En un nuevo capítulo de la ofensiva financiera lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha autorizado al banco presidido por Carlos Torres a rebajar las condiciones mínimas para hacerse con el control del grupo catalán. Lo que empezó como una operación hostil encuentra ahora respaldo internacional para avanzar con una participación que ni siquiera necesita el apoyo mayoritario. Mientras tanto, las consecuencias económicas, territoriales y democráticas de esta maniobra siguen sin debate público serio en un país cada vez más expuesto a la lógica del poder corporativo sin contrapesos.
Luz verde desde EE.UU.: menos derechos, más presión
La autorización de la SEC (Securities and Exchange Commission) al BBVA para hacerse con el 30% del capital del Sabadell —sin necesidad de alcanzar el 50% de los derechos de voto— marca un punto de inflexión en la pugna entre ambas entidades. No es solo un tecnicismo legal: es una cesión política al poder financiero en detrimento del modelo bancario plural, vertebrador y de arraigo territorial que la entidad catalana aún representa para muchas personas en la Comunidad Valenciana, Catalunya o Murcia.
Lo que se autoriza no es solo una operación empresarial, sino un cambio de paradigma. Porque BBVA no solo busca tamaño: busca hegemonía. Y la consigue con respaldo externo, sin necesidad de convencer a la mayoría accionarial ni de tener un plan industrial claro más allá de maximizar retornos. Lo que se debilita por el camino es la noción de banca útil, de proximidad, capaz de sostener proyectos locales, pymes y realidades sociales que no entran en los algoritmos de rentabilidad rápida de las grandes corporaciones.
Que una institución extranjera permita a una entidad nacional alterar las reglas de juego sin debate parlamentario ni control ciudadano refuerza la desdemocratización progresiva de la economía. Porque cuando el capital manda y las instituciones obedecen —sean europeas, españolas o estadounidenses—, la política queda relegada a un papel decorativo.
De la excepción al precedente, la OPA como síntoma
Con esta nueva autorización y la renuncia a alcanzar el 50% del capital, la OPA del BBVA deja de ser un caso aislado para convertirse en un precedente inquietante. Porque lo que ahora se acepta como excepción —controlar una entidad bancaria sin mayoría de respaldo— podría ser la norma futura. Y no solo en el sector financiero.
¿Quién protege al pequeño accionista, al cliente, al territorio? ¿Dónde queda la soberanía económica cuando un grupo puede modificar condiciones, ajustar canjes o recortar primas sin apenas coste político? Desde mayo de 2024, cuando se lanzó la operación, el BBVA ha modificado hasta tres veces las condiciones del canje. Siempre en su favor. Siempre con el lenguaje frío del mercado. Siempre con la anuencia de las autoridades. El Sabadell no negocia: resiste. Pero sin escudo político ni social, esa resistencia corre el riesgo de volverse simbólica.
La reciente rebaja del canje —una acción del BBVA más 0,70€ por cada 5,5483 acciones del Sabadell— supone una prima negativa del 10%. Es decir: una penalización a los accionistas del Sabadell por no plegarse a los planes del BBVA. La lógica es perversa: cuanto más se opone una entidad, peor se le remunera. Y todo con el aval regulatorio de la CNMV en España y ahora también de la SEC en EE.UU.
¿A qué intereses sirve una regulación que permite premiar al más grande y penalizar al que resiste?
Lo que está en juego no es solo una operación financiera entre dos bancos. Está en juego el equilibrio entre el interés general y la concentración de poder económico. En una Europa cada vez más marcada por oligopolios energéticos, financieros y tecnológicos, lo que ocurre entre el BBVA y el Sabadell es el reflejo de un modelo que despolitiza la economía y tecnocratiza las decisiones con consecuencias sociales de gran calado.