El Gobierno español ha dado un paso decisivo en su estrategia para fortalecer la Formación Profesional (FP) como herramienta clave para reducir el paro juvenil, diversificar la economía y mejorar la cualificación de los trabajadores. En el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, el Ejecutivo ha aprobado la distribución de más de 867 millones de euros entre las comunidades autónomas. Estos fondos, destinados a la FP, buscan mejorar la formación tanto de trabajadores desempleados como de aquellos que ya están ocupados, atendiendo así a las demandas del mercado laboral actual.
De los 867,28 millones de euros que se repartirán, la mayor parte (696,5 millones) proviene de los Presupuestos Generales del Estado y se destinará específicamente a la oferta formativa para trabajadores desempleados. Otros 145,9 millones irán a parar a la formación de empleados en activo, mientras que 24,8 millones se reservarán para programas específicos que las comunidades autónomas diseñen tanto para trabajadores ocupados como desempleados. La distribución de estos fondos ha sido previamente aprobada por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.
Andalucía, Cataluña y Madrid, las más beneficiadas
Entre las comunidades autónomas, Andalucía recibirá la mayor parte de estos fondos, con un total de 137 millones de euros, seguida de Cataluña (128 millones) y Madrid (110 millones). Otras regiones como la Comunidad Valenciana y Galicia también se beneficiarán significativamente, con 96 millones y 72 millones de euros, respectivamente. Esta distribución responde a criterios de población activa y necesidades específicas de cada comunidad, buscando así un impacto efectivo en la reducción del desempleo y la mejora de las cualificaciones profesionales.
El crecimiento de la FP ha sido notable durante los últimos años. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, el número de alumnos inscritos en FP ha aumentado en un 35%, alcanzando los 1.132.364 estudiantes en el curso 2023-24. Durante la legislatura pasada, se crearon 250.000 nuevas plazas, y el objetivo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, liderado por Pilar Alegría, es alcanzar las 330.000 nuevas plazas en la legislatura actual.
Un incremento histórico en la inversión
La inversión en FP ha experimentado un crecimiento espectacular desde 2019, con un aumento del 865%, lo que se traduce en más de 6.500 millones de euros destinados a este ámbito. Los datos respaldan esta apuesta: la Formación Profesional ofrece una tasa de inserción laboral cercana al 90%, lo que la convierte en una vía altamente efectiva para reducir el paro, especialmente entre los jóvenes.
Además, la participación de la población trabajadora en cursos de FP se ha duplicado en los últimos dos años, pasando del 11,41% al 20%. El Gobierno también destaca que se han acreditado las competencias profesionales de más de un millón de personas, con el objetivo de duplicar esta cifra en el futuro próximo.
La acreditación de competencias es uno de los pilares de la ley de FP aprobada en diciembre de 2021, que busca reconocer formalmente las habilidades adquiridas por los trabajadores a lo largo de su vida laboral.
El consenso en torno a la FP y sus desafíos
El fortalecimiento de la FP es un objetivo compartido por los principales agentes sociales, incluyendo organizaciones empresariales como la CEOE y Cepyme, así como los sindicatos UGT y CCOO.
Para los empresarios, la FP es fundamental para cubrir las necesidades del mercado laboral, especialmente en sectores con alta demanda de trabajadores cualificados, como el técnico y la inteligencia artificial. Por su parte, los sindicatos ven en la FP una oportunidad para mejorar la empleabilidad de los desempleados y facilitar su salida de las listas del paro.
Sin embargo, no todo es positivo en el panorama de la FP. A pesar del crecimiento general, la expansión de la FP en los centros privados ha superado con creces a la de los centros públicos. Según un informe de CaixaBank Dualiza y Orkestra, el número de alumnos en centros privados ha aumentado un 136,6% en la última década, comparado con el 31,1% de los centros públicos.
Esta tendencia es aún más pronunciada en los centros privados no subvencionados, donde el crecimiento se dispara por encima del 450%. Esto ha generado inquietudes sobre la equidad en el acceso a la FP y la necesidad de reforzar el papel de los centros públicos.
Una herramienta clave para un futuro incierto
La apuesta del Gobierno por la FP no solo se limita a la mejora de la formación de los trabajadores actuales, sino que también busca preparar a la futura mano de obra para los desafíos que plantea un mercado laboral en constante evolución. Sectores como la inteligencia artificial y la tecnología avanzada requieren de una mano de obra altamente cualificada, y la FP se presenta como la vía más efectiva para dotar a los trabajadores de las habilidades necesarias para prosperar en estos campos emergentes.
En un contexto de incertidumbre política y económica, el Gobierno espera que esta inversión en FP contribuya a mitigar el impacto de posibles crisis futuras, proporcionando a los trabajadores las herramientas necesarias para adaptarse a un entorno laboral cada vez más competitivo y exigente.
El Gobierno reafirma su compromiso con la FP como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país, buscando no solo reducir el desempleo, sino también impulsar una economía más diversificada y resiliente. Sin duda, un paso adelante en la modernización del sistema educativo y en la creación de oportunidades para miles de trabajadores y desempleados en toda España.