Nueva multa a la empresa de reparto de comida Glovo, por 56,7 millones de euros, por emplear en Madrid a falsos autónomos y personas de extranjeras sin permiso de trabajo. Así lo ha determinado la Inspección de Trabajo en una actuación en la que ha detectado a 7.835 repartidores en situación de fraude. Esta sanción se suma a otras macrooperaciones contra la empresa digital de reparto fundada en Barcelona y que fue vendida recientemente para evitar cerrar. Esta compañía ha recibido una riada de multas y requerimientos por un importe total superior a los 200 millones en los últimos ejercicios.
Falsos autónomos en Glovo
Sobre estos trabajadores, reclama a la multinacional las cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social que Glovo debería haber abonado por sus repartidores si los hubiera tenido contratados. En total, el acta de liquidación suma 19 millones de euros.
Repartidores inmigrantes sin permiso de trabajo
Además, se ha sancionado a la empresa por “el trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo”. La medida afecta a 813 personas y el importe de la sanción alcanza los 5,2 millones de euros.
Multas y liquidaciones para Glovo por un total de 56,7 millones de euros en esta actuación en la capital, que se suman a una larga lista de infracciones laborales en la corta historia de la multinacional en España.
La multa completa a la multinacional asciende a los 205,3 millones de euros por las irregularidades detectadas por la Inspección en toda España, sobre algo más de 37.300 repartidores.
Ahora Trabajo va contra Glovo por lo Penal
Las nuevas sanciones en Madrid se suman a los 79 millones de Barcelona y Valencia, corresponden aún al modelo de funcionamiento de Glovo previo a la Ley Rider, de agosto de 2021.
Pese a la regulación aprobada por el Gobierno para estas compañías de reparto, obligadas a contratar a sus mensajeros, Glovo sigue sin cumplir con la normativa con riders autónomos, aunque con un nuevo sistema que todavía está siendo investigado por la autoridad laboral.
Ante el pulso lanzado por Glovo, que sigue utilizando repartidores autónomos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que pediría a la Fiscalía que investigue por posibles delitos contra los trabajadores a las multinacionales insumidas.
“Les digo aquí solemnemente que la Ley Rider se va a cumplir. Estamos en un estado social y democrático de Derecho y que las empresas rebeldes se van a acometer”, subrayó la vicepresidenta segunda.
Trabajo aún no ha dado este paso. “Se sigue recopilando información”, responden desde el departamento de Yolanda Díaz.
Nuevo Código Penal
En diciembre, el Gobierno pactó con otras fuerzas parlamentarias un cambio legal para facilitar la persecución legal de los falsos autónomos, con penas de hasta seis años de prisión, que ya se está estudiando para perseguir penalmente estos fraudes laborales reiterados de Glovo, responden en Trabajo.
Con la nueva redacción del Código Penal, que también permite perseguir otros abusos laborales, como los falsos becarios o las horas extra ilegales, se puede perseguir este tipo de fraudes.