En una jornada caótica que se extendió hasta altas horas de la madrugada, el Gobierno logró sacar adelante en la Comisión de Hacienda un dictamen que incluye la prórroga del impuesto a las grandes energéticas y el mantenimiento del gravamen a la banca. Este desenlace fue posible gracias a un acuerdo in extremis con ERC, EH Bildu y BNG, que obligó al Ejecutivo a hacer malabares entre sus socios de izquierda y los grupos más opuestos como Junts y PNV. La votación, que quedó aprobada con 20 votos a favor y 17 en contra, será llevada al pleno del Congreso este jueves, donde la incertidumbre continúa.
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 18, 2024
Un acuerdo con doble filo
El compromiso alcanzado incluye una prórroga simbólica del impuesto a las grandes energéticas hasta 2025, a través de un Real Decreto Ley que el Gobierno promete presentar próximamente. Sin embargo, este gesto está destinado a enfrentarse al rechazo de Junts y la derecha en el Congreso, lo que pone en duda su viabilidad más allá del plano político.
Además, el acuerdo establece el aumento del tramo más alto del impuesto a la banca, otra demanda clave de los grupos soberanistas de izquierda. Este movimiento busca calmar tensiones internas dentro de la coalición y con sus socios, pero también revela las profundas divisiones ideológicas en torno a la política fiscal.
El choque entre socios
La aprobación del dictamen no estuvo exenta de drama. ERC, Bildu y BNG habían condicionado su apoyo a la transposición de la directiva europea sobre el tipo mínimo del 15% para multinacionales a la inclusión del impuesto energético. Por su parte, Junts, apoyado por el PNV, había negociado previamente con el PSOE para dejar caer este gravamen, alegando su impacto negativo en las inversiones estratégicas en Cataluña.
Esta pugna entre socios evidenció las diferencias internas de la mayoría parlamentaria, con Junts actuando como un elemento desestabilizador para el bloque progresista. “No votamos según bloques, sino según lo que conviene a Cataluña y a sus ciudadanos”, afirmó Josep María Cruxet, diputado de Junts, subrayando que su partido no respaldará medidas que afecten a las empresas energéticas con compromisos de descarbonización.
Tensión y acusaciones cruzadas
El desarrollo de la Comisión de Hacienda fue un reflejo del caos político. La sesión, que comenzó el lunes por la tarde, se vio interrumpida por continuos recesos y negociaciones frenéticas en los pasillos del Congreso. El PP y Vox acusaron al Gobierno de "secuestrar" la comisión, denunciando retrasos injustificados y criticando las tácticas del PSOE para asegurar los apoyos necesarios.
“Esto es insólito. ¡Si quieren nos vamos!”, exclamaron diputados populares en medio de la tensión. Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Tellado, calificó la situación como un "secuestro sin capucha", mientras que su compañera Cuca Gamarra acusó al Gobierno de practicar "cacicadas" para mantener el control.
Un pacto frágil
El acuerdo con ERC, Bildu y BNG incluye también la reforma del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros y nuevas medidas fiscales, como la tributación de vapeadores y tabaco, además de ajustes en el impuesto de sociedades. Sin embargo, este avance fue criticado por Unidas Podemos, que calificó el pacto de "papel mojado" sin el respaldo explícito de Junts.
"Sin garantías de que Junts apoyará esta medida, el acuerdo es insuficiente", advirtió Ione Belarra, líder de la formación morada, en un claro mensaje al Gobierno.
Está muy bien que el gobierno se comprometa a prorrogar el gravamen a las energéticas con ERC y Bildu, pero sin garantías de que Junts también lo apoyará es poco más que papel mojado. Podemos sólo apoyará esta reforma fiscal si el impuesto realmente se mantiene.
— Ione Belarra (@ionebelarra) November 18, 2024
¿Un giro a la derecha?
El debate dejó al descubierto una sensación de malestar entre los grupos de izquierda, que acusan al Gobierno de ceder demasiado terreno a Junts y al PNV. Este giro percibido hacia posiciones más centristas ha llevado a ERC y Bildu a endurecer su postura, exigiendo medidas que refuercen la progresividad fiscal. “No votaremos a favor de medidas que beneficien a las grandes energéticas en detrimento de los ciudadanos”, afirmó Pilar Vallugera, portavoz de ERC.
Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Óskar Matute, fue tajante: “Nuestros votos no se venden a multinacionales como Repsol. Seguiremos defendiendo una fiscalidad justa que beneficie a la mayoría”.
Inaudito. Secuestrar una comisión del Congreso y mantenerla bloqueada hasta la madrugada para intentar no perder más votaciones es sólo la última cacicada de un PSOE sin límites ni apoyos.
— Cuca Gamarra (@cucagamarra) November 18, 2024
Cada día están más débiles, pero cada día son más peligrosos. pic.twitter.com/lqML98mcTN
Un horizonte incierto
El pleno del jueves será determinante para la suerte de este paquete fiscal, que incluye la transposición de la directiva europea y el conjunto de medidas acordadas en la Comisión de Hacienda. La posibilidad de que el decreto ley sobre el impuesto energético fracase en el Congreso no solo pone en jaque al Gobierno, sino que refleja las crecientes dificultades de una legislatura marcada por tensiones internas y negociaciones contrarreloj.
El desenlace de este jueves no solo decidirá el futuro de estas medidas, sino que marcará el tono de las próximas grandes negociaciones presupuestarias. Con una mayoría cada vez más fragmentada y en constante pugna, el tercer mandato de Sánchez enfrenta un camino lleno de obstáculos.