigor este mismo año tras recibir el respaldo legislativo y se prevé una recaudación anual de 555 millones. Díaz Ayuso anunció este martes que la región va a tramitar de urgencia una nueva ley que le permita recaudar el también conocido como impuesto a los 'ricos'. Pero realmente lo que hace es volver a gravar el Patrimonio en la Comunidad de Madrid.
La medida anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se articula a través de una modificación de la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio, pero no una nueva ley, entre otras cosas porque no se puede aprobar una ley menor contra y lay mayor, en este caso, una norma ya en vigor del Gobierno central.
Exentos
De igual manera, los contribuyentes no afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas seguirán sin pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, como era de prever. Es decir, los contribuyentes con fortunas entre los 700.000 y los tres millones de euros seguirán exentos de pagar este tributo.
De esta manera, lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiere es dar más recaudación al Gobierno central, si se puede quedar en las arcas autonómicas. Pero esto ya no será posible este año y habrá que esperar al 2024.
La recaudación del impuesto a los ricos de 623 millones de euros demuestra que Ayuso y Moreno Bonilla han creado dos paraísos fiscales. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presumido de liderar la economía que se basa en una política fundada en el dinamismo, la libertad económica y los bajos impuestos, es decir, de haber creado un “paraíso fiscal”.
Impuesto temporal de Solidaridad
El Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas ha recaudado 623 millones de euros en 2023 ha comunicado el Ministerio de Hacienda. En concreto, 12.010 grandes patrimonios, que apenas representan el 0,1% de los contribuyentes en España, han abonado por este Impuesto, complementario del de Patrimonio, una cuota media de 52.000 euros. Por tanto, esta figura tributaria cumple el objetivo marcado por el Gobierno de avanzar en una política fiscal más progresiva en el que se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen en un contexto de alza de precios por la guerra de Ucrania.
Además, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio. Se trata de un impuesto estatal de carácter temporal para los años 2023 y 2024.
Victoria absoluta se María Jesús Montero
De esta manera, María Jesús Montero y el Estado pierden recaudación pero logran parte de su objetivo que no es otro que nivelar el Impuesto sobre el Patrimonio haciendo que las autonomías del Partido Popular vuelvan a recaudar el tributo, aunque sea de manera parcial.
El camino emprendido por Ayuso es lo que le espera a Juan Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que también ha bonificado al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y que espera a que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso a Grandes Fortunas que interpuso en primavera, y que todo hace pensar que será rechazado.
“Se está estudiando tanto esa vía como otras alternativas”, afirman desde fuentes del Gobierno andaluz. Insisten en que lo prioritario es que este impuesto, que tachan de “ideológico y reaccionario a la decisión de ejercer su autonomía financiera, no repercuta en la inversión en la comunidad”, pero poco pueden hacer.