En un esfuerzo por mejorar la defensa y el acceso a la justicia para las personas con discapacidad en España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado una serie de propuestas transformadoras ante los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. Estas medidas, encaminadas a modificar el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, buscan garantizar una mayor inclusión para este colectivo, a menudo marginado dentro de los sistemas jurídicos y de defensa.
El CERMI aboga por una reorientación significativa del enfoque legislativo hacia una perspectiva que integre tanto género como discapacidad. Esta iniciativa parte de la premisa de que es fundamental que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado reciban formación en accesibilidad básica, un pilar esencial para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva.
La preocupación del CERMI por la accesibilidad se extiende a toda la infraestructura de la justicia, promoviendo enmiendas que instan a la ley a establecer claramente la necesidad de accesibilidad universal en los tribunales y otras entidades de la Administración de Justicia. Este enfoque no solo facilitaría el acceso físico sino que también promovería una participación más plena y autónoma de las personas con discapacidad en la sociedad, garantizando su derecho a vivir de forma independiente.
Una de las propuestas más innovadoras del CERMI incluye la ampliación de la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres y niñas con discapacidad, independientemente de sus recursos económicos. Este paso es crucial para asegurar que las más vulnerables entre este colectivo no queden excluidas de recibir el apoyo legal necesario en todos los tipos de procesos judiciales.
Además, el CERMI propone redefinir varios aspectos de la ley para enfatizar la importancia de la «accesibilidad universal«. Esto abarca desde el derecho a la información, pasando por los derechos ante los tribunales y en las relaciones con la Administración de Justicia, hasta la protección del derecho de defensa, integrando la accesibilidad como un derecho inalienable.
En un movimiento hacia una mayor inclusión, el CERMI sugiere modificar la terminología legal para reemplazar «mayor grado de vulnerabilidad» por «en situación de vulnerabilidad», argumentando que la anterior implica una escala de medición inexistente. Esta modificación semántica busca reflejar de manera más precisa y justa la realidad de las personas con discapacidad.
Finalmente, el CERMI pide una revisión de la Ley de asistencia jurídica gratuita para reconocer expresamente el derecho a la asistencia jurídica gratuita para mujeres y niñas con discapacidad, respondiendo así a una demanda largamente sostenida por este colectivo en España.
La implementación de estas enmiendas reforzaría significativamente el derecho de defensa de las personas con discapacidad, asegurando que su voz sea escuchada y respetada en todos los ámbitos de la justicia.
