Las principales centrales sindicales españolas, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han alertado este jueves al Ministerio de Asuntos Económicos de las graves consecuencias que acarrearía la anunciada operación de concentración entre dos grandes entidades financieras. Con sólida implantación en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia, y un historial de representación en el sector bancario, ambas organizaciones acompañaron su protesta con un informe elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que, sostienen, refrenda sus peores temores: la fusión no respondería a criterios de eficiencia ni competitividad y, por el contrario, dañaría al conjunto de la sociedad.
Para CCOO y UGT, la primera factura de esta unión sería la pérdida masiva de puestos de trabajo. Según las estimaciones de la UAM, entre 7.684 y 10.567 empleos directos quedarían en el tintero, golpeando con especial crudeza a las plantillas de más de 50 años, muchas de las cuales desarrollan funciones clave en la atención al cliente y la gestión de riesgos. Nada justifica sacrificar a profesionales cualificados cuando la verdadera prioridad debería ser reforzar la solvencia y modernizar las infraestructuras.
A esta sangría laboral se uniría el cierre masivo de sucursales: los cálculos del informe advierten del apagón bancario de entre 589 y 883 oficinas. Ese cerrojazo, recuerdan los sindicatos, agrava la ya de por sí preocupante situación de la llamada ‘España vaciada’, así como la vulnerabilidad de colectivos mayores y colectivos con menor acceso digital. La exclusión financiera no es un efecto colateral: es una consecuencia deliberada de decisiones que priorizan el beneficio a corto plazo sobre el servicio a la ciudadanía.
La concentración reforzaría las posiciones de las tres grandes sobre más del 70% de los activos bancarios nacionales, un escenario que multiplica los riesgos sistémicos y reduce drásticamente la competencia. La experiencia internacional muestra que, en estos duopolios o triopolios, las pymes y los autónomos suelen ver endurecidas las condiciones de acceso al crédito: menos líneas de financiación, comisiones al alza y plazos más rígidos.
Desde el Plano Territorial, el fantasma de la cohesión social también queda amenazado. El Banco Sabadell, un actor centenario en regiones como Cataluña, Valencia, Asturias y Murcia, dejaría de ser un socio cercano de empresas y particulares. Perder un operador de estas características no es solo un golpe a la competencia: es una amputación de la economía local y de la red de relaciones de confianza que construye día a día.
Ante este escenario, UGT y CCOO exigen al Gobierno medidas urgentes para frenar la operación. Aseguran contar con el respaldo de partidos políticos de todo signo, gobiernos autonómicos, asociaciones empresariales y organizaciones de pymes y autónomos. “Ni los trabajadores, ni las empresas, ni los territorios necesitan más concentración bancaria; lo que España requiere es una banca al servicio del desarrollo productivo, el empleo estable y la cohesión social”, concluyeron.
El pulso ahora pasa al Consejo de Ministros. La decisión del Ejecutivo marcará no solo el futuro de miles de empleos y oficinas, sino el modelo de banca que habitará la próxima década: ¿un oligopolio reforzado o un sistema plural y comprometido con la economía real?