El dato definitivo de inflación de noviembre, confirmado en un 2,4%, marca un nuevo repunte que no se veía desde hace dos meses. Este incremento, impulsado principalmente por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes, ha llevado al IPC interanual a un nivel que, si bien dista de los picos de 2022, recuerda que las presiones inflacionarias siguen vivas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el efecto escalón en los precios energéticos es el principal responsable de este aumento. Hace un año, noviembre registraba una bajada significativa en la electricidad y los carburantes, algo que contrasta con su estabilidad actual.
Alimentación y energía: dinámicas divergentes
La buena noticia llega del lado de los alimentos. Aunque su subida acumulada durante el año ha sido un foco de preocupación, en noviembre la inflación alimentaria se mantuvo estable en un 1,7%, por debajo de la inflación general. Productos básicos como el aceite, que durante meses protagonizaron alzas descontroladas, han reducido su precio respecto al año anterior.
A pesar de ello, el aumento en los costes energéticos vuelve a situarse en el centro del debate económico. Las tensiones internacionales, junto a la transición energética en marcha, siguen condicionando los precios de la electricidad y el carburante, sectores clave que afectan transversalmente al resto de la economía.
Pensiones: una subida histórica del 2,8%
Con este dato del IPC, el sistema de pensiones se revalorizará un 2,8% en 2025. Esta medida beneficia a más de 9,3 millones de pensionistas que reciben prestaciones contributivas y a 720.000 personas del régimen de clases pasivas. Desde 2021, el mecanismo de cálculo vincula la subida de las pensiones a la inflación media interanual, garantizando así el poder adquisitivo de los pensionistas.
En términos prácticos, esta revalorización significa que la pensión contributiva media, actualmente en torno a los 1.296 euros al mes, experimentará un aumento de aproximadamente 500 euros al año. Las pensiones de jubilación, las más comunes y que afectan a casi 6,5 millones de personas, subirán unos 40 euros al mes, alcanzando los 1.489 euros. Por su parte, la pensión mínima con cónyuge a cargo se situará en 1.033 euros mensuales.
Sostenibilidad del sistema: un reto millonario
Sin embargo, este incremento supone un coste significativo para las arcas públicas. Cada punto porcentual de revalorización representa un gasto adicional de 2.000 millones de euros para la Seguridad Social. Así, el aumento del 2,8% para 2025 implicará un desembolso cercano a los 6.000 millones, sin contar el posible incremento diferencial de las pensiones mínimas y no contributivas, que podrían superar ese porcentaje.
En 2024, el esfuerzo económico alcanzó los 7.300 millones de euros solo en la revalorización general, cifra que ascendió a más de 8.000 millones al incluir las subidas extraordinarias para los colectivos más vulnerables. Este escenario evidencia la presión fiscal que genera un sistema de pensiones que, aunque esencial para la cohesión social, demanda ajustes estructurales para garantizar su sostenibilidad.
A quien afecta la subida de las pensiones
La reforma de pensiones de 2021 establece mecanismos clave para fortalecer el sistema, como el destope progresivo de las bases máximas de cotización y la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este último incrementará las cotizaciones sociales en un 0,1% anual hasta alcanzar el 0,8% en 2025, contribuyendo a financiar el gasto creciente.
Adicionalmente, la edad legal de jubilación seguirá aumentando de forma gradual. En 2025, quienes no alcancen los 38 años y 3 meses de cotización deberán esperar hasta los 66 años y 8 meses para retirarse, mientras que los demás podrán hacerlo a los 65 años.
Por otro lado, la "cuota de solidaridad", que gravará los salarios por encima de la base máxima de cotización, se implementará para reforzar los ingresos del sistema. Esta medida, aunque no genere derechos adicionales de pensión, es un paso hacia un modelo más equitativo y sostenible.
Una inflación moderada, pero persistente
A pesar de la revalorización de las pensiones, el dato del IPC de noviembre plantea interrogantes sobre la estabilidad económica a medio plazo. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, se mantiene en el 2,4%, lo que indica una persistencia de las presiones inflacionarias en sectores clave.
Este escenario contrasta con las expectativas de moderación que habían prevalecido tras el descenso al 1,5% en septiembre. La volatilidad de los precios energéticos y los desequilibrios en la oferta y demanda global siguen siendo factores que condicionan el panorama inflacionario.
Impacto social y económico
Para los pensionistas, la revalorización del 2,8% es un alivio en un contexto marcado por la incertidumbre económica. Garantizar su poder adquisitivo es crucial para mantener la calidad de vida de una población envejecida que, en muchos casos, depende exclusivamente de estas prestaciones.
Sin embargo, el coste asociado a esta medida pone de manifiesto la necesidad de un debate amplio sobre el futuro del sistema. Asegurar su viabilidad requiere un equilibrio entre derechos sociales y sostenibilidad financiera, así como un compromiso político que trascienda legislaturas.