Un estudio elaborado por Esade ha arrojado luz sobre una práctica considerablemente extendida y cuestionada en el sector de la educación concertada en España: el cobro de cuotas consideradas ilegales por parte de la mayoría de los colegios concertados de gran tamaño. Según el informe titulado «El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas», alrededor del 90% de estos centros imponen estas cuotas.
El estudio destaca que mientras las cuotas medias anuales por alumno varían significativamente entre Comunidades, la tendencia general indica una imposición de costes a las familias que supuestamente deberían estar cubiertos por la financiación pública. Este fenómeno no solo se limita a grandes instituciones, sino que también afecta a un 60% a 70% de los colegios concertados de menor tamaño.
Los datos provienen de encuestas y bases de datos detalladas del Instituto Nacional de Estadística (INE), y revelan que la proporción de estudiantes en centros de titularidad pública es del 67%, en comparación con el 30% en colegios concertados. Este último grupo se enfrenta a una falta de gratuidad que compromete la accesibilidad para familias de menor renta y, en consecuencia, contradice los principios de equidad educativa que deberían regir la educación financiada con fondos públicos.
El informe también señala que el sistema de financiación y una regulación más laxa son las causas subyacentes que favorecen el cobro de estas cuotas. La variabilidad en la financiación entre diferentes comunidades autónomas y la correlación entre la capacidad financiera de los centros y el cobro de cuotas adicionales evidencian la disparidad en cómo se administran estos fondos.
En Cataluña, Madrid y el País Vasco, donde se concentra el 70% del total de las cuotas, más del 90% de las familias pagan estas contribuciones. Este patrón indica una clara desviación del principio de gratuidad en la educación concertada, afectando especialmente a las familias de renta baja, quienes se ven desproporcionadamente perjudicadas por estas prácticas.
Las razones detrás del cobro de cuotas son diversas. Algunos centros, especialmente aquellos con financiación insuficiente, las imponen como un medio de supervivencia, mientras que otros, que disfrutan de una buena situación económica, las utilizan como una herramienta de diferenciación y para incrementar sus ingresos. Esta segmentación no solo resulta injusta, sino que además evidencia la carencia de una supervisión efectiva y de estrategias consistentes que garanticen la igualdad en el ámbito de la educación concertada.
