La prórroga de los ERTE llega a su fin el próximo 30 de septiembre y, con ello, el panorama empresarial vuelve a sufrir las consecuencias de la moratoria en la toma de decisiones que ha supuesto la ampliación en el plazo de presentación de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Aunque desde el Gobierno señalan la intención aprobar una nueva ampliación que estaría vigente hasta enero de 2022, lo cierto es que a una semana de finalizar esta medida, ni los empresarios ni los trabajadores tienen claro qué condiciones y términos contemplará esta nueva prórroga en caso de formalizarse.
Expertos especializados en insolvencias y reestructuraciones, apuntan las problemáticas que van a resultar entre las entidades en las próximas semanas e incluso meses, con motivo de esta medida.
Trascurrido el plazo de vigencia de los ERTE, las compañías van a tener que hacer frente a diversas dificultades. En esta vuelta a la realidad, con la reincorporación de la plantilla, las complicaciones para el abono de los salarios, así como los costes sociales de los trabajadores, van a verse traducidos en insolvencias y obligaciones que pueden derivar en concursos de acreedores. Es en el seno de la pieza de calificación del concurso donde la prórroga injustificada de los ERTE puede conllevar consecuencias negativas para los administradores sociales, en tanto pueda entenderse que ha existido un retraso en la solicitud del concurso y/o una agravación de la insolvencia.
En esta línea, Teresa Ezquerra, abogada de Abencys, asegura que “con el fin de los ERTE muchas empresas se van a ver en situaciones complicadas debido al retraso en la toma de decisiones de los empresarios que supuso la prórroga de esta medida que ha enmascarado, en muchos casos, una situación de insolvencia inminente”.
Complicaciones en el entorno laboral
Además, a pesar de que los ERTE se presentaron con el objetivo de conseguir una mayor solvencia en las entidades, además de regular aspectos alrededor de ellos, en la práctica, en algunos casos, ha complicado el manejo de plantillas, ya que los cambios que los empresarios pueden hacer en situación de ERTE son limitados y tienen que estar fundamentados en los parámetros determinados por los Expedientes.
“Durante la situación que hemos vivido con los ERTE, muchos empresarios han visto cómo el control y organización de sus plantillas pasaban por momentos tensos en los que la incertidumbre formaba parte del día a día, sobre todo al no poder dar una respuesta clara sobre los despidos o reincorporaciones, ni tampoco los plazos a los que se enfrentaban”, añade Ezquerra.
La moratoria concursal, un agravante
Si el fin de los ERTE sucediera en este momento, la previsión es que un mayor número de empresas se acoja al concurso de acreedores. Pese a ello, esto también se presenta como un peligro para la solvencia de muchas entidades, ya que simplemente prolonga la toma de decisiones retrasando la presentación de concurso.
Ezquerra apunta que “esto puede suponer que, transcurrido el plazo de vigencia de los ERTE, con la reincorporación de la plantilla, algunas compañías se encuentren con la dura realidad de no poder hacer frente al abono de los salarios y costes sociales de sus trabajadores, lo que puede traducirse en la insolvencia de la compañía y en la obligación de solicitar el concurso de acreedores”.
Y es en el seno de la pieza de calificación del concurso donde la prórroga injustificada de los ERTE puede acarrear consecuencias negativas para los administradores sociales, en tanto pueda entenderse que ha existido un retraso en la solicitud del concurso y/o una agravación de la insolvencia. En definitiva, la prórroga de los ERTE puede estar en muchos casos enmascarando una situación de insolvencia inminente.