La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso ha dado luz verde al informe de la ponencia del Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. También de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Se ha incluido una enmienda que obliga al Gobierno a encargar una auditoría de los ingresos y gastos de la Seguridad Social para cuantificar la factura de gastos impropios asumidos de forma impropia desde 1967.
Gastos de la Seguridad Social
Según la enmienda pactada por PSOE y Unidas Podemos con ERC y EH-Bildu, el Gobierno deberá encargar en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de la ley un informe de auditoría relativo a los ingresos por cotizaciones sociales y los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva del sistema.
Este informe, señala la enmienda, “deberá prestar particular atención a los gastos que la Ley General de la Seguridad Social. Se deberá identificar los gastos a financiar a través de transferencias directas” por parte de los Presupuestos Generales del Estado, por ser consideradas políticas sociales.
Vincular las pensiones mínimas con el SMI
La reforma de las pensiones anticipa que en el plazo de un año el Gobierno deberá acometer una reforma en la cuantía de las pensiones mínimas para vincular su evolución a la del salario mínimo interprofesional (SMI).
La enmienda obliga al Gobierno a abordar en el marco del diálogo social, una revisión de los criterios para determinar su cuantía. Todo con el fin de garantizar su suficiencia en cumplimiento de la Constitución y la Carta Social Europea.
Esta revisión, “deberá comprender en el plazo máximo de un año modificaciones normativas necesarias para establecer reglas establecidas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”.
Acuerdo pensiones
Este Proyecto de Ley es fruto del acuerdo alcanzado con los agentes sociales y da cumplimiento a más de la mitad de las 22 recomendaciones aprobadas en el Pacto de Toledo. Entre ellas, destacan garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a través de un criterio de revalorización vinculado a la evolución de la inflación. Así como fortalecer la estructura de financiación de la Seguridad Social a través de la asunción por el Estado de los gastos de naturaleza no contributiva.
Estas medidas están encaminadas a dar certidumbre a los pensionistas presentes y futuros al garantizar el poder adquisitivo, culminar de la separación de fuentes y reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Tras esta aprobación, el Proyecto de Ley se debatirá en el Pleno del Congreso para continuar con su tramitación parlamentaria.