El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para conceder una nueva demanda a Junts con el objetivo de evitar un golpe político que podría debilitar su mayoría parlamentaria. El Consejo de Ministros aprobará este martes la adhesión de España al Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permitirá a los tribunales de mayor rango solicitar opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta concesión responde a una exigencia reiterada de Carles Puigdemont durante las negociaciones en Suiza y se produce en un momento clave: el mediador internacional ha pedido a Junts que retire la proposición no de ley que plantea someter a Sánchez a una cuestión de confianza.
El movimiento del Ejecutivo parece diseñado para frenar un debate parlamentario que, aunque sin efectos jurídicos, podría tener un coste político significativo para Sánchez. Una eventual retirada de confianza dejaría en evidencia una mayoría frágil y ofrecería al Partido Popular un argumento contundente para cuestionar la estabilidad del Gobierno.
Una jugada estratégica para desbloquear la amnistía
El Protocolo 16 representa un avance significativo para Puigdemont, ya que permitirá a los tribunales españoles interactuar con el TEDH antes de que un caso alcance el Tribunal Constitucional. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, reconoció que "esta iniciativa es fruto de un acuerdo alcanzado a propuesta de Junts". Aunque las opiniones del TEDH no serán vinculantes, su valor político es innegable, especialmente en el contexto del bloqueo de la amnistía en el Tribunal Supremo.
Este paso refuerza la posición de Puigdemont, que ha insistido en más garantías jurídicas europeas en los procesos relacionados con el independentismo catalán. La aprobación del protocolo podría ser la llave para que Junts retire la iniciativa parlamentaria que amenaza con desestabilizar al Gobierno.
Negociaciones en la cuerda floja
Los contactos entre el PSOE y Junts han sido continuos, aunque bajo una estricta política de discreción. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, participaron el viernes en una reunión en Suiza con Puigdemont y Jordi Turull. Como resultado, el mediador internacional Francisco Galindo instó a Junts a dar marcha atrás en su propuesta de cuestionar la confianza de Sánchez. Galindo advirtió que “una ruptura del espacio significaría un retroceso difícil de superar”.
La respuesta de la ejecutiva de Junts se conocerá hoy. Jordi Turull, secretario general del partido, ha pedido a sus dirigentes evitar pronunciamientos individuales hasta que se tome una decisión conjunta. La recomendación del mediador no garantiza un desenlace favorable para Sánchez, pero deja claro que el Ejecutivo y Junts están más cerca de recomponer su relación.
Una legislatura en el aire
El Gobierno de Sánchez sigue luchando para consolidar una legislatura que se antoja complicada. Más allá del desafío que plantea Junts, el Ejecutivo debe cerrar acuerdos clave con ERC, como la condonación parcial de la deuda catalana, que asciende a 15.000 millones de euros. La transferencia de competencias, especialmente en materia de inmigración, sigue siendo un escollo que podría tensar aún más la relación con los independentistas.
A pesar de los avances, la fragilidad de la mayoría parlamentaria del Gobierno persiste. En La Moncloa son conscientes de que cualquier paso en falso podría reabrir heridas y devolver la negociación a un punto muerto. Con o sin presupuestos para 2025, Sánchez está decidido a resistir, aunque cada concesión lo expone a nuevas críticas y desafíos internos.
La retirada de la cuestión de confianza por parte de Junts sería un alivio momentáneo, pero el precio pagado podría ser alto. La adhesión al Protocolo 16 es una jugada arriesgada que refuerza la influencia de Puigdemont y añade una nueva capa de complejidad a la estrategia del Gobierno.