La iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda promovida juntamente por UGT y CCOO y otras 70 organizaciones, llega al Congreso de los diputados, en un encuentro que tenía como objetivo que el Gobierno de coalición la tome en consideración, e incluya elementos que las organizaciones sociales consideran esenciales para preservar el derecho de las personas.
Semanas antes de que se declarase la emergencia sanitaria en España por la Covid-19 y un confinamiento durante meses, el año pasado, los secretarios generales de CCOO y UGT presentaron una iniciativa sindical por el derecho a la vivienda pidieron que se modificara la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Ahora han sido 72 colectivos, entre los que se encuentran los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, la PAH y otras organizaciones de pensionistas, de consumidores y distintas mareas, los que se han reunido con diputados de los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC, Junts-per-Catalunya, Compromis, EH Bildu, Más País y CUP en el Congreso para pedir al Gobierno que se llegue a un acuerdo y apruebe la nueva ley.
La iniciativa tiene como objetivo, que la ley de vivienda anunciada por el Gobierno incluya elementos que consideran esenciales para preservar el derecho de las personas a una vivienda digna y asequible, como paralizar los desahucios a personas sin alternativa habitacional, ampliar el parque público de viviendas en alquiler, regulación estatal del precio de los alquileres, garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, o ampliar el presupuesto público para vivienda social, entre otras.
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera considera fundamental “que la vivienda se adapte al salario de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, puesto que supone la posibilidad (o la imposibilidad) de gozar de otros derechos fundamentales como la dignidad, la intimidad, el desarrollo personal o la seguridad”. En este sentido, la reforma laboral, la crisis económica y la pandemia han demostrado que la vivienda es un pilar para el desarrollo de las personas.
Han pasado dos años desde aquella primera jornada sobre vivienda, organizada por UGT, el Govern Illes Balears y el Ajuntament de Palma y en la que participó el ministros José Luis Ábalos y que fue inaugurado por responsable de Vivienda de UGT, Mari Carmen Barrera.
Presentación manifiesto
Durante la presentación del manifiesto el 17 de febrero se recordó a los dos partidos del Gobierno, que es urgente “limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, que se establezcan fórmulas para movilizar vivienda la vacía hacia el mercado del arrendamiento asequible, sobre todo, las que son propiedad de los bancos, la prohibición de los desahucios a hogares vulnerables o la definición de gran propietario, entre otros puntos”.
“Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio” recoge el texto.
«No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental”.
El problema de la vivienda ha sido denunciado por todo tipo de organizaciones y por el relator de Naciones Unidas. “Esta vez vamos a encontrar una alternativa real a cantidad de sectores sociales que necesitan superar la emergencia habitacional: desde las personas sin hogar hasta la juventud que no puede formarlo, pasando por más del millón de hogares que han sido desahuciados de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca, la renta de alquiler o no tener título y por la enorme cantidad de familias que no pueden hacer frente ahora al pago del alquiler”, señala el manifiesto.
La próxima ley “debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo”.
Regular el precio de los alquileres
Otras medidas que reclaman las organizaciones es un mecanismo para regular el precio de los alquileres y adecuarlos a los salarios de la población en cada zona del territorio, así como modificar la ley de arrendamientos urbanos “para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país”.
Vivienda social
En el manifiesto exigen “ampliar las dotaciones presupuestarias para vivienda y políticas sociales hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal”. Para ello, apuntan al uso de una parte de los fondos europeos.
Garantizar los suministros básicos
También piden “garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna”.
Hogares con deudas hipotecarias
Por último, reclaman “una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios”.