Un error en la redacción de la reciente Ley de Paridad, impulsada por el Ministerio de Igualdad, ha generado un grave problema que afecta directamente a los trabajadores que soliciten o disfruten de una adaptación de jornada para conciliar su vida laboral y familiar. Este fallo ha eliminado inadvertidamente la protección contra el despido que estos empleados tenían garantizada desde junio de 2023. La secretaria general de UGT Madrid,Marina Prieto, ha calificado este error como “inadmisible” y ha instado a los ministerios implicados a corregirlo cuanto antes.
Un error inadmisible
La Ley de Paridad, que entró en vigor el pasado 22 de agosto, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de agosto con el objetivo de corregir errores previos y mejorar la protección de colectivos vulnerables. No obstante, en su disposición final novena, la ley modifica los artículos 53 y 55 del Estatuto de los Trabajadores, lo que ha resultado en la derogación de la protección explícita que tenían los trabajadores con jornadas adaptadas para el cuidado de familiares.
Hasta ahora, aquellos trabajadores que se acogían a permisos como el de 5 días por enfermedad grave de un familiar o a una adaptación de jornada para conciliar su vida laboral y familiar, estaban protegidos frente al despido. Si se producía un despido en estas circunstancias, se presumía automáticamente nulo. Sin embargo, esta presunción expresa ha sido eliminada debido al error técnico introducido por la Ley de Paridad.
En peligro derechos laborales fundamentales
Marina Prieto ha expresado su preocupación por las implicaciones de este fallo: “Es inadmisible que un fallo técnico ponga en peligro derechos laborales fundamentales. Los trabajadores que buscan conciliar su vida personal y profesional no pueden verse desprotegidos ante la amenaza de un despido injusto”. Prieto ha enfatizado que, aunque se ha eliminado la protección explícita, UGT Madrid seguirá ofreciendo su apoyo a aquellos que sufran un despido bajo estas circunstancias. “Desde UGT Madrid ponemos a disposición de todas las personas trabajadoras nuestros servicios para impugnar cualquier despido que consideren discriminatorio por el ejercicio de su derecho a la conciliación”, añadió.
Reconocimiento del error
El Ministerio de Igualdad ha reconocido el error y ha prometido que se corregirá en la primera ley que se apruebe en el Parlamento. Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha asegurado que la Inspección de Trabajo estará vigilante para evitar abusos, pero mientras tanto, los trabajadores afectados se encuentran en una situación de mayor indefensión. Daniel Cifuentes, socio del área Laboral del despacho de abogados Pérez-Llorca, ha señalado que, aunque se ha eliminado la protección explícita, los trabajadores aún pueden reclamar judicialmente que su despido es nulo por discriminación, pero este proceso será más complicado y dependerá de la interpretación de los jueces.
20 días para impugnar un despido de este tipo
Prieto también ha hecho hincapié en la importancia de actuar rápidamente en caso de despido: “Es fundamental que los trabajadores sepan que tienen 20 días para impugnar un despido de este tipo. Deben alegar discriminación y aportar los indicios necesarios para que el juez pueda invertir la carga de la prueba, haciendo que sea la empresa quien demuestre la realidad de la causa del despido y la inexistencia de discriminación”.
El Ministerio de Trabajo ha anunciado que la Inspección de Trabajo vigilará de cerca cualquier despido que pueda estar motivado por la solicitud o disfrute de una adaptación de jornada. Además, ha subrayado que las sanciones para las empresas que incurran en discriminaciones de este tipo pueden ser severas, con multas que oscilan entre los 7.701 euros y los 225.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso.
A pesar de las promesas de los ministerios involucrados, el daño ya está hecho y los trabajadores que se encuentran en esta situación tendrán que enfrentar una mayor incertidumbre hasta que el Gobierno logre subsanar este desliz legislativo. Prieto ha concluido su declaración con un llamamiento a la acción: “Demandamos al Ministerio de Igualdad y al Ministerio de Trabajo que se pongan manos a la obra para corregir este error cuanto antes. No podemos permitir que un fallo técnico menoscabe derechos tan importantes como los de la conciliación laboral y familiar”.
Este incidente pone de manifiesto la importancia de una redacción legislativa cuidadosa y la necesidad de prever los efectos colaterales que pueden surgir cuando se modifican leyes interrelacionadas. Mientras tanto, los trabajadores que buscan conciliar su vida personal y profesional deberán enfrentarse a una mayor incertidumbre hasta que se rectifique este fallo legal que UGT Madrid ha calificado de “inaceptable”.