No hay que darle muchas vueltas. Al inquilino de Waterloo y líder indiscutible de Junts Per Catalunya, Carles Puigdemont, sólo le ronda una idea por la cabeza: volver a España sin ser detenido. Y cuanto antes mejor. Pero la posibilidad de acogerse a la amnistía es remota. Los recursos en el Tribunal Constitucional se amontonan y colapsan las sentencias. La esperanza de Puigdemont se desvanece. Y se siente traicionado por Pedro Sánchez. De ahí su famosa reflexión de que el presidente del Gobierno “no es de fiar”. En su entorno le aconsejan un giro radical. Se han dado cuenta que quien manda en la judicatura, que tiene la llave para resolver la situación personal del expresident, es la derecha y el que verdaderamente influye en las decisiones de los jueces es Núñez Feijóo. De esta manera, a los soberanistas de Junts les ronda por la cabeza la idea de apoyar al presidente del Partido Popular en una hipotética moción de censura contra Sánchez.
Hace unos días Carles Puigdemont dejó caer la posibilidad de presentar en el Congreso una iniciativa para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Desconocimiento de la ley por parte de sus consejeros porque la cuestión de confianza sólo la puede presentar el gobierno y una iniciativa parlamentaria sería rechazada de plano. Esos mismos días empezaron a aparecer detalles reveladores de las buenas relaciones entre Junts y el PP. Las más interesante es esa propuesta conjunta para derogar el impuesto de hidrocarburos que, encima, los nacionalistas vascos del PNV dicen estar dispuestos a apoyar y que, de aprobarse, supondría que el ejecutivo dejaría de ingresar 1.100 millones de euros por tal concepto. Mientras tanto, se aleja, cada vez más, la posibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario para 2025. Las diferencias son cada vez mayores y tampoco ha servido de mucho el anuncio del president, Salvador Illa, de que muy pronto van a ser transferidas las competencias en materia de inmigración, una de las condiciones impuestas por Junts para investir a Sánchez.
En Génova se frotan las manos. Creen que es cuestión de tiempo el que Puigdemont y los suyos se pasen a su bando. Pero lo inquietante es esa condición que parece estar en el aire, aunque nadie se atreve a ponerla encima de la mesa: la situación personal del expresident porque el Partido Popular sigue siendo beligerante con este asunto. Los dirigentes peperos, en público, dejan claro que lo que tiene que hacer es entregarse a las autoridades, y, luego, ya se verá. Pero se tiene conocimiento de que Núñez Feijóo podría estar, presuntamente, manteniendo contactos con los jueces más influyentes en el campo penal para intentar rebajar las presiones contra el que el Supremo sigue considerando “un prófugo”. Y en este sentido se menciona a un magistrado, Manuel Marchena, que, aunque ha dejado de ser el presidente de la sala de Lo Penal sigue siendo el miembro más influyente de la instancia. De ahí el interés de la derecha judicial porque sea sustituido por Andrés Martínez Arrieta, quien, aunque en algunos medios se destaca su talante progresista es un juez que ha permanecido muchos años a la sombra de Marchena. Este, a su vez, mediaría ante el instructor del procès, Pablo Llarena, sobre el que también tiene cierto ascendiente, para que anulase la orden de detención sobre Puigdemont.
En el Partido Popular saben que tienen de su parte a Manuel Marchena y que este puede ser determinante a la hora de solucionar la situación personal de Carles Puigdemont. Además, Núñez Feijóo ofrece más poder a la judicatura, sobre todo a las asociaciones conservadoras, APM, Francisco de Vitoria y Asociación Judicial Independiente, y a la carrera fiscal acabando con todos los vestigios de dos de sus dirigentes más odiados, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Además, pondrían al cargo de la fiscalía general a Javier Zaragoza, destinado en la sala de Lo Penal del Supremo, que mantiene una excelente relación con Marchena y los jueces mas conservadores. Sería el encargado de convencerles de la necesidad de rebajar la presión sobre Puigdemont a cambio de sus votos para que Núñez Feijóo sea investido presidente del gobierno. Teniendo en cuenta el odio exagerado que muchos de estos jueces tienen a Pedro Sánchez, cualquier acción les valdría con tal de echarle de La Moncloa.
Hay que tener en cuenta que Junts Per Catalunya es un partido de derechas cuyos intereses coinciden mucho más con los del PP que con la izquierda. Además, las relaciones con ERC son cada vez peores. Esquerra Republicana mantiene contactos fluidos con el gobierno de quien se sigue considerando “socio parlamentario”. Por lo tanto, no es ninguna idea descabellada que en Waterloo manejen la idea de apoyar al PP a cambio de la concesión mas importante en estos momentos para ellos: solucionar la situación judicial de Puigdemont.
Una situación que se torna cada vez más complicada. La decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autonomas contra la ley de amnistía cierra prácticamente el camino a una sentencia definitiva sobre este asunto, que es la hipótesis que maneja Puigdemont quien está convencido de que, al final, la corte de garantías la declarará constitucional incluso en la parte referida a la malversación que es, en estos momentos, la cuestión que tiene paralizado su retorno. Casi una veintena de debates en el seno de la institución hacen imposible un desenlace antes de que finalice el año entrante. Por lo tanto, la vía del Constitucional habrá que desecharla, al menos por el momento.
La prioridad de Carles Puigdemont es su vuelta a España y poder tomar posesión de su acta en el Parlament libre de cualquier responsabilidad penal. Y el único que le ofrece la posibilidad de mediar ante el poder judicial para que rebaje la presión que los jueces ejercen sobre él es Alberto Núñez Feijóo. Este, a cambio, quiere el voto de sus siete diputados para obtener una mayoría suficiente con la cual poder presentar una moción de censura contra Sánchez y ocupar La Moncloa que es, a fin de cuentas, para lo que vino de Galicia.