El salario mínimo interprofesional para 2021 vuelve a ser motivo de fricción entre los dos socios de Gobierno. Mientras el equipo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por subirlo, el sector conservador de Nadia Calviño no está por la labor. Todo apunta a que, una vez más, la decisión la tomará Pedro Sánchez el próximo lunes, que es cuando se reanudarán las conversaciones con los agentes sociales. La importante reunión entre Moncloa, sindicatos y representantes de los empresarios llega en medio de un evidente clima de tensión en el Ejecutivo central. De un Gobierno, aunque sea bicéfalo como ocurre con la actual coalición, cabría esperar una posición de unidad ante un problema que afecta a millones de españoles, pero está visto que el desencuentro en casi todo va a ser la tónica general de este Consejo de Ministros hasta el final de la Legislatura.
De momento Díaz ya ha dejado claro que un Gobierno progresista no puede dejar de subir, en la medida de lo posible, los sueldos de quienes menos cobran. Los sindicatos pretenden llegar a los 1.000 euros (actualmente el SMI se sitúa en 950) mientras la patronal CEOE, por su parte, considera que mientras la crisis a causa de la pandemia siga golpeando duro no es el momento de abordar el asunto. “No voy a decir cuánto (subirá) porque cuando nos sentamos a dialogar tenemos que escuchar a las partes”, asegura la ministra de Trabajo, que con buen juicio recuerda que nadie entenderá que suban las pensiones y el salario de los funcionarios un 0,9 por ciento (por el IPC) mientras el SMI sigue congelado. “No sería comprensible que nos alejáramos de Europa cuando se han subido salarios de empleados públicos y pensionistas un 0,9%. No podemos dejar descolgados a los trabajadores, que son los que más lo necesitan”, alega la ministra, quien recuerda que si los salarios pactados en los convenios colectivos se revalorizan entre un 1,5 y un 1,8 por ciento, tampoco sería comprensible olvidarse de los trabajadores fuera de convenio.
No pocos expertos han dado ya su visto bueno a la subida del salario mínimo interprofesional. Alberto Montero, profesor de Economía de la Universidad de Málaga, asegura que hay datos empíricos para confirmar que la última subida de principios de este año no ha perjudicado la creación de empleo. Más prudente se muestra Gonzalo Bernardos, que considera que con la subida el Gobierno “marca línea política” y aunque “es lícito, yo en una crisis soy amigo de lo pragmático; no toca”. Bernardos cree que cuando la economía va bien el salario mínimo debe subir como forma de redistribución de la riqueza, pero en tiempos de crisis puede dar lugar “a desocupación”, es decir, a paro.
Sin duda, la subida del SMI se antoja necesaria teniendo en cuenta lo mal que lo están pasando millones de familias por el impacto del covid y sin perder de vista que la mayoría de los países de la UE subirán los salarios el próximo ejercicio. Ya no se trata de compararse con la opulenta Alemania −donde sus trabajadores se beneficiarán de un 11,8 por ciento de subida acumulada para 2022−, ni con Luxemburgo, donde a partir del 1 de enero el SMI será de 2.642 euros para los empleados cualificados (una cifra que al lado de los mil raquíticos euros españoles es como para echarse a reír o a temblar). Si miramos a Francia (donde el aumento será del 1%) y al Reino Unido (un 2%) concluiremos lo ridículo que resulta este gran debate nacional, casi un drama, cada vez que llega una negociación entre los agentes sociales.
Y pese a que la situación de los bajos salarios en España nos coloca a la altura de las naciones más cicateras de Occidente (contra las recomendaciones de la UE que pide subidas inmediatas), las derechas y la patronal se muestran tan conservadoras como siempre, advirtiendo que la medida traerá “más paro y más recesión económica”. Los datos oficiales no avalan esta teoría y muestran claramente que la última subida del SMI no ha traído el apocalipsis al mercado laboral, tal como pronosticaban los más agoreros defensores de las bondades ultraliberales, entre ellos el PP casadista y la cúpula de los empresarios de la CEOE. Al contrario, no es necesario ser experto en economía para entender que cuanto más dinero hay en el bolsillo de los trabajadores mejor para la economía, más se reactiva el consumo y mayor es la productividad de las empresas. Sin embargo, el runrún y la cantinela ultracapitalista no cesan cada vez que llega el momento de la tortuosa negociación a tres bandas en la que se debate una mínima subida, que no deja de ser unas migajas para los españoles que menos tienen.
Aquí parece que los más ricos pueden mejorar beneficios y amasar fortunas en tiempos de río revuelto mientras al obrero se le castiga con la maldita y sempiterna congelación salarial, es decir, que se le condena a un invierno perpetuo de miseria y sueldos tercermundistas. Las derechas hacen frente común frente a la famélica legión en este asunto. La semana pasada el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvía al discurso machacón de que lo importante es recuperar el empleo y no plantear subidas salariales que pongan en peligro la economía (obviando que quienes desestabilizan el sistema son los millonarios que evaden impuestos y ponen el dinero a buen recaudo en paraísos fiscales). Por otro lado, ya sabemos que a Vox nunca le gustó el SMI y el propio Santiago Abascal lo ha considerado en más de una ocasión como “la principal barrera de entrada” al mercado laboral. En último término, Pablo Casado suele enredarse cuando toca abordar el problema, aunque finalmente se deja llevar por el ramalazo ultraliberal y acaba pidiendo moderación, esto es, que el salario caiga de nuevo a los 850 euros, tal como ha propuesto si llega a gobernar. Casado es que siempre está a lo que digan los señores de los monóculos y los manguitos.