Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, no se mordió la lengua este lunes al valorar el anuncio de Pedro Sánchez sobre la creación de una gran empresa pública de vivienda. Si bien dio la bienvenida a la iniciativa, dejó claro que, según su perspectiva, no resolverá el problema más urgente: la inasequible realidad de los precios de alquiler y compra. Además, apuntó directamente a las 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular como responsables de obstaculizar la solución.
Desde Bruselas, en el marco del Consejo de Empleo de la Unión Europea, Yolanda Díaz lanzó un mensaje claro: “La noticia es bienvenida, pero esto no sirve para bajar hoy el precio de la vivienda en nuestro país”. Su declaración no fue una simple crítica, sino una llamada de atención sobre lo que considera una urgencia nacional. Según Díaz, aunque la agencia pública sea un paso positivo, su impacto no será inmediato ni suficiente para aliviar a quienes hoy no pueden acceder a una vivienda digna.
Cumplir la ley de vivienda, la prioridad olvidada
Díaz subrayó la necesidad de cumplir con la Ley de Vivienda recientemente aprobada, una normativa que, según la vicepresidenta, está siendo ignorada de manera sistemática por las comunidades gobernadas por el PP. Estas autonomías, que representan más del 60% del territorio español, se han negado a aplicar las medidas de control de precios incluidas en la ley. Para Díaz, esta resistencia es una de las causas principales del mantenimiento de precios desorbitados.
“Es más importante cumplir con el mandato constitucional que prohíbe la especulación con la vivienda. Hacerlo requerirá una acción firme del Gobierno para forzar a estas comunidades a actuar”, afirmó la líder de Sumar.
La vicepresidenta también planteó la posibilidad de retirar fondos públicos a las comunidades que se niegan a aplicar la ley. “No es aceptable que 11 comunidades autónomas reciban dinero público mientras ignoran las normas que buscan garantizar un derecho básico como es la vivienda”, sentenció.
Críticas al PSOE por su postura fiscal
No solo el PP estuvo en el punto de mira de Díaz. La ministra también expresó su decepción con el Partido Socialista, que recientemente votó en contra de aumentar el IVA al 21% para viviendas destinadas a alquiler turístico, una medida que, según Díaz, habría contribuido significativamente a frenar la especulación. "Era clave para empezar a bajar los precios, pero lamentablemente el PSOE optó por otra dirección", dijo.
En su intervención, Díaz insistió en que el Gobierno debe tomar medidas inmediatas y contundentes. Propuso, entre otras cosas, limitar la compraventa de viviendas destinadas a la especulación, siguiendo modelos ya implementados en otros países europeos.
Pedro Sánchez y su apuesta por una empresa pública
El anuncio del presidente del Gobierno, realizado durante la clausura del 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla, generó una gran expectación. Sánchez planteó la creación de una gran empresa pública de vivienda que gestionará la construcción y el alquiler de inmuebles desde la Administración General del Estado, buscando emular modelos exitosos como el de Viena.
Sin embargo, para Díaz, esta iniciativa es solo un paliativo. “Es una forma de organización que compartimos, pero no aborda la urgencia del problema. Hoy lo que necesitan las familias es que el precio de los alquileres baje, y eso no se consigue únicamente con una nueva agencia pública”, remarcó.
Europa, otro frente abierto para Díaz
En paralelo a sus declaraciones sobre vivienda, Yolanda Díaz también se posicionó en Bruselas contra una directiva europea que, según denunció, pone en peligro los derechos laborales de los trabajadores en prácticas. La norma, promovida por la presidencia húngara del Consejo de la UE, introduce exclusiones que dejan sin protección a quienes realizan prácticas o formación laboral.
“No podemos permitir que Europa retroceda en derechos laborales. Esta directiva es un ataque directo a los trabajadores más vulnerables”, afirmó Díaz. Su oposición ha sumado el apoyo de nueve países, como Alemania y Portugal, con los que busca formar una minoría de bloqueo para frenar la propuesta.
La ministra señaló que esta medida contradice las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Un modelo ‘low cost’ no es lo que Europa necesita. Necesitamos derechos laborales fuertes para construir una economía competitiva y sostenible”, subrayó.
La crisis de la vivienda, un problema estructural
Las declaraciones de Díaz vuelven a poner el foco en una de las mayores crisis sociales de España: el acceso a la vivienda. A pesar de las leyes y las promesas, el precio del alquiler sigue siendo inalcanzable para muchas familias. Según los últimos datos, en comunidades como Madrid y Cataluña, los precios han subido un 10% en el último año.
La vicepresidenta enfatizó que el Gobierno debe actuar con más decisión, no solo con medidas a largo plazo, como la creación de una agencia pública, sino con iniciativas inmediatas que controlen el mercado. "El mandato constitucional es claro: la vivienda no es un bien de mercado, es un derecho. No podemos seguir permitiendo que el mercado mande sobre las personas", declaró.
Un mensaje de urgencia
Con sus palabras, Díaz deja claro que la solución a la crisis de vivienda no puede esperar. Su enfoque apunta tanto a las comunidades autónomas que incumplen la ley como al propio Gobierno central, que, en su opinión, no está haciendo lo suficiente para abordar el problema de raíz.
Mientras Sánchez apuesta por grandes proyectos a largo plazo, Díaz reclama acciones inmediatas y concretas para aliviar la situación de miles de familias. Sus declaraciones no solo evidencian diferencias dentro del Ejecutivo, sino que también ponen en el centro del debate una cuestión clave para el futuro del país: garantizar que el derecho a la vivienda sea una realidad para todos, y no solo una promesa incumplida.