En los últimos días, algunos medios han amplificado un discurso recurrente de Isabel Díaz Ayuso: que las grandes fortunas están abandonando España por culpa de la presión fiscal. El diario ABC lo ha rematado con un titular que pretende sentar cátedra: “Hacienda pierde la pista a cientos de grandes rentas tras su último golpe fiscal”. La narrativa es clara: los impuestos a los más ricos han espantado a quienes más contribuyen. Pero la realidad —y los datos— van por otro camino.
Las subidas masivas de impuestos, la persecución al patrimonio y a todos los contribuyentes y la arbitrariedad, siempre acababan destrozando la economía.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 14, 2025
Así es cómo el socialismo, hoy en la ultraizquierda, ha quebrado cada administración que ha gestionado. pic.twitter.com/KdVG4FESDv
Según cifras oficiales de la Agencia Tributaria, en 2023 se redujo el número de contribuyentes que declaraban más de 600.000 euros. En concreto, desaparecieron 448 declaraciones, y su contribución al IRPF cayó en algo más de 200 millones de euros. Esto ha servido de base para sostener que el nuevo impuesto a las grandes fortunas ha provocado una huida de capitales. Pero este análisis es superficial y parcial.
La caída en los rendimientos del capital no implica una fuga física de personas. En muchos casos, simplemente se trata de planificación fiscal: quienes pueden modular sus ingresos lo hacen para optimizar su factura tributaria. De hecho, algunos expertos señalan que la reducción de dividendos declarados es una estrategia común para ajustar el pago final dentro de los márgenes legales. En otras palabras: el dinero no ha desaparecido, solo se ha movido de casilla.
El dinero no se va: cambia de formato
Para desmontar este relato alarmista, basta con mirar el comportamiento del dinero a gran escala. Si las grandes fortunas estuvieran abandonando el país, el mercado inmobiliario —uno de sus refugios preferidos— no estaría creciendo al ritmo actual. Y, sin embargo, en 2024 la inversión inmobiliaria en España ha aumentado un 20%, alcanzando los 14.000 millones de euros, según el informe más reciente de CBRE. Y aún va más allá, al prever que la inversión inmobiliaria crecerá entre un 10% y un 15% en 2025.
¿Quién está detrás de ese auge? El capital nacional lidera con el 55% del total. Pero también han aumentado de forma notable las inversiones procedentes de fondos internacionales, especialmente de Estados Unidos, Reino Unido y América Latina. Esto no solo desmiente la teoría de la huida, sino que confirma que España continúa siendo un destino atractivo para grandes inversores, incluso en sectores tradicionalmente exigentes como el hotelero, el logístico o el residencial.
En palabras de Paloma Relinque, directora de Capital Markets en CBRE: “Existe liquidez e interés en la mayor parte de los sectores tradicionales y alternativos, y se esperan condiciones de mercado más favorables para 2025”. Resulta difícil creer que haya una estampida cuando las operaciones inmobiliarias crecen, los fondos duplican su presencia y las transacciones aumentan un 5% respecto al año anterior.
Ayuso no defiende al contribuyente, protege privilegios
El discurso de Ayuso, que repite con insistencia la idea de que “cobrar más impuestos es un castigo al éxito”, no va dirigido al común de los madrileños. No habla de quienes pagan IRPF por su salario o IVA cada vez que hacen la compra. Su cruzada va enfocada a proteger a quienes pueden mover dividendos, reestructurar sociedades o declarar en otro país sin cambiar de casa.
El impuesto a las grandes fortunas, en vigor desde finales de 2022, no afecta ni a la clase media ni a los pequeños ahorradores. Va destinado exclusivamente al 0,1% de los contribuyentes con más patrimonio, y busca corregir desequilibrios generados por comunidades como Madrid, donde la bonificación del Impuesto de Patrimonio dejó sin efecto cualquier contribución por riqueza.
¿Es justo que alguien con más de 20 millones en activos no pague un solo euro en tributos patrimoniales por residir en una región concreta? ¿Puede llamarse “libertad fiscal” a una competencia a la baja que pone en riesgo los ingresos comunes del Estado?
La trampa del relato fiscal
ABC, alineado con el discurso de la presidenta madrileña, presenta la caída de las declaraciones de grandes rentas como una consecuencia inmediata de la nueva política impositiva. Pero omite datos esenciales: que en 2024 la cifra de grandes contribuyentes volvió a subir, con un incremento de más de 3.000 declarantes y 1.700 millones adicionales recaudados. Es decir, lo ocurrido en 2023 fue una anomalía puntual, no una tendencia estructural.
También se ignora que el resto de tramos del IRPF —especialmente las rentas medias y altas— aumentaron su aportación. Y que la presión fiscal en España, en términos relativos, sigue por debajo de la media europea. La narrativa del “expolio fiscal” no se sostiene si se analiza con rigor.
Lo que de verdad pone en riesgo al sistema
Mientras se habla de ricos que se van, se silencian los verdaderos retos fiscales: el agujero de la Seguridad Social, la precariedad laboral, la evasión empresarial y la infradeclaración de grandes patrimonios. Las pensiones, por ejemplo, ya no se sostienen solo con cotizaciones. Este año, el sistema ha necesitado más de 38.000 millones en impuestos para cubrir el pago de jubilaciones. ¿Quién pagará esa factura si seguimos bonificando fortunas y promoviendo la competencia fiscal entre territorios?
En lugar de defender un modelo que debilita la capacidad redistributiva del Estado, lo sensato sería exigir justicia fiscal: que quien más tiene, más aporte. Porque sin ingresos suficientes, no hay Estado de bienestar posible.
Más datos y menos titulares
El relato de la “fuga de capitales” por el impuesto a las grandes fortunas no resiste un análisis riguroso. Es una cortina de humo ideológica, diseñada para proteger a un puñado de grandes contribuyentes que ya tienen suficientes recursos para defender sus privilegios. Mientras tanto, el país sigue recibiendo inversiones, los ricos no se han ido y los problemas estructurales siguen sin abordarse.
No es el impuesto el que amenaza a España, sino la desigualdad, la desinformación y quienes confunden interés privado con bien común.