Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha dado el pistoletazo de salida al debate sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025. Con un punto de partida que garantiza que el SMI no pierda poder adquisitivo, la titular de Trabajo ha dejado claro que el aumento será, como mínimo, del 2,8%. Esto situaría el SMI en 1.166 euros mensuales (en 14 pagas), frente a los actuales 1.134 euros.
El anuncio se ha producido durante la presentación de la nueva comisión de expertos encargada de asesorar al Ministerio en esta materia. Díaz subrayó que el objetivo es consolidar un modelo laboral que no solo proteja a los trabajadores frente a la inflación, sino que avance hacia una mayor equidad salarial, un reto que ya ha logrado avances importantes desde 2018 con un aumento acumulado del 54% en el SMI.
Un compromiso con el poder adquisitivo y la justicia social
"El mandato de la comisión es claro: la subida debe garantizar que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo", afirmó la ministra. Este enfoque sigue la línea de vincular el incremento del SMI a la inflación media anual, un criterio ya utilizado en la revalorización de las pensiones. Para 2023, la inflación media se sitúa en el 2,8%, un indicador que marca el mínimo para el ajuste de 2025.
Díaz también destacó la importancia del diálogo social y el asesoramiento científico en estas decisiones. "El SMI ha sido la herramienta más efectiva para reducir la desigualdad salarial, especialmente entre jóvenes y mujeres", señaló. Según la vicepresidenta, los aumentos del salario mínimo no solo no han afectado negativamente al empleo, como pronosticaban algunos sectores, sino que han tenido un impacto positivo en la economía y en la calidad de vida de los trabajadores con salarios más bajos.
Hacia el 60% del salario medio: un objetivo en debate
Otro de los puntos clave que deberá abordar la comisión de expertos es la meta de que el SMI represente el 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Aunque el Gobierno considera que este objetivo ya se cumplió en 2023, sindicatos como UGT discrepan, argumentando que el 60% del salario medio debería situarse por encima del SMI actual.
Las discrepancias surgen por las diferentes metodologías utilizadas para calcular el salario medio. Mientras algunos expertos defienden tomar como referencia el salario bruto, otros consideran que el salario neto sería un indicador más adecuado. Este debate técnico será uno de los puntos centrales en las próximas semanas, mientras la comisión asesora elabora una propuesta que será discutida con los agentes sociales.
Los sindicatos piden más ambición
Los sindicatos han reaccionado al anuncio de Díaz con propuestas que van más allá del 2,8% planteado como mínimo. Tanto UGT como CCOO abogan por un incremento que sitúe el SMI en torno a los 1.200 euros mensuales, lo que supondría una subida del 5%. Según estas organizaciones, este nivel de aumento es necesario no solo para proteger a los trabajadores frente a la inflación, sino también para seguir cerrando las brechas salariales y acercar a España a los estándares europeos.
La patronal, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, aunque las tensiones con el Ministerio de Trabajo en otros aspectos, como la reducción de la jornada laboral, anticipan una negociación difícil. En los últimos años, la CEOE ha respaldado solo una de las subidas del SMI, en 2020, mientras que ha mostrado reticencias en los incrementos posteriores.
Un cambio estructural en el horizonte
Más allá del aumento para 2025, Díaz ha planteado la necesidad de introducir cambios estructurales en el Estatuto de los Trabajadores para que las subidas del SMI sean automáticas y no dependan de la voluntad política de los gobiernos de turno. "Queremos un sistema que garantice salarios dignos de manera estable y que refuerce la justicia social en nuestro país", afirmó la ministra.
Este planteamiento forma parte de una visión más amplia para modernizar el sistema laboral español, un proyecto que Díaz describe como "un cambio de modelo" que va más allá de los ajustes puntuales. La vicepresidenta ha defendido que estas medidas son fundamentales para combatir la "pobreza laboral", un fenómeno que afecta a miles de trabajadores en España pese a estar empleados.
Una medida con impacto económico y social
Desde 2018, el SMI ha pasado de 735 euros a los actuales 1.134 euros mensuales, un incremento del 54% que ha beneficiado directamente a más de 2,5 millones de trabajadores. Según los datos del Ministerio de Trabajo, este aumento ha contribuido a reducir la desigualdad salarial y ha tenido un impacto especialmente significativo en sectores como el comercio, la hostelería y la agricultura, donde los salarios tienden a ser más bajos.
Los críticos de estas subidas, que en el pasado advertían de posibles pérdidas de empleo, se han encontrado con una realidad diferente. Los informes más recientes del Banco de España y de otros organismos internacionales señalan que el impacto negativo en el empleo ha sido marginal, mientras que los beneficios sociales y económicos han sido evidentes.
Próximos pasos: diálogo y consenso
El proceso para definir el incremento del SMI en 2025 continuará en diciembre, cuando el Ministerio de Trabajo convoque a los sindicatos y a la patronal para negociar. Aunque las posiciones iniciales parecen alejadas, Díaz confía en que el diálogo social permita alcanzar un acuerdo que refuerce el papel del SMI como herramienta clave para la justicia social.
En cualquier caso, la decisión final recaerá en el Gobierno, que tiene la competencia exclusiva para establecer el salario mínimo. Con un escenario político y económico marcado por la incertidumbre, el debate sobre el SMI se perfila como un termómetro de las prioridades sociales y económicas del país.
Un modelo para Europa
El enfoque de España en la actualización del SMI ha despertado interés en otros países europeos, donde el debate sobre el salario mínimo también está ganando protagonismo. Según Díaz, este modelo demuestra que es posible combinar crecimiento económico con justicia social, un mensaje que el Gobierno de coalición quiere llevar más allá de sus fronteras.
"Esto no es solo una cifra, es un proyecto de país", concluyó la vicepresidenta. La próxima subida del SMI será, una vez más, una prueba de hasta dónde puede llegar España en su apuesta por un modelo laboral más equitativo y sostenible.