El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha rechazado de forma tajante cualquier implicación de fuerzas políticas como Junts o ERC en el proceso de consulta abierto por el Gobierno respecto a la OPA lanzada sobre el Banco Sabadell. En una entrevista publicada este domingo por El Periódico y recogida por Europa Press, el titular de Economía defendió que el procedimiento se ajusta estrictamente al marco legal y se rige por consideraciones técnicas, no políticas.
El ministro subrayó que “no hay absolutamente ninguna influencia” de formaciones independentistas ni de ningún otro partido en la decisión de activar la consulta pública sobre la oferta pública de adquisición. Lejos de buscar argumentos para rechazar la operación, insistió en que la iniciativa pretende “recabar toda la información posible” para poder valorar adecuadamente si la operación debe ser elevada al Consejo de Ministros.
Cuerpo explicó que la consulta se ampara en el artículo 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia, que contempla la posibilidad de considerar razones de interés general más allá de los criterios estrictamente competitivos. “La consulta lo único que hace es reflejar las condiciones de interés general que ya establece la normativa”, puntualizó.
Según el ministro, el objetivo es determinar si se requiere tomar medidas adicionales en función de criterios ajenos a la competencia, tales como la estabilidad financiera o el mantenimiento del empleo. “Queremos hacerlo con la mayor garantía posible”, añadió, subrayando que la participación pública podría aportar “input adicional” relevante para la decisión.
En otro orden de temas, Cuerpo se refirió a los aranceles que estudia Estados Unidos, y calificó de “prematuro” valorar si será necesario implementar ayudas directas para los sectores afectados. Aunque reconoció que España está menos expuesta que otros países, advirtió que ciertas empresas podrían resultar particularmente perjudicadas, lo que obligaría a actuar con decisión si se confirman las medidas proteccionistas.
Por último, el ministro reveló que el Gobierno estima en unos 300 millones de euros las pérdidas económicas causadas por el apagón del pasado 28 de abril, un cálculo preliminar que da cuenta del impacto del incidente sobre la actividad productiva nacional.