Isabel Díaz Ayuso vive en un mundo absolutamente paralelo al real. Es lo que tiene el populismo, que provoca la creación de una especie de Matrix donde todo cabe y donde todo tiene razón de ser, incluso la propia sinrazón.
Mientras que los países más desarrollados del mundo están negociando para la aplicación de un impuesto global mínimo para las multinacionales, ella anuncia bajadas de impuestos históricas. Mientras que todos los países están luchando y endureciendo las leyes contra el blanqueo de capitales, Isabel Díaz Ayuso afirma que incluirá en su programa electoral una reforma de la Ley del Suelo para sustituir licencias por declaraciones de responsabilidad.
Es decir, que Isabel Díaz Ayuso ya no sólo está enfrentada a Pedro Sánchez, sino que también lo está a todo el mundo político y económico e, incluso, al policial.
Europol, la agencia de la Unión Europea en materia policial, publicó un documento en el que analizó el impacto que sobre el crimen está teniendo la pandemia del Covid19. En uno de los puntos se analizan las consecuencias sobre el sistema financiero y la economía, debido a la situación volátil de ésta que puede incrementar los intentos de las organizaciones criminales organizadas (OCG, por sus siglas en inglés) de blanquear dinero.
La recesión derivada de la pandemia puede llevar a la bajada de precios de algunos productos que son favorables para las OCG. Este desarrollo potencial del blanqueo puede ser «particularmente notable en el sector inmobiliario que se presta a la inversión de ganancias criminales».
Esta advertencia de Europol contrasta con el anuncio que hizo Isabel Díaz Ayuso sobre, precisamente, la liberalización del suelo y la eliminación de la mayoría las licencias de obras para, según la candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo, facilitar la recuperación económica a través de la construcción porque de esta forma se atraerían inversores extranjeros. Es decir, abrir la puerta definitivamente a lo que, precisamente, alerta Europol.
Durante la burbuja inmobiliaria la propia Europol ya desmanteló varias redes de blanqueo de dinero que operaban en el sector de la construcción y blanqueaban en el ladrillo las ganancias obtenidas en el tráfico de drogas.
Por ejemplo, en el año 2007 fue desarticulada una red criminal en la Costa del Sol que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través del negocio inmobiliario. En esa operación fue detenido un importante constructor holandés afincado en Málaga que utilizaba su entramado societario para ocultar el origen ilícito de los fondos ingresando todo el dinero en una bolsa común de las sociedades para, posteriormente, transferirlo a sus dueños con apariencia de legalidad.
Es evidente que la situación ha cambiado y que la gran mayoría de los empresarios de la construcción no acceden a este tipo de operaciones, sobre todo después de las nuevas medidas de prevención del blanqueo.
Sin embargo, el planteamiento de Díaz Ayuso para liberalizar el suelo y eliminar la concesión de las licencias urbanísticas para reducir los plazos burocráticos para, de este modo, atraer inversión extranjera, va en contra de lo indicado por Europol en su informe. En consecuencia, el efecto será el contrario: crear en Madrid un escenario donde la especulación inmobiliaria o la sobreexplotación de la construcción atraiga capital sucio para ser blanqueado.
Lo mismo se puede decir de la evasión de impuestos. Tal y como publicábamos en Diario16, los países más importantes del mundo, incluido Estados Unidos, han decidido terminar con la subasta de bajadas impositivas, que tanto daño ha creado a la ciudadanía, a través de la creación de un impuesto global mínimo para aplicar a las multinacionales que podría oscilar entre el 21% que propone la Administración de Joe Biden al 15% de la Unión Europea.
Sin embargo, Ayuso hace oídos sordos a la tendencia actual de reforzar los ingresos públicos promovida por la OCDE y el FMI y ha anunciado una bajada histórica de impuestos, lo que llevaría a la Comunidad de Madrid a convertirse en un paraíso fiscal dentro de España. Sería la transposición en nuestro país del modelo de Delaware.