El Gobierno ha dejado claro que no aceptará la condición impuesta por Junts para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. La formación de Carles Puigdemont exige el pago inmediato de 50.000 millones de euros en inversiones en infraestructuras que, según sus cálculos, el Estado adeuda a Cataluña. "Primero pagar, después negociar", ha sentenciado el portavoz del partido, Josep Rius.
Desde la Moncloa han calificado la petición de "imposible" y han señalado que no se puede condicionar una negociación presupuestaria a un pago previo de semejante magnitud. "Es obvio que no es posible", han subrayado fuentes del Consejo de Ministros, que consideran que Junts está marcando líneas rojas inasumibles como estrategia de presión.
Junts eleva su apuesta tras lograr la cesión en inmigración
El ultimátum de Junts llega apenas días después de que el partido independentista cerrase un acuerdo con el PSOE para la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña. Ese pacto, que fue visto como un acercamiento de cara a la negociación presupuestaria, ahora se encuentra en un callejón sin salida por las nuevas exigencias de Puigdemont y los suyos.
Desde el partido independentista justifican su petición en el "incumplimiento sistemático" del Estado con las inversiones en infraestructuras en Cataluña. Alegan que la "deuda histórica" ha sido calculada en el Parlament y que la cifra de 50.000 millones de euros es el resultado de años de promesas incumplidas. Como ejemplo, citan el "colapso" del servicio de Rodalies y los problemas de la AP-7, con una alta siniestralidad y constantes retenciones.
"El sucursalismo de Salvador Illa queda en evidencia. Cuando los socialistas gobiernan en todos los sitios, Cataluña sale perdiendo", ha afirmado Rius, señalando directamente al PSC como responsable del deterioro de las infraestructuras en la comunidad. Además, ha acusado al PSOE, y en especial a Adif y Renfe, de la falta de inversión en Rodalies y del caos ferroviario vivido en los últimos días.
El Gobierno no cierra la puerta, pero rechaza el chantaje
Pese a descartar de plano la exigencia de Junts, el Gobierno no renuncia a intentar negociar los nuevos PGE. "Siempre estamos abiertos al diálogo, pero no bajo condiciones imposibles", han señalado fuentes de la Moncloa. Actualmente, el Ejecutivo sigue gobernando con los presupuestos prorrogados de 2023, después de que el adelanto electoral en Cataluña en 2024 frenara cualquier intento de aprobar unas nuevas cuentas.
Pedro Sánchez había marcado como objetivo presentar un proyecto de PGE en el primer trimestre de 2025, pero a solo 15 días de que termine ese plazo no hay avances significativos. Aun así, el Ejecutivo no quiere ponerse fechas límite y confía en seguir explorando opciones. "Se puede gobernar con cuentas prorrogadas, pero seguimos creyendo que unos nuevos presupuestos serían positivos", han indicado desde el Ministerio de Hacienda.
Otro punto clave en la negociación es la senda de déficit. El Gobierno insiste en que no es imprescindible aprobar una nueva, ya que la actual sigue siendo favorable para las cuentas públicas. No obstante, fuentes gubernamentales admiten que, en caso de acuerdo, los partidos que apoyen los PGE probablemente exigirán una nueva senda de déficit que garantice más recursos para comunidades autónomas y ayuntamientos.
La pugna política y la presión sobre el PSOE
El choque entre Junts y el Gobierno se produce en un contexto en el que el PSOE necesita apoyo parlamentario para sacar adelante los PGE, pero no está dispuesto a ceder ante todas las exigencias independentistas. La formación de Puigdemont, por su parte, juega con la estrategia de desgaste y sigue aumentando la presión sobre los socialistas.
En los últimos días, Junts ha intensificado sus críticas a Salvador Illa y al PSC, acusándolos de "traicionar los intereses de Cataluña" al no presionar lo suficiente a Madrid para obtener más recursos. Además, la formación independentista busca marcar distancias con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que también está en plena pugna con el PSOE por el cumplimiento de los acuerdos de investidura.