El Gobierno ha dado un paso histórico en su apuesta por una industria sólida y sostenible. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, un proyecto ambicioso que incluye medidas inéditas para frenar la deslocalización de empresas fuera del espacio económico europeo. Con esta ley, aquellas compañías que hayan recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros estarán obligadas a devolverlas si trasladan su producción fuera de Europa.
Esta normativa no solo busca proteger el empleo, sino también garantizar que los recursos públicos se destinen de forma responsable. Según el ministro de Industria, Jordi Hereu, “la política industrial ha vuelto con fuerza para proteger nuestras capacidades estratégicas”. El texto sustituirá a una legislación que llevaba vigente desde 1992, siendo la primera gran reforma sectorial en más de tres décadas.
Deslocalizar tendrá consecuencias
Uno de los aspectos más innovadores de la ley es el llamado "principio de condicionalidad", que condiciona las ayudas públicas al mantenimiento de la actividad industrial en España. Si una empresa decide deslocalizarse antes del periodo pactado —tres años para pymes y cinco para grandes compañías—, deberá devolver el 100% de los recursos recibidos, incluidos ERTE, ERE y el mecanismo RED. Además, la deslocalización no podrá justificar despidos ni modificaciones sustanciales en las condiciones laborales.
Fuentes cercanas a la negociación destacan que esta medida es una respuesta directa a casos como el de Saint-Gobain en Asturias, donde más de 160 trabajadores quedaron en el paro tras el cierre de su división de parabrisas. Según Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz, "esta ley pone freno a los fondos de inversión especulativos que aprovechan las ayudas públicas para después trasladar la producción a otros continentes".
Cohesión territorial y transición ecológica
La ley no se limita a frenar la deslocalización. También prioriza la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental. Uno de sus ejes principales es aprovechar las energías renovables como motor para la reindustrialización del país, un aspecto clave para Sumar. "Queremos situar la transición ecológica en el centro de la política industrial para aprovechar la ventaja competitiva de nuestras renovables", aseguran desde el partido.
Además, la normativa introduce el concepto de "proyectos industriales estratégicos", que tendrán un impacto directo en regiones afectadas por la desindustrialización. Estos proyectos estarán ligados a los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que hasta ahora eran una herramienta temporal y pasarán a ser un mecanismo estructural.
Autonomía estratégica: una lección de la pandemia
La pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania evidenciaron las debilidades de depender de cadenas de suministro internacionales para productos esenciales. Por ello, la ley incorpora la creación de una "Reserva Estratégica de Capacidades Industriales" (RECAPI), que garantizará la producción nacional de bienes críticos como medicamentos, equipamiento médico o productos de defensa.
"Queremos asegurarnos de que, en tiempos de crisis, no dependamos de terceros países para abastecernos de lo que realmente importa", explicó el ministro Hereu en rueda de prensa. Esta reserva será gestionada en colaboración con agentes sociales, comunidades autónomas y el sector privado, reforzando la coordinación entre administraciones.
Un hito legislativo y social
La nueva ley no solo es un logro técnico, sino también político. La colaboración entre PSOE y Sumar fue clave para su aprobación, aunque no estuvo exenta de tensiones. Según fuentes del Ejecutivo, hubo resistencias iniciales por parte del Ministerio de Asuntos Económicos para endurecer las condiciones de devolución de ayudas. Sin embargo, la insistencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue decisiva para reducir a tres millones de euros el umbral a partir del cual se aplicará esta medida.
"La ley supone un cambio de paradigma en la política industrial española", afirmó Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. "No solo protegemos el empleo, sino que fomentamos la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia frente a crisis futuras".
¿Qué significa para las empresas?
El sector empresarial ya ha comenzado a analizar las implicaciones de esta normativa. Aunque algunas organizaciones patronales han expresado preocupación por la "rigidez" que podría introducir en ciertas operaciones, otras consideran que esta ley ofrece claridad y estabilidad a largo plazo.
Desde el Ministerio de Industria aseguran que el objetivo no es castigar a las empresas, sino incentivar que inviertan y crezcan en España. "Queremos que las compañías vean nuestro país como un socio fiable y estratégico, no como un trampolín hacia mercados más baratos", subrayó Hereu.
Aunque el proyecto de ley avanza hacia el Congreso con un consenso amplio, aún quedan desafíos. El tejido industrial español sigue enfrentando problemas como la falta de digitalización y la escasez de talento especializado. Por ello, la normativa también incluye planes a seis años para impulsar la innovación tecnológica y reducir la brecha de género en el sector.
En palabras de Hereu, "esta ley no es un punto final, sino el inicio de una nueva etapa para la industria española". Y aunque el camino no será sencillo, el Gobierno confía en que esta reforma marque un antes y un después en el desarrollo económico del país.
Con esta legislación, España aspira no solo a proteger su industria, sino también a liderar la transición hacia un modelo más sostenible y competitivo. En un mundo cada vez más globalizado, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica promete ser una herramienta crucial para garantizar el futuro del empleo y la inversión en nuestro país.