Un juzgado mercantil de Barcelona ha desestimado la demanda interpuesta por Just Eat contra Glovo, en la que se acusaba a la plataforma de reparto de utilizar un modelo laboral basado en falsos autónomos para obtener una ventaja competitiva desleal. En juego estaban hasta 295 millones de euros de indemnización, pero el juez Álvaro Lobato ha descartado que exista una infracción de las normas de competencia y ha aprovechado su sentencia para cargar contra la “España sindicalizada” y defender el libre mercado por encima del derecho laboral.
La resolución supone una victoria importante para Glovo, inmersa desde hace años en múltiples procesos judiciales por su negativa a contratar a sus repartidores como asalariados. A pesar de que el Tribunal Supremo ya dictaminó en 2020 que los repartidores son falsos autónomos, Glovo ha ido adaptando su modelo con nuevas fórmulas que siguen evitando la contratación directa. Para Just Eat, esto supone una distorsión del mercado, ya que su modelo sí se basa en repartidores contratados, ya sea de forma directa o mediante subcontratas.
El juez, sin embargo, no solo no lo considera competencia desleal, sino que defiende los modelos de Glovo como formas que “garantizan sobradamente la autonomía e independencia de los riders”. En su opinión, estos nuevos esquemas permiten a los repartidores organizar su tiempo como deseen, algo que considera difícil de encontrar incluso en empleos tradicionales.
Críticas insólitas a las inspectoras de Trabajo
Uno de los aspectos más llamativos de la sentencia no es tanto su decisión sobre el caso, sino el tono y el contenido ideológico que el magistrado introduce en el texto. En concreto, carga duramente contra las inspectoras de Trabajo que testificaron en el juicio y que habían investigado el modelo laboral de Glovo, concluyendo que seguía incumpliendo la legislación.
Según el juez, sus intervenciones destilaban un “eco nostálgico de la España sindicalizada”, una expresión que utiliza para referirse, en tono peyorativo, a un modelo laboral que califica de “burocrático” y propio del “mundo de ayer”. Además, critica que sus argumentos se veían condicionados por un “sesgo de grupo” y por “atajos heurísticos” que, según Lobato, forman parte de los “procesos psicológicos y biológicos” que influyen en la toma de decisiones.
Estas valoraciones, muy poco habituales en una sentencia mercantil, han causado sorpresa entre expertos jurídicos y sindicales, que ven en ellas un ataque ideológico al papel de la Inspección de Trabajo y al propio derecho laboral. “Es insólito ver un lenguaje así en una resolución judicial. Más parece un manifiesto político que un fallo jurídico”, comentan desde un sindicato.
Una defensa explícita del libre mercado
A lo largo de la sentencia, el juez insiste en que el ámbito de la demanda es el derecho de la competencia, no el laboral. Pero no se limita a señalar esa separación, sino que aprovecha para hacer una defensa abierta de la economía de mercado, en términos más propios de un ensayo económico que de una resolución judicial.
“El mercado es el mejor mecanismo de asignación de recursos jamás inventado por la mente humana”, afirma el juez, añadiendo que “cuantas menos reglas, mejor”. En su opinión, el problema de fondo de Just Eat no es el modelo de Glovo, sino la propia lógica del mercado, donde —según él— cada empresa elige su forma de operar.
A su juicio, la “libertad de empresa” de Just Eat no se ha visto afectada de forma real ni en su capacidad para competir ni en su acceso al mercado, por lo que no hay base para considerar que Glovo ha incurrido en una práctica desleal. El hecho de que utilicen modelos laborales diferentes no implica una infracción legal, dice Lobato, sino una diferencia de estrategias dentro de un sistema que, precisamente, permite esa pluralidad.
Preocupación por el impacto del fallo
El fallo judicial, que aún puede ser recurrido, ha generado inquietud en varios sectores. Para los sindicatos, la sentencia lanza un mensaje peligroso: legitima la figura del falso autónomo y desacredita la labor de las inspectoras de Trabajo. UGT y CCOO han expresado su rechazo al contenido de la resolución, advirtiendo de que “normaliza el fraude laboral” y “sitúa el libre mercado por encima de los derechos básicos de los trabajadores”.
Desde el Gobierno, aunque no ha habido declaraciones oficiales, fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que seguirán luchando para que se cumpla la conocida como Ley Rider, que obliga a contratar a los repartidores como asalariados. “Los jueces mercantiles no pueden contradecir lo que ya ha dicho el Supremo ni cuestionar el espíritu de la ley”, apuntan estas fuentes.
Por su parte, desde Glovo han celebrado la resolución como un espaldarazo a su modelo, que consideran innovador y adaptado a la nueva economía digital. En un comunicado, afirman que seguirán colaborando con la justicia y adaptando su estructura “en beneficio de la libertad de los repartidores”.
Una batalla judicial, política y social
Este caso va mucho más allá de una disputa entre dos empresas. Lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales en el siglo XXI, especialmente en sectores donde las plataformas digitales han impuesto nuevas formas de empleo. La sentencia refleja un conflicto entre dos visiones: una que defiende los derechos laborales y la regulación pública, y otra que apuesta por la desregulación y la flexibilidad total del mercado.
Mientras los tribunales siguen pronunciándose, los repartidores siguen trabajando con condiciones precarias, ingresos variables y sin protección social real. En este contexto, decisiones como la del juez Lobato no solo resuelven un litigio entre empresas, sino que envían un mensaje sobre qué tipo de sociedad se quiere construir: una en la que la libertad de empresa esté por encima de los derechos laborales, o una en la que el trabajo decente siga siendo una prioridad colectiva.