Ha pasado más de un año desde que Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos, fuese elegida vicepresidenta de la asamblea de Madrid. Por aquél entonces, la también vicesecretaria de organización del PP madrileño, en la práctica la numero tres de la organización, ya estaba siendo investigada por el juzgado número 6 de Navalcarnero, cuya titular, Lidia Prada Zurdo, por fin ha decidido lo que ya se sabía que tenía que hacer: enviar el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la condición de aforada de la diputada a la que la imputa cuatro delitos de corrupción.
“Se deduce indiciariamente que los investigados pueden ser autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Y dado que la Sra. Millán Arroyo se trata de persona aforada procede la inhibición del conocimiento del presente procedimiento a favor del T.S.J. de Madrid, Sala de lo Civil y Penal en funciones de Sala de lo Penal”, dice el auto de la titular del juzgado numero 6 de Navalcarnero. Esta es la tercera instancia judicial por la que pasa este asunto. Millán fue imputada, por primera vez, en el caso Púnica. Comoquiera que los delitos que se habían incluido en esa instrucción habían prescrito, el instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió remitir los indicios que quedaban por investigar al juzgado de Navalcarnero que ahora, varios años después, los envía al TSJM.
García Castellón, en un auto, dijo que “es especialmente particular la circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable, Ana Millán, y el futuro adjudicatario, José Luis Huerta Valbuena. Tales hechos hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”.
El juez investigó a Millán en su etapa de concejal de juventud y deportes del ayuntamiento de Arroyomolinos. A la entonces concejala se le atribuye la concesión de más de 675.000 euros de manera irregular en la organización de eventos y festejos de la localidad. El beneficiario fue un empresario, José Luis Huerta Valbuena, dueño de la empresa Waiter Music, que obtuvo contrataciones para organizar eventos lúdicos en varias localidades madrileñas. En Arroyomolinos, la relación de la entonces concejala de juventud y deportes, Ana Millán, con Huerta Valbuena data de 2004. A partir de ese momento, Waiter Music se hace con la organización de los conciertos y eventos de la localidad. Pero García Castellón tuvo que dejar la investigación porque las actuaciones habían caducado penalmente. Aun así, en el sumario había otros hechos que no correspondían a la Púnica pero que implicaban a Millán. Adjudicaciones irregulares a Grupo Educativo, con el resultado de 51.164,67 euros que nunca llegaron a justificarse. Un empleado de Neverland, empresa de dicho grupo, declaró en el juzgado que era el titular del alquiler de un ático propiedad de la alcaldesa por el cual pagaba una cantidad cuyo receptor, en primera instancia, era su jefe, el dueño, Francisco Roselló, quien, luego a su vez, se la retornaba multiplicada por dos a Millán. Todavía a estas alturas no han podido explicar por qué, si el alquiler era de 500 euros, Millán recibía 900 que, además, no entregaba el inquilino sino una persona beneficiaria de adjudicaciones municipales.
Y hay más cosas, como por ejemplo la contratación de la hermana de Millán en Neverland como trabajadora social con una retribución de 88.642, 42 euros. La pareja de la alcaldesa también fue colocada por Roselló. Sueldo de 37.508,74 euros anuales como conserje en una UTE (Unión Temporal de Empresas). En su cuenta bancaria aparecen ingresos sin aparente justificación que declara como “producto de sus trabajos en la noche madrileña”.
Millán lleva veinte años siendo investigada por la justicia y este asunto, bien por prescripción de algunos de los delitos, bien porque los jueces se han tenido que inhibir en instancias superiores, no acaba de cerrarse. Con registros de la UCO de la Guardia Civil de por medio, y con unas elecciones locales que volvió a ganar aumentando, incluso, en tres el número de concejales. La exalcaldesa fue promocionada por Isabel Díaz Ayuso a quien le importa muy poco la situación judicial de una de sus principales colaboradoras. Diputada en la asamblea de Madrid fue propuesta como vicepresidenta, y, además se encarga del aparato del PP madrileño, un cargo que prácticamente la sitúa como una de las militantes más poderosas de la formación conservadora.
Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la instancia encargada de continuar con la instrucción que prácticamente ha concluido la jueza número 6 de Navalcarnero. Según Lidia Prada Zurdo existen suficientes indicios de la comisión de, al menos, cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es una instancia un tanto peculiar. Se da prisa en investigaciones como la de los fiscales que la pareja de Díaz Ayuso, González Amador, quien denunció por revelación de secretos, se demora en mandar esa instrucción al Supremo cuando ha asumido la responsabilidad el fiscal general del Estado, aforado, y en otras instrucciones, dilata los tiempos sin causa justificada.
El caso de Ana Millán está prácticamente concluido. Pero veremos cómo se las apaña el juez del TSJM para demorar la apertura de juicio oral, el último trámite que corresponde a una pieza que se lleva investigando varios años. Lo mismo vuelve a llamar a los imputados y testigos duplicando diligencias que ya se hicieron en primera instancia. Todo es posible. Mientras tanto Millán seguirá siendo la vicepresidenta de la asamblea regional y vicesecretaria general del PP madrileño. Es cosa de la presunción de inocencia según dicen en Génova.
