El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo han sellado un acuerdo clave que permitirá a los trabajadores y trabajadoras que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) quedar exentos de tributar en el IRPF en 2025. La medida, fruto de semanas de negociaciones, evitará un nuevo foco de tensión entre los socios del Gobierno y aliviará la carga fiscal de los salarios más bajos.
En un paso importante hacia la protección de los ingresos más bajos, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo han cerrado un acuerdo para eximir del IRPF a quienes cobran el salario mínimo en 2025. La medida beneficiará directamente a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que, de no aplicarse esta deducción, tendrían que tributar por primera vez tras la última subida del SMI.
La fórmula acordada consiste en introducir una deducción fiscal en la cuota del IRPF, que permitirá a quienes cobran el salario mínimo —actualmente fijado en 16.576 euros brutos anuales— recuperar íntegramente los aproximadamente 300 euros que se les retendrían durante el año. Para ello, será necesario que estas personas presenten su declaración de la renta en la campaña correspondiente a 2025.
El pacto implica una modificación reglamentaria que será tramitada en el Congreso por los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar, y que se espera quede aprobada a tiempo para su aplicación el próximo ejercicio fiscal.
Este acuerdo pone fin a uno de los mayores desencuentros entre los socios de coalición en lo que va de legislatura. La polémica estalló tras la decisión de Hacienda de aplicar por primera vez el IRPF al salario mínimo, al haber superado el umbral de exención del impuesto. Una decisión que provocó tensiones visibles, incluso durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero, donde la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, expresó su malestar por no haber sido informada previamente.
Sumar reaccionó presentando una proposición de ley para revertir la medida, respaldada por otras formaciones como PP y Podemos. El Gobierno llegó a anunciar que vetaría esa iniciativa, lo que llevó a Díaz a plantear la posibilidad de aliarse con el PP para sortear el veto. Finalmente, el diálogo ha prevalecido y el acuerdo alcanzado este viernes entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz evita el choque parlamentario y garantiza una salida consensuada.
Con esta decisión, el Ejecutivo lanza una señal clara de compromiso con los trabajadores con menores ingresos, y da un paso más en la dirección de una política fiscal más justa y progresiva.