CEPES y entidades sociales instan a diferenciar los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social en la Ley Integral de Economía Social

Los CEEIS son actores esenciales en el modelo de empleo para personas con discapacidad

20 de Marzo de 2025
Actualizado a las 15:51h
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CEPES y entidades sociales instan a diferenciar los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social en la Ley Integral de Economía Social

En el marco de la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Integral de Economía Social, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), junto con ONCE, CERMI, FEACEM, AEDIS e IGUALIS, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para que se reconozca y diferencie de manera explícita el papel de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como actores esenciales dentro de la Economía Social en España.

Las entidades firmantes recalcan la importancia de esta distinción, dada la diferencia estructural entre los CEEIS y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (CEEIE). Mientras los primeros operan sin ánimo de lucro y reinvierten la totalidad de sus beneficios en la integración laboral de personas con discapacidad, los segundos buscan maximizar beneficios, aunque también emplean a este colectivo. La diferenciación entre ambos modelos, reconocida legalmente desde 2017, debe quedar reflejada de forma inequívoca en la nueva legislación para garantizar la coherencia con los principios de la Economía Social.

Reivindicaciones y aclaraciones ante argumentos críticos

No se prevé la desaparición de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial. La delimitación de los CEEIS como actores de la Economía Social no implica la eliminación de los 1.694 CEEIE ni la expulsión del mercado de los más de 64.000 trabajadores con discapacidad empleados en ellos. Estos centros podrán seguir operando con normalidad dentro del marco legal vigente.

No se desincentiva la contratación de personas con discapacidad. La normativa actual garantiza que tanto CEEIS como CEEIE continúen accediendo a los mecanismos de apoyo a la contratación de personas con discapacidad. Además, en el ámbito de la contratación pública, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ya establece reservas de contratos específicas para los CEEIS debido a su misión social reforzada.

No se incrementa el gasto público. La inversión en CEEIS ha demostrado generar un mayor retorno económico y social en comparación con otros modelos empresariales, contribuyendo a la reducción de costes sociales y al aumento de ingresos fiscales y cotizaciones.

Las organizaciones firmantes subrayan que la consolidación de los CEEIS dentro de la Economía Social responde a un modelo probado de éxito en la inclusión laboral de personas con discapacidad. En este sentido, destacan el papel del Grupo Social ONCE, el mayor empleador mundial de personas con discapacidad, como ejemplo del impacto positivo de este enfoque.

Llamamiento a la claridad legislativa

CEPES, ONCE, CERMI, FEACEM, AEDIS e IGUALIS instan a los legisladores a no equiparar en la Ley Integral de Economía Social dos modelos empresariales distintos y a reconocer explícitamente la singularidad de los CEEIS. La delimitación clara dentro de la Economía Social no implica restricciones adicionales, sino una garantía de coherencia con los principios de inclusión y bienestar social que rigen este sector.

Sobre las entidades firmantes

CEPES es la principal organización representativa de la Economía Social en España, agrupando a 32 socios que representan a más de 46.000 empresas y al 12% del empleo en el país.

CERMI representa a más de 6.000 entidades y 4,5 millones de personas con discapacidad en España.

ONCE cuenta con más de 75.000 trabajadores y 71.000 afiliados, siendo el mayor empleador de personas con discapacidad a nivel mundial.

IGUALIS aglutina a 1.515 entidades con más de 57.600 trabajadores en el ámbito de la iniciativa social.

FEACEM representa a más de 800 CEEIS con más de 50.000 trabajadores con discapacidad.

AEDIS representa a 500 entidades dedicadas a la atención, empleo y educación de personas con discapacidad intelectual.

Las entidades firmantes reiteran su disposición al diálogo con las fuerzas políticas para garantizar que la Ley Integral de Economía Social refleje de manera fiel los principios que rigen el sector y proteja los modelos empresariales orientados a la inclusión social efectiva.

 

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