Una empresa financiera poco conocida se instaló hace sólo siete años frente a un hotel Holiday Inn, en un edificio de ladrillo rojo con un letrero de bienvenida que dice «El corazón de América», y extendió una invitación a las élites económicas, financieras, políticas y empresariales del mundo.
Esta empresa, llamada Trident Trust, prometió proteger la fortuna y la privacidad de sus nuevos clientes basándose en las leyes de un Estado que se había convertido en un destino global de riqueza. La compañía lo llamó «La ventaja de Dakota del Sur».
Un magnate textil colombiano detenido por un plan para blanquear las ganancias de una red internacional de narcotraficantes, un magnate del zumo de naranjaenfrentado con las autoridades en Brasil por presuntamente confabular para pagar menos a los agricultores locales y familiares del expresidente de un productor de azúcar en la República Dominicana que ha sido acusado de explotar a los trabajadores y desalojar por la fuerza a las familias de sus hogares.
El gobierno de Estados Unidos ha condenado durante mucho tiempo a importantes centros financieros extraterritoriales, donde las reglas liberales y las garantías de discreción han atraído a oligarcas, magnates empresariales y políticos.
Sin embargo, una floreciente industria fiduciaria estadounidense está protegiendo cada vez más los activos de millonarios y multimillonarios internacionales al prometer niveles de protección y secreto que rivalizan o superan a los que se ofrecen en los paraísos fiscales en el extranjero. Ese escudo, que es casi absoluto, ha aislado a la industria de una supervisión significativa y le ha permitido forjar nuevos puntos de apoyo en los Estados del país norteamericano.
Los Pandora Papers, el último gran escándalo destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) muestran una mirada sin precedentes sobre el dinero que fluye hacia los fideicomisos en los Estados Unidos al examinar un tesoro de más de 11,9 millones de documentos confidenciales mantenidos por proveedores de servicios corporativos y fiduciarios en todo el mundo.
La investigación identificó 206 fideicomisos con sede en Estados Unidos vinculados a 41 países que poseen activos combinados por valor de más de 1.000 de dólares. Casi una treintena de los fideicomisos tenían activos relacionados con personas o empresas acusadas de fraude, soborno o violaciones de los derechos humanos en algunas de las comunidades más vulnerables del mundo.
Los Pandora Papers describen solo algunos de los fideicomisos en los Estados Unidos, pero es el conjunto de registros más significativo jamás hecho público dentro de la industria fiduciaria estadounidense.
Los documentos fiduciarios provienen principalmente de la oficina de Sioux Falls de Trident Trust, el proveedor global de servicios offshore.
Otros Estados que compiten para atraer la riqueza son Alaska, Delaware, Nevada y New Hampshire. En Dakota del Sur, los activos en fideicomisos se cuadruplicaron durante la última década a 360.000 millones de dólares. Una de las compañías fiduciarias más grandes del estado, South Dakota Trust Company, cuenta con una lista de clientes internacionales de 54 países.
Complicidad política
La rápida expansión de la industria fue liderada por un grupo de personas con información privilegiada de las compañías fiduciarias, quienes año tras año lanzaron propuestas legislativas que eran muy atractivas para los clientes en los Estados Unidos y en el extranjero: proteger los fideicomisos de los acreedores, de las autoridades tributarias y de los gobiernos extranjeros.
Con poca oposición, los legisladores estatales convirtieron las propuestas en leyes, docenas desde finales de la década de 1990.
Al igual que los bancos, las empresas fiduciarias tienen prohibido aceptar a sabiendas dinero generado por actividades delictivas. Según ha confirmado el ICIJ, no hay evidencia en los documentos de Pandora Papers de que ninguno de los extranjeros con fideicomisos en los Estados Unidos protegiera ganancias delictivas.
Sin embargo, los expertos financieros dicen que la industria fiduciaria estadounidense debería mirar más allá de las condenas: investigar y rechazar a clientes cuya riqueza se acumuló en medio de acusaciones creíbles de delitos, violaciones de derechos humanos o mediante vínculos con regímenes corruptos.
Con poca transparencia en la industria, es casi imposible determinar de quién son las compañías fiduciarias las que administran el dinero. Si bien los reguladores en las últimas dos décadas se enfocaron en la lista de clientes cuestionables de la industria bancaria, en gran medida dejaron en paz a las compañías fiduciarias, libres de aumentar las listas de clientes con ofertas amigables para el cliente que incluyen protección tributaria por generaciones.