El Gobierno acuerda con los sindicatos un Plan de choque para reducir los interinos en la administración. El acuerdo establece, entre otras medidas, una duración máxima de tres años a la relación de interinidad y sanciones por incumplimiento. Se realizará un último proceso de estabilización para los interinos que ocupen actualmente plazas de carácter estructural.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha suscrito con los sindicatos CCOO UGT y CSIF el acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Este se aprobará el Consejo de Ministros de esta mañana a través de un Real Decreto-ley.
La firma
El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, ha presidido previamente la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, donde están representadas las CCAA, la FEMP y los sindicatos.
A la firma del acuerdo, junto al ministro, han asistido el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrell. Por los sindicatos, han suscrito el acuerdo Francisco García Suárez, por CCOO, Julio Lacuerda, por UGT, y Miguel Borra, por CSIF.
Proceso de estabilización
El proceso de estabilización, que deberá estar resuelto antes del 31 de diciembre de 2024, afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente.
A las ocupadas de forma temporal y de manera ininterrumpida al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público de los años 2017 y 2018.
UGT decidió que era indisociable para hablar de la estabilización del personal temporal el poder atajar las causas que provocan la temporalidad. El Secretario General de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, ha subrayado que este acuerdo “adopta medidas preventivas y sancionadoras para evitar las irregularidades que convierten a nuestro país cíclicamente en un país en abuso de temporalidad”.
Según Lacuerda, el texto adopta medidas preventivas obligando a sacar la plaza a provisión, convocar la OPE en un plazo máximo de tres años, y limita sin condiciones la durabilidad de la interinidad hasta tres años. Y en cuanto a las medidas sancionadoras, “consecuencia del abuso, establece la nulidad de pleno derecho, la compensación económica por el interino objeto de conducta irregular, que no existía en nuestro país, la exigencia de responsabilidades disciplinarias, patrimoniales y penales para los responsables del nombramiento temporal irregular, y hacer que esa plaza no pueda volver a ser ocupada si no es por personal funcionario de carrera”. Y “en materia de estabilización, el avance”, a juicio del responsable de UGT Servicios, “es también muy sustancial”.
Además de respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia, y sin perjuicio de la normativa propia de cada Administración o de normativa específica, los procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición. La fase de concurso, en la que se computará mayoritariamente la experiencia acumulada en el cuerpo, escala, categoría o equivalente, supondrá un 40%.
Reforma del TREBEP para evitar en el futuro elevadas tasas de temporalidad
El acuerdo recoge la reforma del artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) que especificará la causa y término del nombramiento del personal interino, solo por cuatro modalidades:
- Por vacante cuando no sea posible hacerlo por personal funcionario de carrera y con una duración máxima de tres años desde el nombramiento.
- Además, por sustitución transitoria de titulares el tiempo estrictamente necesario.
- Por exceso o acumulación de tareas con un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses.
- Se mejora asimismo la definición de la figura del personal funcionario interino: se refuerza el carácter de temporalidad al descartarse cualquier expectativa de permanencia tras una selección con publicidad y celeridad.
- Se definen las causas de finalización y la duración máxima; y se establece la no discriminación entre el régimen jurídico del personal interino y el personal funcionario de carrera.
El texto, que recoge la eventualidad de una conducta irregular por parte de la Administración. Además contempla que el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia dará lugar a una compensación económica equivalente a 20 días de las retribuciones fijas por año de servicio del personal interino, y la exigencia de responsabilidad a la Administración pública incumplidora.
Educación, Sanidad u otros
Aquellos ámbitos sectoriales que, como Educación, Sanidad u otros, disponen de legislación específica tendrán un plazo de un año para adaptar su legislación a las previsiones de la reforma del TREBEP.
En septiembre, Gobierno y sindicatos acordarán un calendario de negociación para avanzar en el resto de materias contempladas en el TREBEP. En otras que redunden en la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio de las Administraciones públicas. Se deberá poner especial atenció a las relacionadas con la promoción interna, la provisión y la movilidad.
Este acuerdo de hoy se suma a los suscritos en 2017 y 2018, que han ofertado 218.671 plazas. De ese número, se han convocado 154.483 y ya se han cubierto 56.236, según datos del mes de abril.
Para la selección de personal funcionario interino se acudirá a procedimientos que respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.
Responsabilidades de las administraciones
La reforma prevé la exigencia de responsabilidades por incumplimiento:
- Imposibilidad de cubrir por personal funcionario interino una plaza vacante que haya sido ocupada ya durante el tiempo máximo por un interino, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto.
- Establecimiento de un régimen de compensaciones. La reforma prevé una compensación económica para el personal funcionario interino afectado.
Compensación económica 20 días/año
El personal interino que no apruebe los procesos selectivos de temporalidad tendrá derecho a una compensación económica equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, hasta un máximo de 12 mensualidades.
Cuando entre en vigor la reforma del TREBEP, el incumplimiento máximo de permanencia también dará lugar a la misma compensación económica. El derecho a dicha compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo. Estará referida exclusivamente al nombramiento del que derive la causa del incumplimiento, y no tendrán derecho a indemnización quienes renuncien por causa voluntaria o sean separados del servicio por medidas disciplinarias.
Reforma ante una excesiva tasa de temporalidad
La excesiva tasa de temporalidad constituye un rasgo estructural del mercado laboral en España que lastra la competitividad de nuestro modelo productivo. En el ámbito del sector público, la temporalidad es aún más elevada que en el privado.
Las causas de este fenómeno se encuentran en las limitaciones a la reposición de efectivos derivadas de las leyes presupuestarias. Especialmente entre los años 2012 y 2015, y en los procesos selectivos, que en muchos casos no se desarrollan con la celeridad necesaria para garantizar la prestación de los servicios públicos.
La urgencia de articular una reforma normativa con carácter inmediato viene motivada por varios factores:
- La UE ha dirigido indicaciones a España sobre la necesidad de acometer reformas estructurales dirigidas a atajar la excesiva temporalidad.
- Con la referencia de estas recomendaciones, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incorpora entre sus medidas un nuevo instrumento normativo con el objetivo de situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas españolas.
Gradualidad en la aplicación
La reforma del TREBEP se aplicará únicamente al sector de administración general de las administraciones públicas. Se otorgará el plazo de un año para la adaptación de la legislación específica para el personal docente y estatutario de los servicios de salud.