(OBERAXE) ha puesto cifras al impacto económico de la discriminación en España. Según el informe, las desigualdades hacia la población extranjera en el ámbito laboral y educativo cuestan al país 17.000 millones de euros al año, lo que equivale al 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Este análisis, encargado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, arroja luz sobre un problema estructural que no solo afecta a las personas discriminadas, sino a toda la economía española.
Un impacto doble: trabajo y educación
El estudio, realizado por los investigadores Ramón Mahía y Eva Medina, estima que 12.300 millones de euros del impacto económico derivan del ámbito laboral, mientras que el coste educativo asciende a 4.800 millones. Este cálculo incluye salarios perdidos por discriminación, brechas de acceso a la educación y sobrecualificación, entre otros factores.
“La discriminación no solo priva de oportunidades a quienes la sufren, sino que también genera un impacto económico negativo para toda la sociedad”, subrayó la ministra Elma Saiz durante la presentación del informe. “Es urgente implementar políticas inclusivas que fomenten la igualdad de oportunidades para todos.”
Discriminación laboral: la brecha salarial y la exclusión
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la discriminación en el mercado laboral. Según los datos, la tasa de desempleo entre la población extranjera se sitúa en el 18,2%, muy por encima del 11,6% de la población autóctona. Esto supone una pérdida económica de 5.100 millones de euros al año. Además, el informe destaca que el 15% de los trabajadores extranjeros con estudios superiores está sobrecualificado, lo que representa una pérdida de 2.800 millones de euros adicionales.
A esto se suma la brecha salarial: los trabajadores extranjeros ganan, de media, 500 euros menos al mes que sus homólogos españoles. “Estas diferencias no tienen justificación en términos de cualificación o experiencia laboral, y reflejan un problema de discriminación estructural”, afirmó Saiz. En total, las desigualdades salariales cuestan a la economía 2.200 millones de euros anuales.
Mujeres migrantes, las más afectadas
El informe pone especial énfasis en cómo las desigualdades afectan a las mujeres migrantes. Tienen un 2,3% menos de probabilidad de empleo que los hombres migrantes y enfrentan mayores tasas de sobrecualificación y brechas salariales. Este segmento de la población es el más vulnerable a los efectos de la discriminación, tanto en términos laborales como sociales.
“Las mujeres extranjeras enfrentan una doble discriminación: por género y por origen. Esta situación no solo es injusta, sino que también desperdicia talento y potencial que podrían contribuir al desarrollo económico del país”, denunció la ministra.
Discriminación educativa: una barrera desde la infancia
El informe también señala importantes desigualdades en el ámbito educativo. La tasa de escolarización entre la población extranjera es un 17% inferior a la de la población autóctona, afectando a más de 222.000 jóvenes. Esta brecha se traduce en una pérdida de 3.400 millones de euros al año, derivada de menores ingresos futuros para quienes no logran completar estudios básicos o superiores.
Además, los estudiantes extranjeros enfrentan mayores tasas de abandono escolar y peores resultados académicos, exacerbados por el acoso escolar. Estos factores no solo limitan las oportunidades de los jóvenes, sino que también tienen un impacto económico significativo. “La discriminación educativa perpetúa un círculo vicioso que afecta a toda la sociedad. Invertir en igualdad educativa no es solo una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia económica”, señaló Saiz.
Reformas en marcha
Para abordar estas problemáticas, el Gobierno está trabajando en una ambiciosa reforma del Reglamento de Extranjería, que busca facilitar las vías regulares de migración y fomentar la integración plena de la población extranjera. Según explicó Saiz, el objetivo es reducir plazos y eliminar duplicidades procedimentales, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de las directivas europeas en materia de migración.
“Con esta reforma, estamos dando un paso adelante para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, tengan la oportunidad de contribuir y prosperar en España”, afirmó la ministra. También destacó que actualmente hay 2,9 millones de personas extranjeras cotizando a la Seguridad Social, un 13,6% del total y dos puntos más que en 2022. “Esto demuestra que el camino que estamos tomando es el correcto”, añadió.
El informe del OBERAXE es un recordatorio contundente de que la discriminación no es solo un problema social, sino también económico. Los 17.000 millones de euros que pierde España cada año por esta causa podrían destinarse a fortalecer servicios públicos, como sanidad y educacón, o a impulsar la innovación y el crecimiento económico.
“La cohesión social y la integración son fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestro país. No podemos permitirnos seguir perdiendo recursos y oportunidades debido a la discriminación”, concluyó Saiz.
El informe plantea un desafío claro para las instituciones, las empresas y la sociedad en su conjunto: erradicar la discriminación no solo es un imperativo ético, sino también una necesidad económica.