El pasado miércoles 3 de abril, mi compañera, Mar, me llamó la atención sobre un breve artículo publicado en la web del CERMI el 1 de abril[1]. En este artículo alertan de la grave amenaza que suponen sendas Sentencias de la Sala Cuarta, (Sala de lo Social), del Tribunal Supremo (TS), en noviembre de 2018, donde se interpreta de manera restrictiva la Ley General de la Discapacidad, aprobada por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2013, de 29 de noviembre. Concretamente, se hace referencia al apartado 2 del artículo 4 que dice así:
“2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos”.
Al parecer, según el propio texto de la web del CERMI, ahora la Sala Cuarta del TS opina que el Gobierno:
“[…] se extralimitó en la delegación legislativa que dio como resultado la adopción del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en concreto, en lo relativo a la asimilación que se hace en su artículo 4 entre situaciones de incapacidad laboral de Seguridad Social y consideración legal de persona con discapacidad, a todos los efectos, incluido los de empleo y laborales.
El Tribunal Supremo no discute ni pone en tela de juicio el fondo de la cuestión (la asimilación legal entre ambas situaciones), sino que tan solo aprecia un defecto formal por parte del Gobierno que aprobó el texto refundido, que fue más allá de las atribuciones que había recibido del Legislador para efectuar la refundición de las principales leyes reguladoras de la discapacidad en España[…].
Pues bien, una vez vistos los datos, analicemos la cuestión.
En primer lugar, a cualquier lector o lectora inteligente no le habrá pasado desapercibido que se habla de un RDL de 2013, por lo tanto, estamos hablando de un texto aprobado por el Gobierno de Rajoy, firmado por una tal Ana Mato Adrover, a la sazón Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2013. Querido lector, querida lectora, ¿habéis visto algún rasgo de crítica al Gobierno mencionado? Yo no. En lugar de eso, se insta con urgencia y, (a mi parecer), cierta retranca, (¿por aquello de los viernes sociales?, quizás), a un Gobierno en funciones a sacar un RDL urgente para remediar la situación. Como diría un exponente de la derecha mediática: “¿Casualidad? No lo creo”. Después os explico, el porque de este “olvido” a la Sra. Mato.
Por otro lado, aunque las sentencias del TS son posteriores al 2013, ¿por qué el CERMI saca el tema ahora, más de 5 meses después? Si tenemos buena fe, debemos llamar inútil al equipo jurídico del CERMI, por no haberse dado cuenta de lo ocurrido antes. Por el contrario, si somos “malas y malos”, tendremos que pensar que el CERMI se ha convertido en una oficina electoral del PP y de la derecha. ¿Dónde he oído yo unas acusaciones dirigidas al PSOE parecidas antes?
También tengo que recordar que no es la primera vez que el PP intenta echar a la discapacidad encima de este Gobierno. Tengo que recordar que ya se intentó hacer algo parecido con los Centros de Educación Especial, intentando que se arremetiera contra la Ministra Celaá. Afortunadamente, la respuesta de las familias afectadas, a través de Plataformas como “Inclusiva si, Especial también”, hizo que al CERMI le saliera el tiro por la culata, siendo ellos el objetivo de las críticas. En mí columna “El laberinto de la Educación Especial”[2], lo expliqué en su día.
Todo esto me confirma que, efectivamente, el CERMI está actuando como oficina electoral del PP, cuando no de la derecha del “trifachito”. En la columna mencionada anteriormente ya explicaba la deriva derechista del CERMI de este modo:
“Pues bien, en las últimas décadas, el movimiento asociativo de personas con discapacidad ha sufrido un gran cambio a medida que las propias personas con discapacidad han empezado a tomar el poder en el CERMI. Lo malo que quienes han tomado las riendas del movimiento, son organizaciones como PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física), Plataforma creada por ASPAYM (Asociación de Personas con Lesiones Medulares y otras discapacidades físicas). Estas entidades, rechazando el modelo asistencial de la discapacidad, creado en los primeros años de la democracia española, se han pasado al otro extremo, al modelo anglosajón de Vida Independiente, modelo que se guía por el modelo social de la discapacidad, viendo esta como una característica más de la persona y culpando únicamente a la sociedad de la discriminación de este colectivo.
Otra de las características del enfoque que he presentado anteriormente es el rechazo a toda institución especializada para personas con discapacidades, ya que se considera que toda persona con discapacidad, (o diversidad funcional, como se denomina en esta corriente), puede llevar una vida normalizada. Y es aquí donde se choca frontalmente con los Centros de Educación Especial. Y es por eso, por lo que el CERMI, (insisto, controlado actualmente, por Plataformas como PREDIF, o grandes entidades como la ONCE y cuyos miembros están influenciados por la filosofía del Movimiento de Vida Independiente), parece estar potenciando el cierre de los Centros de Educación Especial”.
Pues bien, ¿a que no imagináis quienes han sido miembros del Gobierno del PP en 2019 y Diputados del PP en la pasada legislatura? Efectivamente, miembros de ASPAYM y de PREDIF. Concretamente, el amigo Ignacio Tremiño, fue exactamente el segundo de a bordo en materia de discapacidad de Ana Mato cuando fue Ministra. ¿Comprendéis ahora el “olvido” al que me refería anteriormente?
Todo esto, lo bueno que tiene, es que el asociacionismo de la discapacidad no es apolítico. En primer lugar porque las asociaciones se componen de personas y estas tienen ideología. En segundo lugar, y más importante, porque el activismo de la discapacidad no es monolítico, al igual que el movimiento feminista, por ejemplo, tiene varias ramas, muchas veces enfrentadas por motivos ideológicos y/o intereses de las distintas discapacidades. Está bien, ahora que nos hemos quitado la careta, que empiece el juego democrático.
- [1] “EL CERMI ALERTA DE UNA GRAVE AMENAZA PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SI EL GOBIERNO NO MATIZA UNA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE LA LEY GENERAL DE DISCAPACIDAD”. CERMI.es, 1 de abril de 2019. Consultado el 3 de abril de 2019. (https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-alerta-de-una-grave-amenaza-para-el-empleo-de-personas-con-discapacidad)
- [2] Villar Epifanio, V. “El laberinto de la Educación Especial”. Diario16, 7 de marzo de 2019. (https://diario16.com/el-laberinto-de-la-educacion-especial/). Consultado el 3 de abril.
