La polémica ha estallado entre el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial tras una sentencia que, además de absolver a Glovo de competencia desleal, lanza duras críticas contra la Inspección de Trabajo. El juez Álvaro Lobato, del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, no sólo desestimó la demanda de Just Eat, sino que cargó contra las actuaciones y el testimonio de las inspectoras que declararon durante el juicio. Las calificó como una “incansable persecución” y dijo que su actitud reflejaba “el eco nostálgico de la España sindicalizada”.
Estas afirmaciones han provocado una respuesta contundente por parte del Ministerio de Trabajo. A través de una carta firmada por la directora de la Inspección, Cristina Fernández, el departamento de Yolanda Díaz ha trasladado su queja formal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha pedido que se estudie la adopción de medidas disciplinarias contra el magistrado.
"Un menosprecio institucional"
En su misiva, Fernández manifiesta una “profunda preocupación” por el tono y el contenido de la sentencia, que considera impropios de un texto judicial. Según el Ministerio, las valoraciones del juez suponen un “claro exceso” y muestran “un menosprecio no sólo hacia las funcionarias que intervinieron, sino hacia toda la institución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
La sentencia hace suyos los argumentos de la defensa de Glovo, acusando a la Inspección de llevar a cabo una interpretación “arbitraria” y una “abierta beligerancia” contra la compañía. Además, califica los testimonios de las inspectoras como “sesgados” y contaminados por “tendencias psicológicas con anclajes biológicos”, una afirmación que ha encendido todas las alarmas en el Ministerio.
“La resolución judicial no se limita a valorar pruebas, sino que entra a emitir juicios de valor injustificados sobre la motivación y profesionalidad de las funcionarias públicas”, denuncia la carta dirigida al CGPJ. La Inspección recuerda que es una institución con más de un siglo de historia dedicada a velar por el cumplimiento de las normas laborales “con rigor y profesionalidad”.
Una sentencia con implicaciones políticas
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado públicamente con un mensaje en la red social Bluesky: “A mí me preocupan más los ecos de la Justicia radicalizada que los de la España sindicalizada. Ninguna empresa por encima de la ley”.
La Inspección de Trabajo es una institución fundamental para proteger los derechos laborales. Y merece respeto. El menosprecio del juez del caso Glovo-Just Eat es inaceptable. Hemos presentado una queja al CGPJ. Mi apoyo total a quienes luchan contra la precariedad desde lo público.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 11 de julio de 2025, 10:58
El fallo del juez Lobato llega apenas unos días después de que Glovo completara su transición al modelo de trabajadores asalariados, tras años de litigios y sanciones millonarias por el uso de falsos autónomos. Just Eat, que denunció a su competidora por competencia desleal y reclamaba 295 millones de euros, tendrá que asumir ahora las costas del proceso.
La sentencia representa una victoria puntual para Glovo, pero no cierra la compleja situación judicial de la empresa. Su CEO, Oscar Pierre, está imputado en un proceso penal por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, y la empresa sigue bajo investigación por parte de la Inspección.
Uber Eats, en el punto de mira
Con Glovo operando ya con repartidores contratados, Uber Eats se ha quedado como la única gran plataforma que mantiene un modelo mixto con autónomos y subcontratados. Trabajo ha anunciado que la Inspección ya investiga esta situación. “Estamos cooperando plenamente”, ha asegurado un portavoz de Uber Eats, que defiende que la empresa cumple la normativa.
La tensión entre plataformas digitales, los jueces y la administración laboral promete seguir alimentando el debate sobre los derechos laborales en la economía digital. Lo que está en juego no es sólo el modelo de negocio de estas empresas, sino también el papel que juegan las instituciones públicas en su control.