Tal y como hemos venido publicando en Diario16, Natalie Edwards era una funcionaria que detectó movimientos bancarios irregulares. Ante la inacción de los organismos de control ante sus denuncias, decidió filtrar más de 50.000 documentos a BuzzFeed News que fueron publicados en septiembre de 2020 por este medio y por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).
Por una acción heroica como la de Natalie Edwards, el sistema reaccionó encarcelándola mientras que los banqueros y las entidades financieras responsable del blanqueo de más de 2 billones de dólares procedentes del narcotráfico, la corrupción internacional, el tráfico de armas o la financiación del terrorismo siguen en la calle.
Sin embargo, la magnitud de la información filtrada por Edwards es de tal calibre que ha provocado que, en solo un año, varios países hayan adoptado medidas de importante calado para intentar frenar el blanqueo de capitales. Esta tarea será complicada, sobre todo porque la comisión de este delito por parte de los bancos se ha convertido en su línea de negocio más rentable.
Por un lado, el Comité del Tesoro del Reino Unido abrió una investigación sobre las conclusiones profundamente preocupantes de los archivos filtrados por Natalie Edwards, y las unidades anticorrupción de Liberia y Seychelles empezaron a trabajar en base a las revelaciones de esa documentación.
El europarlamentario finlandés Eero Heinäluoma pidió una mayor supervisión bancaria y dijo que el sistema anti-blanqueo de dinero existente en Europa era como «un queso suizo, lleno de agujeros». Desde entonces, la Unión Europea ha propuesto un nuevo organismo de control de delitos financieros que supervisará las transacciones en todo el bloque y ayudará a cerrar las lagunas que han sido explotadas por los blanqueadores de dinero.
En Estados Unidos, senadores y congresistas de ambos partidos legisladores aprovecharon el impulso ofrecido por la documentación filtrada por Edwards para impulsar reformas largamente anticipadas a las leyes contra el blanqueo de dinero, lo que llevó a la aprobación de la histórica Ley de Transparencia Corporativa en enero de 2021.
En el centro de esta legislación, que debería ser bautizada como el «Acta Edwards» se encuentra un nuevo registro corporativo que registrará a los propietarios reales que están detrás de todas las empresas registradas en los Estados Unidos, lo que pondrá fin de manera efectiva al uso de empresas fantasma secretas en el país.
Por otro lado, la importancia de la documentación filtrada por Natalie Edwards ha provocado que la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) se enfrente a una fecha límite de enero de 2022 para establecer nuevas reglas que establecerán el registro.
Según declaró el senador demócrata Sherrod Brown, el hombre de mayor rango en el Comité de Banca del Senado de los Estados Unidos, la FinCEN y los funcionarios del Tesoro están «trabajando horas extras» para desarrollar las nuevas regulaciones, que la filtración de Edwards ha provocado.
Además, la filtración de esta funcionaria también puso el foco en la falta de capacidad de las unidades de control contra el blanqueo de capitales. FinCEN, por ejemplo, recibe más de 2 millones de nuevos informes de actividades sospechosas, que las instituciones financieras deben presentar para señalar transacciones sospechosas, cada año.
En marzo de 2021, los principales expertos en lucha contra el blanqueo de dinero afirmaron que el FinCEN no tenía fondos suficientes, estaba sobrecargada y carecía de tecnología para mantenerse al día con los desafíos del crimen financiero de hoy.
Estos expertos publicaron un informe recomendando un aumento de fondos para renovar el funcionamiento de las agencias contra el blanqueo. La Administración de Joe Biden solicitó 64 millones de fondos adicionales para FinCEN para ayudar a implementar el registro de beneficiarios reales en su propuesta de presupuesto.
Los legisladores ya empiezan a trabajar, ahora sólo falta que la Justicia empiece a meter a los banqueros en la cárcel y a imponer multas ejemplarizantes para evitar que vuelvan a delinquir.