Caso Popular: el Gobierno de Sánchez debe defender a los afectados en Europa para no ser como el de Mariano Rajoy

El Caso Banco Popular se ha convertido en una prueba de fuego para el nuevo Gobierno desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha admitido la personación del Reino de España en las causas que allí se dirimen y en las que los afectados están reclamando que se haga justicia y se anule decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de resolver la entidad.El informe de los peritos del Banco de España entregado en la Audiencia Nacional demuestra que el Banco Popular no debió ser resuelto porque era una entidad solvente y viable que tenía un problema de liquidez generada durante la etapa en la que la entidad fue gestionada por Emilio Saracho. Este punto es importante para que el Estado se coloque del lado de los afectados y no de la banca. Podría ser entendible que se ubicara en contra si gobernase con los votos de Ciudadanos, en primer lugar por la "sugerencia" del Santander del pasado lunes y, en segundo término, por el "patrocinio" del banco cántabro al partido de Albert Rivera. Sin embargo, sería incomprensible, desde un punto de vista humano e ideológico, que un Gobierno de Sánchez antepusiera los intereses de la banca a los de la ciudadanía.El Gobierno debería saber que la JUR está acusada por la Justicia europea de la comisión de 6 presuntos delitos, en concreto, por violación de los derechos de defensa y tutela judicial efectiva, del deber de diligencia y buena administración, del derecho a la propiedad, del derecho a ser oído, de la no concurrencia de los requisitos para la aplicación del instrumento de resolución y la impugnación del informe de valoración de Deloitte.Además, el Gobierno debe saber que existe una doble nulidad de la resolución al iniciarse el proceso antes de que el Popular hubiese sido declarado inviable. Esto sucedió cuando el día 3 de junio el FROB, la JUR y Saracho decidieron iniciar el Proyecto Hipócrates, es decir, el proceso de resolución. En segundo término, la venta al Santander dos horas después de que hubiese finalizado el plazo determinado por el propio FROB. Además, hay que recordar la exclusiva de Diario16, en la que se demostró que el Banco de España aprobó la operación al Santander el día 6 de junio, es decir, antes de que se iniciara el proceso de venta.Por otro lado, el Gobierno debería saber que uno de los puntos críticos en la caída de liquidez del Popular se produjo cuando los organismos públicos retiraron sus depósitos en masa el día 5 de junio y que en la actualidad se está investigando en la Audiencia Nacional si pudo existir información privilegiada para que estas administraciones y empresas públicas retiraran más de 5.000 millones en un solo día.El Gobierno debería saber que Mariano Rajoy puso a la Abogacía del Estado al servicio del Santander y, por tanto, en contra del más de un millón de personas arruinadas por la resolución. Diario16, a través de distintas fuentes cercanas a la Justicia Europea, tuvo acceso a un documento del Ministerio de Exteriores inscrito en el Registro del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el que el Reino de España solicita «ser admitido a intervenir […] en apoyo de la JUR». En concreto afirma lo siguiente:«El Reino de España, representado por don Santiago Jiménez García, Abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, siendo el domicilio de notificación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación […], tiene el honor de solicitar ante ese Tribunal, conforme a las disposiciones conjuntas del artículo 40 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el ser admitido a intervenir en el precipitado asunto en apoyo de la Junta Única de Resolución».La solicitud para que el Reino de España fuese uno de los defensores de la JUR en contra de los afectados del Popular fue admitida por el TGUE el pasado día 5 de julio de 2018, por lo que el Estado español, desde el Jefe del Estado hasta el Gobierno, se enfrentó a los afectados del Banco Popular.El Ejecutivo debe recordar que presidente Sánchez afirmó que su Gobierno siempre actuaba «en interés de la ciudadanía» cuando anunció la aprobación del Real Decreto por el cual el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados no lo tendrían que pagar más los ciudadanos y sí la banca. En el Caso Banco Popular el interés de la ciudadanía está en que más de un millón de personas lleguen a un acuerdo con el Banco Santander para que se les devuelva el dinero que se les arrebató el día 7 de junio. Sin embargo, en el caso de los afectados del IRPH el Gobierno se puso claramente del lado de la banca en la vista oral ante el TJUE. La abogada del Estado, María José García Valdecasas-Dorrego, realizó una intervención que bien podría haber hecho cualquier abogado defensor de la banca. El hecho más notorio de la defensa del Estado a los intereses de la banca vino cuando la letrada solicitó al TJUE que, en caso de que el Tribunal determinase la nulidad del IRPH, no se aplicase ningún tipo de retroactividad puesto se provocaría un grave perjuicio económico. ¿A quién? Evidentemente, a la banca, no al Estado. Por tanto, lo que la representante del Reino de España es que no se devolviera el dinero cobrado de más a los afectados.El Gobierno acaba de ser reelegido por los ciudadanos para, precisamente, realizar una acción de gobierno en favor de los ciudadanos y no de los poderosos. Por tanto, en el Caso Banco Popular desde el presidente del Gobierno, pasando por las ministras de Economía y de Justicia y el ministro de Exteriores tienen una oportunidad de mostrar a la ciudadanía española que el Ejecutivo está del lado de las víctimas de los abusos de la banca.El Gobierno debería saber que el Defensor del Pueblo ha sido muy claro en este sentido al reclamar al Santander que alcance un acuerdo extrajudicial con los afectados.Por tanto, el Gobierno debe ponerse del lado de los ciudadanos porque las consecuencias de anular la resolución no pueden ser peores para el Santander que las que están sufriendo 305.000 familias. La ministra de Economía, Nadia Calviño, tras el informe del Banco de España y el inicio de investigaciones por parte de la Audiencia Nacional sobre la posibilidad del uso de información privilegiada para la retirada de depósitos, debe iniciar una investigación interna dentro del Ministerio para determinar la responsabilidad de la administración de Luis de Guindos en el Caso Banco Popular, la presunta participación de los organismos dependientes de Economía como el Banco de España, el FROB, la Secretaría del Tesoro y la CNMV.Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, debe investigar cómo es posible que se haya desimputado al Santander precisamente cuando el recurso de la entidad ha caído en la Sala de lo Penal en la que se encuentra el juez Fernando Andreu quien realizó una instrucción inexistente, sobre todo teniendo en cuenta que fue el magistrado que archivó la causa contra la familia Botín por la ocultación de 2.000 millones de euros en el HSBC suizo o que asistió a la presentación del libro de Manuel Medina Se vende banco por un euro, un volumen que contó con las bendiciones de la presidenta del Santander. El propio Andreu reconoció a este periódico que asistió a la presentación porque el autor es amigo suyo, un hombre que ha trabajado para el Santander como asesor y lobista. La Justicia española no puede permitirse otro escándalo más ni que se pueda pensar que se está boicoteando la instrucción del juez Calama Teixeira precisamente cuando los recursos caen en la sala en la que trabaja Andreu.Finalmente, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, debe retirar de inmediato la presencia de abogados del Estado defendiendo los intereses de la banca, en este caso y en cualquier otro, porque un gobierno progresista no puede tener la sombra de ser cómplice de los abusos del sector financiero contra los ciudadanos.Sólo las dictaduras se enfrentan a los intereses de su pueblo. El hecho de que el Estado se vuelva a personar en contra de los afectados del Popular sería una prueba más de la presunta connivencia y complicidad de las instituciones económicas y políticas con el banco presidido por Ana Patricia Botín para hacerse con el Banco Popular por un euro.  Un Gobierno progresista y de izquierdas no puede permitir esto y, por lo tanto, debe actuar de inmediato porque si no lo hace será tan cómplice como lo fue el anterior.