El Tribunal Constitucional alemán ha rechazado el recurso que intentaba paralizar el fondo de recuperación europeo, allanando el camino a su ratificación. La corte admitió a trámite el recurso el 26 de marzo y dejó en suspenso la aprobación por parte de Alemania del fondo, que requiere de la unanimidad de los 27 miembros de la Unión Europea.
En un comunicado del propio tribunal, el análisis previo de los juristas indica que “no es altamente probable que el tribunal encuentre una violación” de la normativa alemana. El tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.
La demanda por el procedimiento de urgencia fue presentada por un grupo de economistas en torno al político Bernd Lucke, exlíder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AFD). El alto tribunal alemán sostiene “que retrasar la entrada en vigor de la decisión sobre los recursos propios afectaría negativamente al objetivo perseguido por la Unión Europea. Las desventajas resultantes de esta parálisis podrían resultar irreversibles y, dado que el instrumento de recuperación busca abordar las consecuencias de la pandemia de Covid-19 de forma inmediata y urgente, paralizarlo socavaría la reconstrucción económica. Por el contrario, matiza, las desventajas que surgirían si más adelante se declarara inconstitucional la ley "tienen un peso significativamente menor”.
Los magistrados asumen que “es más pernicioso paralizar el proceso que dejarlo continuar mientras que lo analiza en profundidad, con lo que viene a rechazar tomar algún tipo de medida cautelar mientras tanto”.
La decisión del tribunal supone un espaldarazo al plan de ayudas de 750.000 millones de euros diseñado por la Unión Europea en respuesta a la crisis del Covid-19 y podría evitar un severo retraso de los primeros desembolsos, aunque el dictamen definitivo sigue pendiente.
El reparto de fondos sigue condicionada al visto bueno a la aportación de recursos propios que deben aprobar todos y cada uno de los socios comunitarios.
Este paso, clave para permitir que la Comisión pueda emitir deuda conjunta con la que financiar el programa, ya había sido avalada por Alemania, así como por España y otros 15 países comunitarios. Sigue pendiente, sin embargo, el aval de Polonia, Irlanda, Países Bajos, Finlandia, Estonia, Lituania, Austria, Rumanía y Bulgaria.
España recibiría un primer pago de 9.000 millones de euros en forma de anticipo de las ayudas a recibir, y un abono ya semestral de 16.000 millones de euros en la segunda mitad del año, completando los 27.000 millones que tiene asignados para el año 2021.
Desde 2022, el resto de los desembolsos tendrá lugar de forma semestral ligado al cumplimiento de hitos de los planes de recuperación, hasta completar los 70.000 millones en subvenciones a finales de 2023 en el caso de España, que optará a otro tanto en créditos blandos hasta 2026.